Un mejor gasto para un presupuesto reactivador

Un mejor gasto para un presupuesto reactivador

Compartir

El año 2020 quedará grabado en nuestra memoria. Atravesamos una crisis sanitaria y económica sin precedentes, con inéditas restricciones a la movilidad y una caída histórica de la economía mundial. En Chile, nuestro PIB habrá retrocedido cuatro años y ocho años en términos per cápita, siendo el lado más doloroso la destrucción de cientos de miles de empleos, con el drama social que esto implica.

La pandemia ha exigido extraordinariamente al fisco. El Presupuesto 2020 contemplaba ingresos por US$ 59.500 millones y gastos por US$ 68.300 millones. Pero con el covid-19 nuestros ingresos caerán casi un 12,9% y, para apoyar a las personas más afectadas y hacernos cargo de la emergencia sanitaria, el gasto fiscal crecerá 7,1%. En lo que va de la crisis se han movilizado recursos fiscales excepcionales por cerca de US$ 15.000 millones, incluyendo gastos en transferencias directas a las personas por más de US$ 5.500 millones. ¿Resultado? Un déficit fiscal estimado de 8,2% del PIB, el más alto en 47 años. ¿Cómo lo financiamos? Con US$ 13.700 millones en activos o ahorros y emitiendo deuda por US$ 13.000 millones, 530 mil pesos por cada connacional.

El 2021 será también un año extraordinario. Deberemos seguir atendiendo los desafíos sanitarios y, a la vez, levantar nuestra economía y recuperar el empleo. El acuerdo del 14 de junio entre el Gobierno, los partidos de Chile Vamos y los principales partidos de oposición, definió un presupuesto para 2021 por US$ 73.200 millones, similar al gasto excepcional de 2020. ¿Es un presupuesto reactivador? Sí. El indicador más objetivo para medir el impulso fiscal es la metodología de balance estructural, que proyecta un déficit estructural para 2021 de 4,7% del PIB, el más elevado desde que hay regla fiscal (en la crisis del año 2009, este fue de 3,1% del PIB).

En un contexto en que cerca del 80% del presupuesto está predefinido por ley, para el Presupuesto 2021 también hicimos un esfuerzo por revisar nuestro gasto y prioridades atendiendo al 20% restante susceptible de cambios. En un trabajo conjunto entre la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, evaluamos el foco y eficiencia de 687 programas. También pedimos a los servicios públicos que hicieran el ejercicio hipotético de formular su presupuesto con un 90% de los recursos del año anterior. Esto permitió develar sus prioridades, sobre invertir en ellas o disponer de recursos para ser destinados a otras prioridades, dado el momento actual. Adicionalmente, se implementaron fuertes medidas de austeridad en gastos de administración de cada servicio.

De cara al Presupuesto 2021, el resultado de este trabajo fue liberar recursos por US$ 2.300 millones, uno de cada seis pesos potencialmente redistribuibles, el mayor monto en 10 años. No para dejarlos en una bóveda, sino para redestinarlos hacia programas bien evaluados o prioritarios dado el contexto, así como para crear fondos extraordinarios (vacunas, pymes e innovación, listas de espera, cultura y salud mental), además de la ampliación de la cobertura de importantes programas sociales.

¿Nos vamos a quedar aquí con el esfuerzo de gastar mejor? Por supuesto que no. Revisar los programas y las prioridades no es un capricho. Es una necesidad y un deber moral. Es lo que hace cualquier hogar con su presupuesto anual, y no hay razón para que el Estado no haga lo propio con los recursos que, con sacrificio, las personas aportan con sus impuestos. Por eso es necesario ahondar en una reforma presupuestaria como la que iniciamos. Para seguir ganando en transparencia, mejorar el gasto y dar una mirada sistémica y no parcializada a los programas.

Dado su carácter extraordinario, los presupuestos 2020 y 2021 deben dar paso a un proceso de consolidación fiscal. Ello supone retirar el impulso fiscal excepcional a partir de 2022, tal como quedó refrendado en el acuerdo del 14 de junio. Chile ha construido un consenso respecto de que los gastos permanentes deben corresponderse con ingresos permanentes. Es el corazón de nuestra política fiscal. Romper con este sano principio arriesga la sustentabilidad de nuestros programas, elevaría la deuda pública a niveles insostenibles y llevaría a una carga financiera que consumiría parte importante de los ingresos fiscales. Ello, sin contar el costo de encarecer el crédito para toda la economía.

Nuestra institucionalidad fiscal, construida y perfeccionada bajo gobiernos de distinto signo, es un activo país. Es lo que nos ha permitido disponer de espacio fiscal para enfrentar esta crisis. Por lo mismo, solo cabe valorarla, cuidarla y seguir robusteciéndola.

Ignacio Briones R.
Ministro de Hacienda
Matías Acevedo F.
Director de Presupuestos

Dejar una respuesta