Una encrucijada. Eso es lo que vivimos hoy.
Solo hay dos opciones: o los principales responsables de nuestras desventuras dicen toda la verdad y se atienen a las consecuencias jurídicas, o se confabulan para lograr un acuerdo que oculte lo que ha sucedido y procuran convencernos de que hemos vivido una angustiosa pesadilla de la que ellos nos despertarán, para entrar después en una venturosa realidad.
La primera opción la apoyan personalidades tan distintas como el ministro Pacheco, el ex senador Viera-Gallo y el presidente de la UDI, Larraín. La verdad, han dicho, es el requisito fundamental para reorganizar nuestra convivencia y nuestras instituciones. Bien.
En la otra posición está el senador Letelier, quien afirma que «esto no lo van a resolver los tribunales, lo va a resolver el sistema político».
¿Resolver? ¿Qué significa ese verbo cargado de diversidad de sentidos?
En este caso -no nos chupemos el dedo- podría significar una ley de punto final. El senador Letelier es la punta de lanza de esa posibilidad, secretamente anhelada por todas las izquierdas, y quizás deseada también por tantos en la derecha, por esos que carecen del talante moral que ha demostrado el senador Orpis.
Cualquier acuerdo político que evitase develar las prácticas de decenas de parlamentarios y de operadores electorales de todos los sectores sería, efectivamente, una ley de punto final. Su lógica es muy conocida: desde este día concreto para atrás no se investiga, se borra la memoria; amnesia, que la llaman.
En la izquierda ha existido siempre una total repugnancia hacia las leyes de amnistía o de punto final. En toda la historia del siglo XX las han rechazado, siempre que se ha tratado de pacificar un país que ha sufrido por la acción de la violencia que la misma izquierda había provocado. Se niegan a las leyes de punto final porque quieren ganar por secretaría, después de haber sufrido duras derrotas a manos de las Fuerzas Armadas justamente en el campo que las mismas izquierdas habían escogido, el de la violencia social.
Ahora, en Chile, parece que ha llegado el momento de cambiar de estrategia, cuestión que para las izquierdas no presenta ninguna dificultad moral: serán ellas las que pedirán -del modo que lo sugiere el senador Letelier- que el pasado no cuente desde el momento tal o cual.
Se intentará manipular el tiempo histórico una vez más. Tal como sucedió con el informe Rettig -que supuso que la violencia y los atentados a los derechos de las personas surgieron de un big bang llamado 11 de septiembre de 1973-, ahora se nos tratará de convencer de que a partir del día del eventual acuerdo que propicia Letelier el país iniciaría una nueva era, sin que importase nada lo que hubiese pasado para atrás.
Ese diseño es el que ha intentado infructuosamente el Gobierno al negar la campaña por Bachelet antes de Bachelet; ese diseño es el que afirma el ministro Eyzaguirre cuando sostiene que no le interesa el pasado de su jefe de gabinete, porque el ministro se relaciona «con los funcionarios a partir de los trabajos que hacen ahora»; a ese diseño pertenece, por cierto, todo el afán de inventar una asamblea constituyente, es decir, una espuria reunión que pretendería comenzar desde cero la historia nacional.
¿Cómo podría evitarse que una idea tan dañina como la que ha sugerido el senador Letelier pudiera tomar cuerpo?
Muy sencillo.
Mediante una declaración firmada y jurada por todos los políticos chilenos que ocupan hoy cargos de responsabilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y en los partidos, en la que afirmen que por motivo alguno llegarán a acuerdos que impliquen un borrón y cuenta nueva.
Comenzaríamos a creerles un poco más. (Emol)
Gonzalo Rojas
