A dos días de haberse realizado una de las elecciones más complicadas e importantes de la historia moderna de Chile, se han multiplicado los análisis y conclusiones que se desprenden de los votos contabilizados para cada uno de los partidos, candidatos y puestos disputados.
Sin embargo, una de las tendencias que se marcó con mucha fuerza es probablemente la que ha caracterizado a la nueva sociedad chilena; una sociedad que exige sus derechos a tal nivel que es capaz de justificar la violencia para obtenerlos, pero que olvida o ignora la existencia de deberes.
En efecto, pese a que en la votación del fin de semana los procesos de vacunación en marcha permitieron disminuir el riesgo de contagio que había para el plebiscito pasado, el número de votos emitidos fue bastante menor que en esa oportunidad, mostrando una alarmante realidad: los derechos (el derecho a tener una nueva constitución) son más importantes que los deberes que permiten tener esos derechos (votar por quienes escribirán la nueva constitución). Nuestros votantes, y en especial, los jóvenes, olvidan que para tener derechos es primero necesario cumplir con los deberes. Votar es un deber cívico, no sólo cuando estamos haciéndolo por un derecho que queremos adquirir.
Esta tendencia no debería sorprendernos. La semana pasada la oposición presentó al gobierno un documento con su “pedida” de mínimo comunes -o quizás deberíamos llamarlo, los ¿derechos mínimos comunes?- por cerca de US$15 mil millones (aprox. 5% del PIB) por sobre las transferencias directas entregadas y comprometidas por el gobierno en esta pandemia, que alcanzan otros US$17 mil millones (otro 5% del PIB).
En efecto, el gasto adicional que trae consigo la agenda de mínimos comunes se solicita “amablemente” cuando nuestra economía presentará un déficit estructural de aproximadamente 11% del PIB (déficit que se genera al financiar el gasto solo con ingresos permanentes o de largo plazo), equivalente a un déficit efectivo de 8.8% del PIB; es decir, cuando nuestro país ya necesita endeudarse más de US$27 mil millones para financiar sus gastos este año, considerando que aún deberían quedar por financiar 4 meses más de renta básica universal y un nuevo paquete para pymes.
La sana doctrina indica que todo el gasto extraordinario generados para apoyar a la población de menores recursos en pandemia deben ser retirados una vez que termine la pandemia y debe comenzar un período de ahorro para pagar la deuda. Sin embargo, en una sociedad de derechos, donde no existen los deberes, ¿cuán probable es que estas ayudas puedan retirase, en especial en un proceso de redacción de una nueva constitución, donde la gente mayoritariamente votó por candidatos que prometieron más derechos, que finalmente significan más gastos?
Si decidimos jugarnos por una sociedad de derechos… ¿quién va a pagar por ellos, quién va a financiar la fiesta de gasto de una economía en quiebra, donde los ricos ya habrán tomado sus maletas y volado a mejores horizontes? (El Líbero)
Michelle Labbé
