Cinco años después de recuperar el poder en Afganistán, los talibanes mantienen severas restricciones sobre las mujeres y un modelo de gobierno basado en su interpretación de la sharía, mientras antiguos comandantes e integrantes de la insurgencia ocupan cargos relevantes en la administración y las fuerzas de seguridad.
Un recorrido realizado por la BBC durante dos años permitió acceder a distintas figuras del régimen y observar su relación con la población. Uno de los episodios ocurrió ante Abdullah Sarhadi, excomandante talibán que ejercía como gobernador, cuando una joven de 18 años solicitó ayuda para divorciarse de su esposo, a quien acusó de maltratos y agresiones reiteradas.
La mujer insistió en terminar el matrimonio pese a que Sarhadi intentó persuadirla para que continuara con su marido. El funcionario señaló que las autoridades podían advertir al esposo que dejara de golpearla y amenazó con enviarlo a prisión en caso de nuevas agresiones. Sin embargo, posteriormente calificó a las mujeres de “irreflexivas” y “carentes de intelecto”.
La familia de la joven decidió recurrir a los tribunales para conseguir el divorcio, una alternativa especialmente difícil bajo el actual sistema judicial cuando no existe consentimiento del marido.
El episodio refleja las condiciones que enfrentan las afganas desde el retorno de los talibanes al poder en 2021. Las mujeres han sido apartadas de gran parte de los empleos, tienen prohibido asistir a las universidades y enfrentan restricciones para desplazarse sin compañía masculina o acceder a parques y espacios recreativos.
Sarhadi también reconoció ante la BBC su participación directa en la destrucción de las gigantescas estatuas de Buda de Bamiyán durante el anterior régimen talibán. El excomandante aseguró que no se arrepiente de aquella acción y la justificó a partir de sus convicciones religiosas.
Otro de los dirigentes entrevistados fue Habibullah Badr, quien reconoció haber tenido responsabilidades en operaciones que involucraban atacantes suicidas durante la insurgencia. Los atentados ejecutados durante esos años provocaron miles de muertes, incluyendo víctimas civiles. Badr evitó profundizar sobre operaciones específicas y sostuvo que hablar de ellas podría reabrir heridas.
La educación femenina continúa siendo uno de los principales focos de controversia. Durante una actividad en la que Badr era homenajeado, el responsable de una organización benéfica pidió públicamente que las escuelas y la enseñanza fueran accesibles para todos. Su intervención generó incomodidad y fue interrumpida rápidamente.
El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, cuyo verdadero nombre reveló a la BBC como Tahir Shah Seddiqi, defendió las políticas del régimen señalando que los derechos de las mujeres, la educación y la libertad de expresión deben analizarse de acuerdo con la interpretación talibán de la sharía.
Mujahid sostuvo que permitir a las mujeres desempeñarse en determinadas oficinas podría generar situaciones que el régimen considera inmorales. Respecto de la educación femenina, afirmó que la materia continúa en discusión y que las autoridades buscan una solución ajustada a sus criterios religiosos.
Las restricciones también alcanzan a los medios de comunicación. Periodistas relataron haber sido interrogados por los servicios de inteligencia talibanes, mientras en Kandahar se han endurecido las normas: los hombres deben utilizar barba y las radios tienen prohibido emitir música y voces femeninas.
A las restricciones sociales se suman los problemas económicos. Según antecedentes de Naciones Unidas citados en el reportaje, tres de cada cuatro habitantes no consiguen cubrir sus necesidades básicas. En zonas rurales, incluso antiguos combatientes talibanes reconocen carencias de agua, caminos y centros de salud.
El panorama evidencia que, pese a las señales de cambio entregadas por los talibanes cuando retomaron Afganistán, aspectos centrales de su modelo permanecen vinculados a las políticas aplicadas durante su primer período en el poder en la década de 1990. Para numerosas mujeres afganas, las prohibiciones educativas y laborales continúan representando uno de los principales efectos del retorno del movimiento islamista al gobierno. (NP-ChatGPT-BBC Mundo)