No me precipitaré a asignar responsabilidades o culpas por los problemas surgidos a propósito de la llamada operación “Huracán”. La experiencia nos enseña una y otra vez; la denuncia del bueno de Romer del Banco Mundial es el último ejemplo de que las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. Y aunque hay twitteros que nunca aprenden y ya están dictando sentencia definitiva, yo, por lo menos, necesito más y mejor información. Cuando la tengamos podremos determinar si hubo funcionarios de inteligencia de Carabineros que manipularon pruebas o si, más bien, serían los fiscales de La Araucanía los que estarían equivocados al hacer esa acusación y querer cerrar la investigación. Ahora bien, sea cual sea el papel que cupo a policías y fiscales, me parece que estamos en condiciones de señalar que este episodio viene a ser la guinda de la torta de lo que solo podemos calificar como el monumental fracaso del Estado chileno a la hora de enfrentar de manera legítima y eficiente los hechos de violencia criminal que vienen repitiéndose en el sur hace varios años.
No se me escapa, por supuesto, que los atentados violentos en La Araucanía han sido una parte de la disputa política. Concluida la temporada electoral tenemos que hacer el esfuerzo de analizar el fenómeno sin los lentes de la conveniencia política chica. Por lo mismo, poco me interesa saber a estas alturas si el número de atentados fue marginalmente mayor con Bachelet I, Piñera I o Bachelet II. Lo evidente es que todos y todas fracasaron en asegurar algo tan básico y elemental como la seguridad de las personas.
Siempre he criticado a quienes criminalizan la causa mapuche y a todos quienes promueven la devolución de tierras o la autonomía territorial. No comparto, por lo demás, la tesis simplista según la cual el problema es puramente económico. Pienso, en efecto, que una solución integral al problema supone avanzar simultáneamente en los terrenos del reconocimiento constitucional, el trato respetuoso e igualitario por parte del Estado y sus agentes, el desarrollo social y el diálogo intercultural. No puedo aceptar, sin embargo, la peculiar lógica de quienes se deslizan desde el entender al justificar, llegando a relativizar la gravedad de la quema de campos, vehículos, animales, iglesias y casas. Ninguna causa, por noble que pueda parecer, vuelve legítimo el uso de la agresión violenta contra los demás.
Me opongo, en fin, a la idea de que los propios amenazados se organicen en grupos de autodefensa. Ese camino, además de ineficaz y contraproducente, termina siendo siempre una vía al abuso, la venganza y la injusticia. Puestas así las cosas, se entenderá mi indignación como ciudadano al comprobar que los órganos estatales llamados a tutelar el orden y los derechos de las personas en La Araucanía han estado o bien saltándose ellos mismos las leyes que deben garantizar, o bien actuando con una inoperancia solo digna de los “tres chiflados”. (La Tercera)
Patricio Zapata
