Todo tiene su límite en política, pero el veto ideológico a la destacada abogada Natalia González Bañados, lo superó con creces. La subdirectora jurídica de Libertad y Desarrollo (LyD) y activa defensora de la opción Rechazo, ha sido propuesta por el Ejecutivo para integrar el Consejo para la Transparencia (CPLT). No obstante sus altas capacidades y competencias, un sector de la oposición considera que sus funciones en LyD y su apoyo al Rechazo, son un impedimento para asumir el cargo de consejera del CPLT. Este veto no solo es inaceptable sino que también antidemocrático.
En un sistema democrático, el escrutinio a las capacidades personales y profesionales de un candidato a cualquier cargo público, es de la esencia de las reglas del juego. A fin de asegurar que las personas más idóneas lleguen a los cargos públicos, la institucionalidad debe contemplar mecanismos de selección y designación abiertos y transparentes. Sin embargo, atenta contra la democracia cualquier intento por obstaculizar una designación por razones ideológicas, especialmente cuando ellas se basan en aspectos como su origen profesional (LyD) o la libertad de pensamiento (Rechazo). Estos vetos ideológicos, tan propios de regímenes totalitarios, se han ido transformando, lamentablemente, en una costumbre en nuestro país.
En efecto, la cultura de la cancelación (“cancel culture”), fenómeno de creciente aplicación en Chile, ha ido ganando terreno de la mano de la izquierda progresista. En resumen, se traduce en una agresiva campaña pública para “cancelar”, anular o boicotear a una persona o actor público, afectando su reputación y carrera profesional. En simple, es una suerte de linchamiento mediático. Sin el compromiso y activa participación de las redes sociales y medios de comunicación, sería imposible llevar a cabo estos actos de censura, que restringen o limitan el libre debate e intercambio de opiniones e ideas en una sociedad democrática, como la nuestra. Esta cultura de la cancelación ha sido capaz de aumentar los grados de polarización en nuestro país, afectando gravemente la libertad de expresión y el pluralismo. La izquierda progresista puso, en esta ocasión, la mira en Natalia González, lo cual es imperdonable.
Las instituciones públicas en nuestro país viven una crisis de legitimidad, donde el CPLT no ha sido la excepción. Los recientes conflictos internos han dejado al descubierto la necesidad de perfeccionar y modernizar su institucionalidad y gobernanza. Aún así, con todas sus imperfecciones, hasta ahora la designación de los integrantes del CPLT había estado libre de este tipo de prácticas totalitarias.
En todos sus años de funcionamiento, el pluralismo y tolerancia habían sido la tónica para darle representatividad y legitimidad a su quehacer institucional. Eso explica que entre sus actuales consejeros esté la destacada cientista política Gloria De la Fuente, presidenta de Chile 21 y partidaria del Apruebo, y antes que ella, fueran designados otros numerosos destacados consejeros que representaban distintas visiones y sensibilidades, sin que ello significara cualquier cuestionamiento a su pertenencia o pensamiento político ni menos levantar un veto ideológico.
Se podrán compartir o no las ideas políticas de Natalia González (que en lo personal comparto), pero que ello sea un motivo para negarle el acceso al CPLT a una persona valiosa, que tiene una destacada formación y trayectoria profesional, que ha demostrado una genuina tolerancia política y que tiene mucho que aportar en los esfuerzos por recuperar la legitimidad de un cuestionado organismo, habla de lo frágil que está la democracia chilena. Esta humilde pluma no descansará en defender el legítimo derecho que tiene la abogada (y cualquier otro destacado profesional) para llegar al CPLT, por sus méritos personales y profesionales, pero sobre todo, por el bien de nuestra democracia. (El Mostrador)
Francisco Orrego
