A mediados de 2016, la fiscalía inició una investigación en su contra. Partió en Temuco y hace algunos meses fue reasignada a Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte. Recayó en la fiscal Macarena Cañas, la misma que investiga los gastos reservados de Carabineros. El 15 de diciembre último sumó una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por delitos de negociación incompatible y fraude al fisco.
El timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, confirmó a «El Mercurio» que ya prestó declaración ante el Ministerio Público y que se encuentra colaborando con la indagatoria.
Se trató de una citación en calidad de imputado, sin embargo, la causa aún no ha sido formalizada.
Según la acción penal del organismo de defensa estatal en 2012, cuando se desempeñaba como director del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), se adjudicó un contrato por $493,5 millones a la empresa Copeval Servicios S.A., en cuya compañía dueña (99%) y controladora eran socios Manuel Ariztía Ruiz y Eugenio Ariztía Benoit, su tío y sobrino, respectivamente.
Indap compró entonces a Copeval Servicios S.A. 20 cosechadoras de cereales, marca Jumil, modelo JM 390, de fabricación brasileña. Para ello, en los meses previos a la licitación el querellado incluso viajó a Brasil en comisión de servicio.
«Si bien Ricardo Ariztía no firmó el contrato, no es menos cierto que la inhabilidad de parentesco afecta el proceso que se lleva ante el organismo público, sin importar quién firme el contrato», advierte la querella del CDE.
Ariztía de Castro replicó ayer, asegurando que es «absolutamente inocente de los hechos de que se me acusa. Este proceso se desarrolló en conformidad a la ley, no existiendo ninguna irregularidad».
Y agregó que «el plan de desarrollo agrícola que ejecutamos en ese entonces, que contempló la compra, entrega y mantenimiento de máquinas cosechadoras, tuvo como único objetivo apoyar la pequeña agricultura en las comunidades mapuches y dotarlas de herramientas para ayudarlas a salir de la pobreza».
Dijo, además, que «el supuesto conflicto de interés, la propia Contraloría en abril de 2016 estableció expresamente, y luego de una investigación acabada, que no hubo infracción de mi parte al principio de probidad administrativa en relación con la negociación incompatible. De hecho, me inhabilité del proceso, para evitar cualquier cuestionamiento».
Un afirmación cierta, según la querella del CDE, que reseña que el mismo Ariztía de Castro reconoció la relación de parentesco con los socios de Copeval, mediante el oficio de 15 de enero de 2013, dirigido al Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, el organismo de defensa estatal llama la atención sobre la tardanza en que realiza esta gestión: un mes después de celebrado el contrato. En ese documento, el entonces director de Indap comunica que se «había abstenido de intervenir y que se abstendría en todas y cada una de las instancias de licitaciones con dicha empresa».
E indica, además -en su acción penal, el Consejo-, que aquello no era suficiente porque la resolución que aprobó el contrato con Copeval «debió señalar las razones fundadas por las cuales se suscribió el contrato, a pesar del conflicto de interés que lo afectaba, de acuerdo al artículo 4° de la Ley 19.886». (El Mercurio)
