“Esperamos tener en las próximas semanas una respuesta alternativa que se está trabajando en el Ministerio de Justicia, que genere más consenso. El proyecto anterior no generaba consenso”.
De esa forma el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, anunció el jueves que desde el gobierno trabajan en una alternativa para el proyecto de ley que busca otorgar amnistía a un catálogo de delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, en el marco del estallido social.
Según explicó, como la iniciativa no genera consenso al interior del Congreso Nacional, desde La Moneda decidieron impulsar otra fórmula que será presentada durante la “próxima semana o la subsiguiente”.
Un anuncio que reiteró esta mañana el secretario de Estado, quien en diálogo con Radio Duna precisó, además, que desde el Ejecutivo están abiertos a “cruzar el río” para concitar apoyos.
“El gobierno está buscando una alternativa, está conversando tanto con el oficialismo como también con sectores que no son del oficialismo para conseguir los votos, y esperamos llegar a un consenso abordando las preocupaciones que han planteado los senadores”, señaló.
Ante ese escenario, explicó que si bien requieren “un consenso completo dentro del oficialismo y -por ejemplo- en sectores con los que se ha estado conversando este tema específico como la Democracia Cristiana (DC)”, indicó que “necesitamos cruzar el río”.
“Estamos buscando la fórmula para alcanzar eso y estamos trabajando a toda máquina para tenerlo”, aseveró.
“El perdonazo o amnistía es una señal desastrosa que le dice a los jóvenes violentos ‘vengan a destruir a Chile’”
Sin embargo, desde la oposición, el proyecto de amnistía no convence a la UDI. Esta mañana, diputados del partido gremialista acudieron a La Moneda para solicitar la urgencia al proyecto de ley Aula Segura II.
Durante la instancia, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que la iniciativa que busca otorgar amnistía no ha sido parte de las conversaciones que ha sostenido con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo.
“La ministra Ríos es la ministra que ha dicho que hay presos políticos. La ministra Ríos es que la que no supo bien decir qué tipo de reo era Celestino Córdova, y ahora le vienen a ofrecer un salvataje a aquellas personas que destruyeron no solo el centro de Santiago, sino que el centro de todas las capitales regionales”, expresó.
“¿Es prioridad para el gobierno eso? ¿Merecen perdón y amnistía los que les destruyeron la vida a barrios completos, barrios comerciales, pero también residenciales?”, agregó.
A su juicio, “el perdonazo o amnistía es una señal desastrosa que le dice a los jóvenes violentos, tanto chilenos como extranjeros, ‘vengan a destruir a Chile, vengan a quemar a Chile, porque después Gabriel Boric te va a perdonar’”.
Y precisó que “antes de andar perdonando ataques incendiarios, encerronas y el que baila pasa, yo centraría los beneficios del gobierno en quienes sí hacen respetar la ley, quienes sí quieren estudiar y quienes sí quieren sacar a Chile adelante”.
SEÑALES A ESTUDIANTES VIOLENTOS
“Esta carta la mandan los niños, por tanto pedimos al Presidente que también la lea”.
Así el jefe de bancada de los diputados UDI, Jorge Alessandri, se refirió al documento que entregaron la mañana de este viernes en la Oficina de Partes de La Moneda.
La misiva dirigida al Presidente, Gabriel Boric tiene como objetivo solicitarle al Mandatario que le dé urgencia al proyecto Aula Segura II -impulsada por el gremialismo- y que busca no dar beneficios del gobierno a secundarios que quemen buses y cometan desórdenes.
Según Alessandri la carta “la mandan los niños que no queman sus colegios, que no queman buses, que no atacan a profesores y directivos, los que sí quieren estudiar (…) la mandan los niños de liceos emblemáticos que ven cómo destruyen su establecimiento, como queman micros afuera y cómo destruyen su sueño de movilidad social, de lograr mayor prosperidad para ellos y sus familias”.
Su compañera de tienda, Flor Weisse agregó que “lo que pretendemos acá es que el Estado pueda sancionar a través de no otorgar beneficios a los estudiantes secundarios que provocan daño a la propiedad pública y privada. Particularmente el destrozo que hemos visto en muchas de las regiones y que entonces no puedan tener beneficios para acceder a la educación universitaria”.
Mientras que su par Cristhian Moreira sostuvo que “lo que hacen un puñado de jóvenes que desgraciadamente actúan como verdaderos delincuentes, impidiendo a la gran mayoría de los alumnos a poder educarse. Esta medida es de sancionar a aquellos que destruyen la propiedad educacional, porque le hacen un gran daño al resto. También hemos visto cómo han atemorizado a los profesores de los colegios”.
Juan Antonio Coloma explicó que “lo que nosotros queremos es que una persona que no es capaz de mantener una vida en común, una persona que está dispuesta a quemar con un overol blanco un establecimiento educacional, quemar una micro, no pueda acceder a gratuidad universitaria”.
“La pregunta es: ¿por qué todo Chile le va a tener que financiar la educación a una persona que está quemando las micros, quemando su propio establecimiento, lanzando bombas molotov a Carabineros? A esas personas les queremos decir fuerte y claro, que con el proyecto que estamos presentando estamos buscando que estas personas sepan que no van a poder optar a los beneficios del Estado”, complementó.
Mientras que Cristian Labbé indicó que “le pedimos al Presidente que se ponga los pantalones y sea capaz de tomar y escoger esta carta, leerla. Al igual que lee la carta de los niños, lea la carta que los parlamentarios le estamos enviando para que termine la fiesta de los estudiantes que le quieren privar a otros estudiantes de estudiar”.
“Quemar un establecimiento, quemar una micro, no tiene perdón de Dios”, cerró.
Finalmente, el UDI Álvaro Carter sostuvo que “la educación es de todos los chilenos y más importante, es de los jóvenes y los niños”.
“Este proyecto va a buscar que aquellos que estén con overol blanco y que no sean de los colegios, sean infiltrados y sean estudiantes universitarios, también pierdan todo beneficio. Porque destruir un bus, un local, no es de un país que quiera estar en paz. Si los violentistas quieren seguir en este actuar, nuestra obligación como parlamentarios es endurecer las penas”, concluyó. (La Tercera)
