En la Araucanía existe un problema histórico, ya atávico para el Estado de Chile, que no se puede obviar y que hace necesario encontrar soluciones viables, contextualizadas en los tiempos, y con respeto a un pueblo ancestral. Sabemos también, aunque no lo queramos aceptar, que ninguna solución será capaz de satisfacer integralmente a las partes.
Preguntarse si en la Araucanía hay violencia o terrorismo es algo inútil ya que ambas son caras de una misma moneda. No obstante, es urgente frenar la violencia diaria y creciente que afecta a la región porque la violencia es mala, pero el terrorismo es pésimo.
La violencia, que es consustancial al ser humano, es un lugar común hoy en las ciudades y pueblos, en el campo, en las calles, en los estadios y entre las propias personas. Asimismo, se traspasa a las causas políticas con un peligroso precedente: el terrorismo en cualquiera de sus formas.
En Perú, en 1980, el gobierno del presidente Belaunde Terry aseguró que los actos delictivos del grupo Sendero Luminoso era solo “abigeato”. Sin embargo, estas acciones de “abigeato”, solo limitadas a Ayacucho, Junín y Cusco en los 80’, pocos años después se había extendido a todo el país, provocando víctimas que irían entre 35.000 y -según algunos- hasta 70.000 muertos, según la comisión de la verdad. En concreto, lo que le sucedió al gobierno de Belaunde Terry fue el típico caso de analizar el hecho en sí, pero no el propósito y efecto deseado que contiene. En Chile, hasta hace poco, se hablaba de violencia rural, término que ha ido desapareciendo del léxico.
Para conocer, controlar y resolver la violencia y no esperar que devenga en terrorismo, se requiere estudiarla muy a fondo, para tener absoluta claridad en lo que debe hacerse sobre la base de tres ejes que deben aplicarse simultáneamente, en forma coordinada, convergente y con mucha voluntad, a saber:
- Conocer los fundamentos de las acciones violentas para resolverlas más profundamente. Esto toma tiempo y no debe paralizar las acciones de corto plazo.
- Determinar los tipos de armas y acceso a fuentes de recursos económicos que emplean estos grupos para impedirle el acceso a éstos.
- Disminuir el rango de oportunidad para evitar que se cometan estos actos violentos lo que debe hacerse con fuerzas policiales, ajustadas a la ley, con rasgo operativo y un adecuado sistema de Inteligencia y vigilancia con medios electrónicos de todo tipo.
Se comete un gran error cuando se pretende definir el eje de “las causas y fundamentos” dejando en compás de espera los dos ejes restantes. Esto lleva a que, al acometer el punto de más largo aliento primero, no se avanza en soluciones a los actos que, en el intertanto, producen violencia y muerte. Los ejes deben ser simultáneos y no solo con acciones policiales, sino un proceso que contemple medidas políticas, económicas, sociales, culturales, reivindicativas, de reconstrucción y otras en la que deben participar grupos multidisciplinarios. Se trata de un complejo que contiene múltiples acciones en que lo policial es solo parte de la solución, pero no “la” solución.
La experiencia nos enseña que el terrorismo, normalmente, tiene un origen de raíz ideológica, religiosa o instrumental, como narcotráfico u otras. La ETA, grupos radicales islámicos y FARC son fieles representantes de cada una de estas tres causas. Sin embargo, también puede tener razones puramente militares cuando un Estado más pequeño o un grupo que no se inscribe en un Estado determinado y ante un evidente desequilibrio tecnológico, opta por ejecutar acciones terroristas para enfrentar a un Estado formal provisto de fuerzas armadas. Ese es un problema de EE.UU. ya que su desarrollo militar lo expone a estos actos permanentemente.
Hay otras opiniones que culpan a las distorsiones en los procesos de desarrollo socioeconómico de los países como fuente del terrorismo. Sin embargo, pareciera que esa situación, desligada de un motor ideológico, no puede generalizarse. La agudización de las contradicciones de orden político, económico y social son, indiscutiblemente, de índole ideológico.
Como hemos repetido, el primer obstáculo que existe para enfrentar el terrorismo es la necesidad de los Estados de darle una tipificación jurídica con el propósito de castigar a los que cometan estos ilícitos calificados de la mayor gravedad. Esto se puede apreciar en el hecho que mientras los ataques ocurren, el tiempo se ocupa únicamente en discusiones sobre cómo definir lo que se observa.
En el caso de los países de habla hispana su definición o tipificación jurídica se dificulta aún más ya que tenemos cuatro diccionarios que operan simultáneamente a saber, el de la Real Academia de la Lengua, que define oficialmente; el de las propias disciplinas y organizaciones donde están las instituciones policiales y armadas; el de la calle, que no se fija en sutilezas; y el de la ley, que manda prohíbe y permite. Esto se traduce en que cada uno definirá los hechos determinados por su propia perspectiva, función o actividad.
Más aun, el diccionario de la Academia se alimenta de los anteriores. Por ello, la decisión más corta, rápida y legítima es definir el terrorismo a través de la ley, tomando otros países como referencias, pero sin copiar, ya que cada realidad es única.
Para aprobar una ley se requiere consensos, lo que se dificulta cuando hay visiones que simpatizan con quienes cometen tales actos. Por ello, lo recomendable es castigar los hechos violentos con decisión, tengan o no el fin de causar terror. Es decir, sin fijarse en la causa, ya que es ésta la que produce división.
Ha ocurrido en Chile, que autoridades al igual que sucedió en el Perú, han identificado las acciones violentas de la Araucanía solamente como delictuales, cometiéndose el grave error de omitir el propósito y efecto deseado de quienes los cometen y, finalmente, el impacto o repercusión que tienen en los grupos afectados.
Un grupo que ha elegido el terrorismo como forma de lucha proviene o se esconderá muchas veces tras causas nobles, como recuperación de tierras ancestrales (pueblo mapuche), defensa de grupos sociales, independentistas (ETA) causas religiosas (islamismo radical) u otras. Esto significa que muchos que no participan de los actos violentos pero que se identifican con la causa aludida se vean utilizados y finalmente afectados.
Por ello, una forma de debilitar a los grupos violentistas en su vínculo con la demanda que dicen defender es precisamente captar, proteger, apoyar y contener a los sectores pacíficos. La ausencia del Estado ante los colectivos que respetan la ley es un grave error y fue lo que fortaleció a las FARC en Colombia.
Con todo, el problema recurrente es que grupos originalmente reivindicativos de causas que pudieran estar bien inspiradas derivan al narcotráfico, como necesidad de financiamiento.
Un factor clave es que los grupos terroristas requieren de la prensa ya que la única forma de llevar a cabo su propósito es atemorizar a la mayor cantidad de gente. En su momento, Inglaterra optó por no sumarse a la propaganda terrorista, omitiendo a difundir sus actos. En cambios, en España, se mostraba con mucha crudeza los crueles crímenes de ETA para hacer impopular su causa. Esto último dio muy buenos resultados por el rechazo que provocó en la población española el grupo terrorista.
Para entender y definir el terrorismo hay un punto donde no hay que perderse al preguntar si las acciones producen o no terror, dado que no se trata de ver terrorismo en todo o aplicar la ley respectiva -que es muy dura- a diestras y siniestras.
En consecuencia, la mirada debe ser objetiva y desprejuiciada en lo ideológico ya que no se debe amparar a ningún grupo que cometa estos actos violentos y que en su etapa más avanzada incluyen los secuestros aleatorios y/o selectivos, toda vez que si hay debilidad estatal surgirán los grupos paramilitares, como ocurrió en Colombia, con el fin de tomar la justicia por su propia mano. De allí, a la guerra civil hay un paso.
El conflicto de la Araucanía es muy complejo porque antecede al Estado chileno moderno. Por ello exige estudiar profundamente el tema cultural, histórico y legal de la Araucanía. Al final de cuentas, las soluciones definitivas serán o consolidar allí el Estado de Chile en su autoridad y formas actuales, reconocer a los pueblos originarios como naciones con grados de autonomía en la nueva constitución o simplemente renunciar como Estado de Chile a esos territorios.
Como se observa, decidir por una de las tres soluciones -que es lo que ocurrirá a la larga- no dependerá solo del Estado de Chile, lo que obliga a involucrar a las partes y alcanzar consensos que no serán fáciles.
Para finalizar habría que decir que: “la causa reivindicatoria de un pueblo como el mapuche, no merece el terrorismo como bandera de lucha”. (Red NP)
Jaime Garcia Covarrubias
