Este lunes el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los hechos ocurridos en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la región del Biobío, que el pasado domingo fue foco de un atentado incendiario por parte de un grupo de desconocidos.
En total, fueron 47 camiones y 4 equipos de maquinaria que resultaron destruidos tras el ataque, ante el cual el Gobierno decidió invocar por primera vez la Ley Antiterrorista.
Al respecto, el fiscal Valencia mencionó en diálogo con Radio Pauta que «el Gobierno puede presentar las querellas que conforme a sus atribuciones pueda presentar y poder emitir las opiniones jurídicas que conforme a sus atribuciones puede emitir, pero finalmente son los fiscales los que definen en principio cuál es la ley aplicable».
En ese sentido, aseguró que los persecutores «podrían incluso haber estimado que la Ley Antiterrorista es aplicable en este caso, haya o no presentado el Gobierno alguna querella».
«En definitiva son los fiscales los que van a hacer una primera aproximación o un primer planteamiento respecto de si es o no procedente de la aplicación de la Ley Antiterrorista y luego van a ser los tribunales los que estimen si resulta o no resulta pertinente aplicarla», añadió el fiscal.
Además, consultado sobre si el ataque a Rucalhue es una señal de que se pudieran estar «reactivando» los grupos violentos en la zona del Biobío, Valencia mencionó que «es plausible pensar aquello, pero es comprensible. Pero son las diligencias las que en definitiva van a establecer si es eso lo que está ocurriendo u otra cosa».
«Es una investigación que está comenzando y hasta donde se sabe, ningún grupo se lo habría adjudicado. Tampoco hay lienzos que permitan entender cuál es el propósito de la finalidad última de esa acción, aunque uno puede por la forma como se cometió, sacar algunas conclusiones acerca de cuál sería el fin de los actos», concluyó el fiscal.
Cabe señalar que las diligencias del caso están a cargo de fiscales del Biobío, bajo la coordinación de la fiscal Marcela Cartagena.
VIOLENCIA EN BARRAS DE FÚTBOL
El fiscal nacional también se refirió a los episodios de violencia que se han registrado al interior de estadios por parte de barras del fútbol chileno.
Al respecto, Valencia aseguró que «al interior de las barras hay unos grupos enquistados que a la luz de su actuar o de la forma de sus acciones, pareciera que el apoyo a un club de fútbol en el estado es más bien un pretexto para cometer acciones criminales, para el narcotráfico u otros delitos con los que sostienen su modo de vida».
En ese sentido, añadió que «me preocupa culturalmente la normalización de ciertos hechos que son probablemente delictivos y graves».
«Me pareciera que porque se cometen en el contexto estadio tuvieran una naturaleza distinta. Por ejemplo, un grupo de una de estas barras aborda a un sujeto en la calle, lo intimida y le quita su camiseta del otro equipo. Eso no es un incidente cultural propio del fútbol. Eso se llama robo con intimidación», agregó el fiscal.
Valencia aseguró que desde el Ministerio Público se está recabando información para entender este fenómeno «delictual» que se ha desarrollado al interior de hinchadas de fútbol en el último tiempo y que llegó al punto límite tras los incidentes ocurridos hace más de una semana en el Estadio Monumental.
«En el ámbito nuestro, en el ámbito de la Fiscalía, estamos evaluando seriamente hacer algo más que lo que hemos estado haciendo hasta hoy», aseguró Valencia. En esa línea, añadió que desde esta institución se tiene «la conciencia de que es altamente probable, casi con toda seguridad, de que con eso no alcance para resolver el problema en su globalidad, porque le estaría mintiendo si le dijera lo contrario».(Emol)
