Un tenso inicio de sesión se produjo este martes en la Cámara de Diputados. Esto luego que se aprobara la lectura del acuerdo alcanzado por la propia corporación, el 22 de agosto de 1973, que denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” de parte del gobierno de la Unidad Popular, que lideraba el fallecido Presidente Salvador Allende.
La petición se materializó través de una carta que las bancadas opositoras dirigieron al presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), para ser leída este martes, en virtud de una disposición reglamentaria, al cumplirse 50 años de esa controversial declaración que antecedió al Golpe de Estado.
La misiva fue firmada por los jefes de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum; de Evópoli, Francisco Undurraga, y de Republicanos, Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristián Labbé y Flor Weisse.
La disposición fue aprobada, por lo que se dio lectura a la declaratoria previa al Golpe de Estado, además de la carta de los congresistas opositores, lo que desató la molestia y manifestaciones en la Sala por parte de parlamentarios oficialistas.
Legisladores del oficialismo se pararon de sus asientos, y, con gritos y pancartas se mostraron en contra de la lectura de la declaración de 1973. Las consignas apelaban a la “impunidad”.
La protesta, incluso, derivó en que el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes, aplicara censura a la diputada Claudia Mix (Comunes).
REACCIÓN OFICIALISTA
“¡Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista que reivindica el Golpe!”, dijo este martes en la mañana afuera de la sala de la Cámara, la diputada Lorena Pizarro (PC), expresidenta de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos.
Al igual que otros legisladores de su sector, Pizarro estaba enfurecida con la jugada reglamentaria -liderada por la bancada de la UDI, con el apoyo de RN, de Evópoli y de los republicanos- para que al inicio de la sesión de este martes se leyera la declaración acordada por la propia Cámara, el 22 de agosto de 1973.
Ese manifiesto institucional de hace 50 años, que para algunos “fue la luz verde” para la intervención militar, denunciaba el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” de parte del gobierno de la Unidad Popular (UP), que lideraba el fallecido Presidente Salvador Allende.
En aquella resolución de 1973, los entonces diputados de la DC y del disuelto Partido Nacional (cuyos dirigentes posteriormente fundaron RN) acusaban al gobierno de la UP de haber infringido una veintena de normas constitucionales y legales. Esa declaración fue usada durante la dictadura como sustento jurídico para justificar la intervención militar y hablar de “pronunciamiento”, en vez de Golpe de Estado.
“Allí en el sector de la derecha hay varios familiares de torturadores y genocidas parece que están defendiendo a sus familiares”, arremetió Pizarro, quien recordó a niños y mujeres embarazadas que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de lo calificó como una “dictadura sangrienta”.
Al reclamo se sumaron los jefes de bancadas del PS, Daniel Manouchehri; del grupo PPD-Independientes, Cristián Tapia; y también del comité mixto PC-FREVS-Acción Humanista, Luis Cuello, quien alegó vicios reglamentarios en la jugada que realizó la oposición.
Inicialmente los actuales representantes de la derecha pretendían realizar una declaración de la Cámara, que debía votarse para ratificar el manifiesto del 73. Sin embargo, al final los legisladores opositores optaron por una enviar una carta que fue firmada por los jefes de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Frank Sauerbaum; de Evópoli, Francisco Undurraga, y de Republicanos, Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristián Labbé y Flor Weisse.
En la misiva dirigida al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), los legisladores opositores invocaron el artículo 97 N° 14 del reglamento de la corporación, que permite dar lectura a un texto en la Sala, siempre y cuando exista acuerdo de los presentes.
Con esa petición sobre la mesa, Cifuentes debió someterla a votación, lo inmediatamente alteró el clima en el hemiciclo. Ahí fue donde Cuello (PC) acusó los vicios reglamentarios, mientras los gritos comenzaban a subir de tono desde lado y lado.
La votación arrojó 50 votos a favor de leer la declaración de 1973, 42 en contra y una abstención (Erika Olivera), lo que abrió subterráneamente recriminaciones en el oficialismo, ya que la derecha logró imponerse debido a la ausencia circunstancial de legisladores de gobierno que llegaron tarde a la sesión.
En vista de que la crispación iba en alza, Cifuentes -quien tuvo que hacer varios llamados al orden-, debió suspender la sesión un par de minutos para calmar los ánimos. Sin embargo, ello no fue suficiente.
Al reanudar la sesión, los legisladores oficialistas se pusieron de pie para protestar imagenes de víctimas de la dictura, mientras el prosecretario de la Cámara, Luis Galleguillos, procedía a leer la solicitud de las bancadas de derecha. Los parlamentarios opositores también se manifestaron en respuesta.
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La solicitud de la derecha era introducida por una inédita señal política de ese sector, que ratificaba la posición que tuvo la oposición a Allende antes del Golpe.
DECLARACIÓN DE 1973
En la sesión de este martes, se leyeron los primeros tres párrafos de la declaración, que son los siguientes:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Primero. – Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos N°s 5° a 12 precedentes;
Segundo.- Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;
Tercero. – Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional. (La Tercera)
