Un reciente estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor reveló que los 34 asentamientos irregulares más grandes del país (75%) se encuentran emplazados sobre propiedad fiscal. Estas ocupaciones abarcan una superficie superior a las 200 mil hectáreas, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta la administración estatal en materia de ordenamiento territorial.
La investigación cobra especial relevancia ante la prioridad establecida por el Gobierno para recuperar espacios públicos utilizados de forma ilegal. Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, confirmó que se encuentran actualizando el catastro de inmuebles y terrenos bajo ocupación irregular para determinar su situación jurídica y el nivel de control que el Estado puede ejercer sobre ellos.
Desde la cartera de Bienes Nacionales han iniciado rondas de reuniones con autoridades locales y diversas organizaciones para abordar el problema desde el terreno. La estrategia busca no solo identificar la magnitud de las usurpaciones, sino también establecer soluciones que permitan devolver estos suelos a un uso legal y de beneficio público.
Expertos de Atisba Monitor señalan que la alta incidencia de tomas en suelos del Estado se explica por la tenencia de grandes extensiones de tierra y una mayor disponibilidad de paños. Según explican, factores como el déficit habitacional y la presión migratoria han impulsado a miles de familias a buscar soluciones informales ante la falta de alternativas en el mercado regulado. (NP-Gemini-Emol)