Estimados lectores:

Las fechas del titular corresponden a lo que usted sabe. Son dos plebiscitos. El primero, que aprobó la Constitución de 1980 y, el segundo, que rechazó la propuesta de la primera Convención, en 2022. A propósito del aniversario número 4 del Rechazo, con 62% contra 38% del Apruebo, decenas de columnistas de derecha han criticado el proceso y los contenidos de esa propuesta.

Sin embargo, esos críticos, con quienes comparto en muchos aspectos la crítica, parecen tener amnesia porque olvidan que aprobaron con entusiasmo la Constitución de 1980.

A pocos días del Golpe, la Junta de Gobierno designó a un grupo de juristas para elaborar una nueva Constitución, la Comisión Ortúzar, presidida por Enrique Ortúzar, exministro de Alessandri. Todos sus integrantes eran partidarios de la dictadura, entre ellos Jaime Guzmán Errázuriz. Esa propuesta pasó luego al Consejo de Estado, otro grupo designado por la Junta Militar e integrado por partidarios del régimen, presidido por el expresidente Jorge Alessandri. Esa segunda propuesta volvió a la Junta, que convocó al plebiscito para el 11 de septiembre de 1980.

La primera “iliberalidad” de ese proceso es que todos quienes redactaron la propuesta eran de derecha y partidarios del régimen militar.

Segundo aspecto: ¿cómo ocurrió el proceso electoral? En estado de emergencia, sin registros ni servicio electoral, sin tribunal calificador, con partidos proscritos, censura y sin libertad de prensa. En esas condiciones “iliberales” se hizo el plebiscito, con 67% por el Sí y 30% por el No.

Veamos los contenidos. La fundamentación principal la resume muy bien Jaime Guzmán en la revista Realidad número 7, página 19, de 1979, cuando dice lo siguiente: “(…) que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. ¿Hay algo más iliberal que eso?

Y se materializó de las siguientes formas. El artículo octavo marginó al Partido Comunista, al Partido Socialista y al MAPU, que en marzo de 1973 habían sumado casi 40% del electorado. El Senado, con 26 senadores en 13 regiones bajo sistema binominal, quedó protegido además con 9 senadores designados. El binominal era magistral, pues bastaba un tercio más uno para empatar en representación a dos tercios menos uno, como le ocurrió al propio Guzmán, que en Santiago Poniente sacó apenas 31% junto a Miguel Otero, frente al 61% de Zaldívar y Lagos, pero igual ambos llegaron al Senado.

Por si fuera poco, reformar la Constitución exigía dos tercios del Senado y de la Cámara, algo casi imposible dado el binominal y los designados. Esa es la aprobada por la derecha el 11 de septiembre de 1980, y carece de legitimidad de origen, pues una elección con esas restricciones es impresentable como ejercicio de democracia liberal.

En consecuencia, la crítica a la Convención de 2022 debería mirar también, con igual rigor, cómo se generó y definió electoralmente la Constitución de 1980. La diferencia es incomparable. Se llegó al plebiscito de 2022 tras el estallido social de 2019, cuando Piñera optó por el acuerdo político firmado el 15 de noviembre de ese año por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria. La consulta preguntó si se quería una nueva Constitución (78% aprobó) y si la redactaría un órgano 100% elegido (también 78%). Los convencionales se eligieron con democracia plena, con registro electoral, Servel, Tribunal Calificador y libertad de prensa, con todos los partidos legalizados.

Esa Convención generó propuestas también legítimamente rechazadas. Pero todo el proceso que llevó a ellas el 4 de septiembre de 2022 fue impecablemente democrático en origen, proceso y sistema electoral, incomparablemente más que las “iliberalidades” de la Constitución de 1980. (El Mercurio)

Francisco Vidal