El contralor general de la República ha dado cuenta ante la comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara de las auditorías que la institución llevó a cabo a todas las secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y oficinas de Serviu locales, así como en 13 gobiernos regionales, centros estatales en los que, según informó a los parlamentarios, se detectaron 16 tipos de diversas irregularidades.
Entre ellas, mencionó las cometidas por 13 órganos de Vivienda que financiaron iniciativas de inversión “sin fundamentación” y vía asignación directa en el marco de un plan denominado Programa de Asentamientos Precarios (PAP), sin acto administrativo alguno que justificara la entrega de recursos fuera de concurso, los que, en total, sumaron 101 proyectos, presentados por 15 fundaciones, en 11 regiones y por un total de casi $9 mil millones asignados.
A mayor abundamiento, en tales unidades regionales tampoco existían procedimientos formales para seleccionar las fundaciones que realizarían los convenios, ni exigencia de cauciones o garantías que protegieran el interés del Estado ante faltas o incumplimientos de las responsabilidades sociales traspasadas a dichas organizaciones de la sociedad civil para su gestión.
Más allá del hecho de que esta investigación apunta a fundaciones específicas y que en el país operan miles de ellas apoyando exitosa y limpiamente centenas de proyectos sociales de enorme utilidad pública, en su exposición, el contralor sugirió que, en estos casos, un grupo de personas de un sector político conspiró para transferir recursos fiscales a sus propios bolsillos, usando su acceso privilegiado a los órganos del Estado copados por la colectividad para reducir los estándares legales y permitirles a sus vinculados acceder a trabajos que, de otra forma, no podrían conseguir ni recibir los recursos estatales así extraídos.
Las graves revelaciones del Contralor General, empero, no debieran sorprender: desde hace años se sabe que los consejos del diputado de Más País, el español Íñigo Errejón, autor del libro de paradojal título “La Superioridad Moral de la Izquierda”, miembro de Podemos hasta 2019, cercano al exvicepresidente boliviano García Linera y amigo de destacadas figuras del actual Gobierno, fueron la base del “mecanismo” utilizado en el caso Fundaciones, apuntado a lo que el ideólogo izquierdista denominó la teoría de la estructura económica autónoma, una que permita “dejar sembrado instituciones populares que resistan” y que den la posibilidad de “financiarse y refugiarse cuando gobierne el adversario”, dado que, en su lucha, la izquierda no accederá a recursos aportados por los más ricos de una sociedad que buscan “deconstruir” y reorganizar según sus pautas, en una evidentemente larga brega por el dominio cultural de las democracias liberales y contra sus respectivos grupos dominantes.
Así, frente al extenso y difundido “modus operandi” develado por la Contraloría, el Gobierno, en lugar de adoptar medidas para posibilitar a la ciudadanía entender la gravedad de los hechos e impulsar rápidas reacciones institucionales, ha apuntado a justificar y defender; en vez de reconocer y explicar el problema, llevando a la práctica la promesa presidencial de que tras develarse el caso “Democracia Viva” se perseguiría a los culpables, “caiga quien caiga”; el proceso, llevado por terceros a la justicia, ha tenido como resultado un solo acusado, por lo demás, directamente ligado a la primera irregularidad descubierta hace ya cinco meses por el diario digital nortino Timeline, acompañado de un extraño silencio de parte del mandatario.
La Moneda no ha estado, pues, a la altura. Su línea defensiva ha repicado con desafinado eco argumentos que, hace menos de un quinquenio, eran condenados con furor profético por los propios actuales gobernantes, tanto desde los pasillos del parlamento como en las manifestaciones convocadas en contra de la corrupción de la derecha o del oficialismo concertacionista, cuando, enfrentados a similares denuncias, autoridades de esos períodos repetían hasta el hartazgo el discurso “estructural” de la “falla o insuficiencia institucional”, siguiendo esa infausta línea de esquive de responsabilidades del viejo proverbio que, con similar propósito, se blandía decenios atrás: “La ocasión hace al ladrón”.
No habría que olvidar que en la génesis de la crisis política, económica y social que vive el país está justamente la develación de acciones ilegales e inmorales de integrantes de elites de poder que fueron desde la política a la gran empresa, desde las FF.AA. a las Iglesias, desde la academia a las organizaciones civiles generando la impresión de una corruptela innominada y extendida, percepción que, con cierta seguridad, inflamó también el animo delictivo manifestado el 18-O y que se ha extendido desde entonces con la emergencia de una nueva y más feroz delincuencia en el país.
Resulta, así, hasta conmovedor, ese penoso entusiasmo con el que la vocera explicó los hechos y terminó culpando de los mismos al Gobierno anterior como consecuencia de la ausencia de una normativa que impidiera estos actos, aunque sin profundizar sobre la flexibilización que, de esos convenios, dispusieron las propias actuales autoridades, en un intento casi infantil de desorientar la atención respecto del hecho primario, es decir, la gravísima develación del Contralor sobre la existencia de una coordinación malsana entre ciertas autoridades de Gobierno y militantes de un partido político con el odioso objetivo de extraer ilegítimamente recursos del Fisco, bajo la excusa de que se trata de dineros destinados a la materialización de proyectos para mejorar la calidad de vida de personas que habitan en los centenares de “asentamientos precarios” del país (vulgo, campamentos) aunque, por cierto, un porcentaje menor de esos dineros llegue efectivamente a sus beneficiarios finales.
Así, en la Región Metropolitana la Seremi suscribió 24 convenios con seis entidades privadas por $1.822 millones, constatándose falta de manuales de procedimientos y de selección de ejecutores a los que se les hizo un traspaso directo de recursos “sin que los actos administrativos pertinentes …se encuentren fundados y acrediten los motivos que lo justificaron”. Adicionalmente se detectó falta de experiencia de Enred Social y Enlace Urbano y de documentos originales de Espacio Lúdico.
En Tarapacá, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, se suscribieron siete convenios con la fundación Enred y 16 con Enlace Urbano por más de $2.836 millones, mientras en Atacama, cuatro fundaciones suscribieron 11 convenios en los que ni las resoluciones ni los convenios “mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos mencionados a dicha fundación”.
En Valparaíso, seis fundaciones y 12 convenios revisados por Contraloría en relación al Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso ninguno tenía debida justificación, determinándose, además, que ProCultura no contaba con el giro para diseñar el loteo y expediente de expropiación del campamento respectivo, entre otros tantos casos que suman un total de transferencias de casi $9 mil millones.
Seguramente, desde la perspectiva moral de estos grupos de neo-izquierda igualitaria el asalto a la tesorería fiscal que les otorga hoy la posibilidad de “financiarse y refugiarse cuando gobierne el adversario” es un acto menos corrupto que el vinculo entre la política de izquierda y empresas privadas que criticaron de la exConcertación, en la medida que, en este último caso, existió la sospecha y posibilidad de obligarse a devolver los favores, lo que, comúnmente, se hace mediante legislaciones ad hoc que el político beneficiario impulsará a nombre de sus benefactores; mientras que en el financiamiento de fundaciones o ONG vía recursos fiscales que permiten el pago de sueldos de cuadros partidistas, se combina el trabajo social y político sustentable sin tener al frente a un tercero nominado que exija compensación de los favores monetarios, que no sea aquel extremadamente pobre que ya no recibirá el total de recursos fiscales prometidos, y tampoco sabrá nunca que sus necesidades, transformadas en virtud, han financiado dirigencias de colectivos políticos que alegan defender sus intereses.
Pero la política, como cualquier otra tarea humana, requiere de recursos para su despliegue. Sin embargo, aquella, a diferencia de otras, parece tener cada día menos que ofrecer de vuelta a los “usuarios” de sus bienes y servicios. En el pasado, la acción política se entendía financiada por los propios simpatizantes y militantes de los partidos que, además, eran menos. Pero una vez que el partido conseguía puestos de poder en el Estado, ante un pobre desarrollo de la actividad privada, las dirigencias podían «pagar» el esfuerzo militante al integrarlos en algún puesto fiscal que le aseguraba subsistencia, al menos, por el lapso del Gobierno que correspondiera.
La modernización del Estado, la complejidad de su manejo administrativo y su cada vez mayor exigencia de profesionalización hace que estas prácticas puedan hoy ejercerse solo en las cada vez más escasas áreas a las que esta puesta al día no ha llegado o en las que se encuentra en sus primeros pasos. De allí la juvenil apuesta por una gestión amateur de fundaciones sin giro, ni experiencia requerida en el más atrasado sector de la atención estatal: la superación de la extrema pobreza, donde sus bajas exigencias como clientes posibilitan el mal uso de recursos y posterior desvío de aquellos a la gestión político partidista.
Si bien la política -como el sacerdocio- debería exigir un tipo de servidor público cuya moral apunte siempre a los más altos estándares, lo cierto es que la especie sufre -y lo seguirá haciendo- la inevitable tensión entre el deber ser y el ser, hecho que, por lo general, requiere de cierta ayuda estructural que morigere malos entendidos o tentaciones (de allí el fundamento legal de las sociedades democrático-liberales).
Esta nueva caída en el barro de reconocidos militantes de uno de los principales partidos de Gobierno tendrá, pues, consecuencias políticas y electorales, dado que, a este feo tropiezo, se añade el fracaso de buena parte de las promesas anunciadas que hacían ver en los jóvenes aspirantes a conductores sociales con renovada esperanza de superación de aquella viejas y malas prácticas de la deteriorada moral política observada en parte de sus cuadros tradicionales.
De allí que las nuevas generaciones partidistas, más que insistir en seguir los pasos de sus antepasados, saltándose nomas y reglas, debieran reenfocar sus esfuerzos en diseñar mejores estructuras de funcionamiento del Estado democrático y social de derecho de manera de sincerar, entre otras cosas, la necesidad de contar con recursos que permitan el trabajo de los agentes políticos como parte del costo real de sostener una democracia sana, avanzando en la mejora de la legislación que, al respecto, puso en marcha el anterior Gobierno de la Presidente Bachelet.
No sea que, en la evidente necesidad de conseguir recursos para hacer funcionar un partido o movimiento político innovador estos terminen cooptados no ya por el poder del dinero empresarial o tentados por el acceso ilegítimo al recurso fiscal, sino por el poder de recompensa de la delincuencia, generando situaciones como las que ha vivido Colombia, en donde el vinculo entre una guerrilla de izquierda -que recientemente secuestró al padre de un reconocido futbolista- y el narcotráfico ha culminado transformándose en uno de los más complejos problemas a resolver para el actual presidente izquierdista de esa democracia. (NP)
