UDI rechaza fallo CIDH que dejaría sin efecto condena de comuneros mapuche

UDI rechaza fallo CIDH que dejaría sin efecto condena de comuneros mapuche

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El pasado 14 de marzo, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, comunicó que el máximo tribunal analiza dejar sin efecto una sentencia que condenó en 2014 a ocho comuneros mapuches, la mayoría por delitos terroristas.

Esto, debido a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso conocido como «Norín Catrimán y otros vs. Chile» en el que se acusó al país de violar derechos humanos de los miembros del pueblo mapuche, como, por ejemplo, el de la presunción de inocencia.

El anuncio de la Corte Suprema despertó las alertas de la UDI. Según trascendió, la situación preocuparía al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y en el partido defienden que «la jurisdicción chilena debiese estar por sobre cualquier tratado internacional que pretenda revocar una sentencia dictada por el tribunal supremo». De hecho, acusan que dejar sin efecto sentencias estaría «absolutamente fuera de las competencias de la CIDH».

A raíz de esta situación, los diputados miembros de la comisión de Constitución Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma enviarán hoy una carta – a la cual tuvo acceso «El Mercurio»- a los ministros supremos, la cual se titula: «El Estado no puede ceder soberanía jurisdiccional».

«Nos manifestamos absolutamente contrarios a ceder la competencia y jurisdicción de nuestros tribunales a órganos internacionales, ceder ante esta Corte implicaría abrir un abanico insospechado con consecuencias nefastas para el orden jurídico interno, cualquier ciudadano tendría desde ahora la posibilidad de recurrir ante la CIDH y pedir la revisión de su sentencia», se cita en el documento.

Asimismo, en caso de que la Corte Suprema se abra a obedecer el fallo de la CIDH, los parlamentarios -según afirman en el escrito- acudirán al Tribunal Constitucional.

Sumado a esto, ambos congresistas invitarán al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a la comisión de Constitución para abordar el tema.

«El fin es que nos explique los alcances, el criterio y las razones jurídicas que avalarían una decisión tan grave como la de revocar una sentencia firme y ejecutoriada que, en definitiva, tenderá a desestabilizar la certeza jurídica en cada una de las resoluciones de nuestros tribunales», sostiene Coloma, quien advierte que, de aceptarse la revocación, se marcaría un complejo precedente.

Alessandri, por su parte, plantea: «¿Las víctimas de los condenados pudieron defenderse ante la CIDH? Lo más preocupante es la más absoluta indefensión de las víctimas. En definitiva, una vez más el terrorismo triunfaría». (El Mercurio)

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