UC entrega informe sobre crisis de abuso y encubrimiento en la Iglesia

UC entrega informe sobre crisis de abuso y encubrimiento en la Iglesia

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«El abuso cometido por sacerdotes -que por lo general recayó sobre menores de edad religiosamente comprometidos y que utilizó los recursos que ofrecía la propia religión- constituye un escándalo sin parangón», asegura el informe emitido por la Comisión UC

Para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica en Chile, una entidad que nació en 2018, tras un llamado realizado por el Papa Francisco y que este jueves entregó su informe final sobre la materia tras casi dos años de trabajo.

El objetivo general del documento —que fue elaborado por 16 académicos de la U. Católica de las facultades de Ciencias Sociales, Comunicaciones, Derecho, Filosofía, Historia, Geografía, Ciencia Política y Teología— fue determinar la naturaleza y el alcance del abuso sexual por parte de sacerdotes católicos que ejercieron su ministerio en Chile, abarcando exclusivamente aquellos cometidos en contra de personas menores de edad.

También se examinaron las deficiencias presentadas en la respuesta institucional ofrecida por la Iglesia Católica a los abusos y la reparación de las víctimas.

«Los abusos sexuales contra menores son crímenes que afectan al grupo más inocente, vulnerable y querido de una sociedad: sus niños y jóvenes«, explicó el rector del plantel, Ignacio Sánchez, durante el seminario donde se dio a conocer el informe.

«Dentro de las causas y factores condicionantes existentes en Chile se incluyen el clasismo y elitismo de nuestra sociedad, que tendería a la formación de relaciones jerárquicas entre las personas. Por otra parte, el marcado clericalismo en Latinoamérica estaría en la base de estas relaciones asimétricas y piramidales«, añadió.

En el documento se constata que «la magnitud y naturaleza del abuso sacerdotal de menores de edad es muy parecido al que se registra en otros informes semejantes» realizados internacionalmente, algunos de ellos publicados a partir de 2004.

El informe señala que la cifra de denuncias de abuso sexual de sacerdotes contra personas menores es de 3,7% en el caso de Chile, una estimación realizada sobre «el total de sacerdotes existentes en un periodo de cincuenta años», entre 1970 y 2020.

«A pesar de que el primer caso chileno apareció hace veinte años, una proporción muy considerable de las denuncias se han producido en los últimos dos años, de manera que debe considerarse la cifra chilena como una estimación inicial», señala el documento.

El caso nacional, dice también, «sobresale porque han faltado instancias eclesiásticas de denuncias formalmente respaldadas por la Iglesia, comisiones de investigación sea de origen eclesiástico o civil e iniciativas eficaces de apoyo y protección de víctimas, que en todas partes han alentado el develamiento de estos abusos».

CARACTERÍSTICAS DEL ABUSO

El informe elaborado por la comisión caracteriza el abuso sexual contra menores ocurrido en Chile, encontrando entre sus rasgos distintivos la «concentración de víctimas en adolescentes de sexo masculino» y la «prevalencia del abuso en un ambiente de atención religiosa y cuidado pastoral, casi siempre ejercido sobre personas conocidas, antecedido por un proceso de acercamiento y planificación y que aprovecha largamente la confianza que las víctimas y sus familiares depositan en el sacerdote».

«Otros aspectos característicos han sido la edad tardía en que se comete el primer delito entre los sacerdotes que han abusado de menores de edad», expone el informe, lo que «sugiere que el abuso está específicamente asociado con determinadas condiciones de la vida propiamente sacerdotal«. También se advierte la «ausencia de delitos distintos del abuso entre los sacerdotes involucrados».

Los sacerdotes más involucrados, sostiene la investigación, han sido «aquellos formados en la década del ochenta en adelante», lo que contrasta con otros informes que revelaban mayor proporción entre religiosos formados en décadas anteriores.

«Llama la atención la tasa de prevalencia de abusos en el clero religioso y en ambientes educativos, y el compromiso de sacerdotes de gran renombre y prestigio. Se ha obtenido alguna evidencia respecto de la importancia de factores situacionales en el abuso sacerdotal, principalmente el contacto frecuente con menores de edad sin un debido control y supervisión, pero también factores institucionales como aquellos que estimulan una confianza ciega hacia los sacerdotes, y que le permiten ejercer una autoridad sin ningún contrapeso«, expone el texto.

Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales UC y presidente de la comisión, Eduardo Valenzuela, señaló que «en el sacerdocio ministerial católico se concentran expectativas muy elevadas de testimonio y ejemplo moral que pertenecen a la índole de su propia misión».

«La gravedad del abuso sacerdotal se redobla por el hecho de que los abusos fueron, por lo general cometidos en un ambiente eclesial, en el marco de un vínculo de confianza religiosamente motivado entre víctima y ofensor, y en ocasiones utilizando los recursos que ofrece la propia religión», añadió.

Además de Sánchez y Valenzuela, participaron de la presentación del documento la psicóloga del consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, Josefina Martínez; el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco; el director ejecutivo de la Fundación Para la Confianza y denunciante de Karadima, José Andrés Murillo; y la presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, Ana María Stuven.

RESPUESTA DE IGLESIA CHILENA

Además de analizar las características propias de los abusos cometidos, el informe se detiene en la respuesta que encontraron estos delitos por parte de la Iglesia Católica, entregando una visión lapidaria: «A pesar de que la crisis de los abusos sacerdotales se manifiesta de modo semejante en varias partes del mundo, la respuesta institucional de la Iglesia chilena ha sido tanto o más insuficiente que la que han ofrecido otras iglesias enfrentadas a una encrucijada similar«.

«En todas las iglesias hubo renuencia para acreditar las denuncias recibidas, falta de celo en las investigaciones realizadas y una fuerte tendencia a restar importancia a los delitos y evitar sanciones contra sacerdotes. Algunas de ellas, sin embargo, reaccionaron más temprano y con mayor decisión, sobre todo en la gestión penal de los casos», explica el documento.

Según la comisión, en la Iglesia chilena «demasiadas veces se han gestionado casos con desconsideración hacia las víctimas, secreto y demora injustificada, y completa indiferencia respecto de las comunidades afectadas, y se han desconocido los deberes y responsabilidades institucionales que caben en estas materias».

«Ha prevalecido el uso discrecional de la autoridad de obispos y superiores, el espíritu de cuerpo del clero y de las congregaciones religiosas y la pasividad completa de los laicos», añaden.

El informe también reconoce el rol de la prensa y los medios de comunicación en el develamiento de los abusos, y señala que los tribunales de justicia, en contraposición, «apenas han jugado un papel significativo, al tiempo que la legislación que protege a las víctimas y sanciona esta clase de crímenes ha avanzado muy lentamente en nuestro país».

A pesar de criticar la lentitud de los procesos, la comisión reconoce que la Iglesia, sobre todo en el último tiempo, ha realizado «esfuerzos de prevención que deben ser reconocidos».

«Actualmente se sabe que el encubrimiento ha sido un problema tan grave como el abuso mismo. La angustia y el dolor de las víctimas se ha replicado en la indiferencia con que se han recibido sus reclamos y en la negligencia de las autoridades religiosas para darles cumplimiento», concluye el informe, junto con postular que «el impacto de la crisis en la conciencia y al vida religiosa de los fieles ha sido uno de los más graves que se registran en cualquier parte del mundo».

RECOMENDACIONES

Por último, el documento señala que la Iglesia «ha hecho poco para comprender y asumir el impacto, en gran medida porque no ha reconocido la responsabilidad propia que le cabe en la crisis que ella misma ha ocasionado».

«La Iglesia es una comunidad de sentido que ha sido herida en el corazón de aquello que profesa», exponen.

Como la comisión reconoce que el origen de esa herida «ha sido el descuido persistente de las víctimas», señala que «cualquier enmienda exige procesos efectivos de reconocimiento, justicia y reparación».

«La Iglesia requiere de un hondo proceso de conversión con acciones y gestos de alto vuelo, compromisos y propósitos de enmienda públicamente expuestos y una actitud decidida de renovación religiosa y pastoral», dicen.

«El carácter institucional de la crisis de la Iglesia exige asimismo establecer mecanismos eclesiales de control de la responsabilidad de sus autoridades, transparencia comunicativa y rendición jurídica de cuentas que propendan hacia un ejercicio más justo y ponderado de la autoridad eclesiástica en todos los niveles en que se desenvuelve», proponen. (Emol)

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