Llama poderosamente la atención un fenómeno que va en fuerte aumento en Chile: la captura del Estado, y crecientemente de todo el país, entendiendo por tal las acciones de determinados grupos de presión que logran apoderarse de ciertas áreas. Se trata principalmente de instituciones que prestan servicios, diseñan y ejecutan políticas públicas o administran bienes básicos para todos los chilenos. Desgraciadamente el problema ha escalado a tal punto que ya se podría hablar de una captura del país, no sólo del Estado.
Esos grupos de interés buscan impedir el desarrollo de muchas actividades legítimas y legales, aprovechando que su acción impone costos tan altos a la sociedad que les permite lograr sus objetivos. Lo consiguen denegando la circulación de personas, el uso de bienes públicos, e incluso el destrozo de los mismos, la ruptura abierta del orden público, y hasta la comisión de delitos.
¿Necesitaríamos dar ejemplos? Podría darse una larga lista, pero mencionaremos sólo algunos: hace unos meses, los combatientes contra la “Ley de la jibia”; tiempo antes, los trabajadores portuarios de Valparaíso; periódicamente, el gremio de la salud (CONFUSAM), los sindicatos de Codelco, el Colegio de Profesores, los estudiantes de muchas regiones, los funcionarios públicos de diversos servicios fundamentales para el normal desarrollo la vida cotidiana del país (Registro Civil, Aduanas), etc. Estos grupos de presión no sólo son capaces de saltarse olímpicamente leyes que obligan a todos los ciudadanos, sino que también generan problemas y costos para una enorme cantidad de compatriotas que no tiene nada que ver con sus demandas. Así generan enormes costos para el país. Pero no les importa mientras les sirva para “defender sus derechos” (o adquirir nuevos) y obtener “justicia” y lo que “les corresponde” o lo que “les pertenece”. Y esto no ocurre solamente en Santiago. A menudo es más grave y dañino en muchas regiones.
¿Alguien piensa que Chile realmente podrá ser parte de corredores bioceánicos para Brasil o Argentina mientras sigan las prácticas de los gremios portuarios chilenos, que paralizan justo para la llegada de los cruceros o en la temporada exportadora clave para la fruta? Se pide autorización para una marcha por la principal avenida del país y la autoridad casi siempre la concede, sabiendo que van a ocurrir numerosos destrozos e impidiendo que el resto de la ciudad desarrolle sus actividades normales, a las cuales también tienen todo el derecho. Lo mismo se observa con los funcionarios del aeropuerto y otras entidades semejantes. Trate usted de bucear o navegar cerca de una caleta de pescadores y lo pueden correr a balazos, porque los productos costeros “les pertenecen”. Al final, siempre “la culpa es de las autoridades, que son intransigentes”.
Nos parece que la estrategia de estos grupos de presión es de un egoísmo sistemático, al utilizar las necesidades o carencias de las personas más modestas que necesitan de servicios públicos como instrumentos de presión para lograr sus objetivos. Para la autoridad, lo urgente es terminar con el conflicto lo antes posible y evitar mayores costos políticos. ¿Cuántos funcionarios del Registro Civil fueron sancionados por la larga huelga ilegal por todos conocida?
Da la sensación que el país está sufriendo el síndrome de “La rana en la olla hirviendo”. Este consiste en poner una rana en una olla de agua al fuego y que se va se va calentando poco a poco; la rana se va acostumbrando paulatinamente hasta que, cuando el agua está tan caliente, muere porque ya es tarde para saltar fuera.
Con el correr de los años nos hemos ido acostumbrando a las acciones de diversos grupos de presión que van conquistando pedazos del estado o del país, sin que nadie reaccione con suficiente energía para ponerle un freno efectivo. Ya sea por razones políticas; por razones de DDHH; por razones de conveniencia electoral o lo que sea. Pero no hay mayor reacción pese a los innegables daños para todos.
¿Realmente alguien cree que es posible modernizar el Estado con este tipo de prácticas y conductas? Y los casos anteriores son los que más salen a la superficie; o sea, los que la opinión pública conoce bien por un tiempo. Pero hay otros más soterrados que han perdurado por décadas, como es la modernización del servicio de los notarios y la reducción del número de documentos que se requiere pedirles. Para qué hablar de la justicia. En el mejor de los casos parece que se podrían modernizar aquellos pocos servicios públicos nuevos que todavía no cuenten con su respectivo grupo de presión. Así, de repente nos vamos a dar cuenta que ya es demasiado tarde. Que el Estado y el país en general ya está entregado “en concesión” a grupos de presión minoritarios pero audaces y poderosos para impedir mejorar muchas áreas claves para el desarrollo.Entonces habrá muerto la mejor época histórica de esta nación que con tanto sufrimiento y esfuerzo creíamos haber logrado construir. (El Líbero)
Ernesto Tironi
