El 2016 sido un año duro para muchos.
En cuanto a la política, este período marcó el estancamiento definitivo en la popularidad del gobierno, poniéndose por debajo del 30% de aprobación ciudadana, en lo que significa el peor registro desde que contamos con instrumentos de medición. La crisis del sistema de partidos, como la desafección institucional, fueron reflejadas por las cada vez más bajas tasas de participación electoral; lo que indistintamente ha golpeado a las dos grandes coaliciones que tradicionalmente habían sido protagonistas del debate político, dando paso a la mayor fragmentación. Pero fue la percepción de corrupción generalizada, sumado el cada vez mayor elenco de dirigentes investigados y formalizados, lo que terminó por derrumbar el acuerdo político básico que nos rigió el último cuarto de siglo. Todo lo cual nos hizo también perder las maneras, consolidándose un diálogo de sordos donde el republicano e incluso apasionado debate de ideas, ha sido ensombrecido por la violencia física y verbal que solo pretende silenciar a nuestros adversarios.
En el ámbito económico las noticias no son mucho más alentadoras. Una combinación de razones externas, sumado a la objetiva responsabilidad que también tuvieron las autoridades locales, contribuyeron a frenar de manera significativa nuestro crecimiento. De esa forma, hemos sido testigos de cómo inversionistas y empresarios reclaman airadamente por más certidumbre, al mismo tiempo que desde sus propias filas se termina por minar el poco prestigio de los principales agentes del mercado, en lo que son continuas denuncias de colusiones y abusos hacia los consumidores, especialmente aquellas personas más modestas. Y así, mientras alguno soslayan la importancia del crecimiento económico, como factor fundamental para superar la pobreza y reducir la desigualdad, otros dan muestra de que su reclamo por mayor libertad para emprender y generar riqueza, sigue desprovisto de una base ética fundamental para actuar en los negocios.
Y las organizaciones sociales y ciudadanas, que hoy cumplen de manera más efectiva su función de denunciar y empujar por los necesarios cambios, tampoco han podido canalizar y conducir esa rabia hacia espacios de construcción. La legítima protesta no ha dado paso a la necesaria propuesta, acumulándose un desánimo que solo parece llevarlos a la mayor radicalización, haciendo cada vez más difícil aunar posiciones o generar procedimientos que reconozcan el rol, los intereses y las responsabilidades de los múltiples actores en disputa.
¿Hay algo que hacer? No lo sé con seguridad, pero quizás por la misma esperanza que a muchos nos infunden estas fechas, creo que vale la pena insistir -justamente con motivo de la elección presidencial- en la necesidad de que nuestro debate no solo se centre en las legítimas diferencias, sino también en los mínimos acuerdos que han de regir nuestro pacto político, económico y social, para los próximos años. (La Tercera)
