El lunes 25 de junio los estudiantes movilizados de la Universidad Central volvieron a clases tras estar poco más de dos semanas en toma. Abogaban por erradicar la educación sexista que, aseguran, existe en la institución, además de exigir el término de situaciones de acoso y abuso sexual.
«En el contexto de la negociación que hubo con la asamblea de estudiantes feministas, ellas presentaron una serie de denuncias que comprometen a académicos y funcionarios. Son cerca de 14 académicos», los que están siendo investigados, afirmó el director de comunicaciones corporativas del plantel, Sergio Escobar.
Al respecto, señaló que «para tener un debido proceso, estos académicos fueron separados de sus funciones y el comité de ética tiene que investigar estas denuncias y ver si es que tienen o no pruebas».
La asamblea de mujeres e identidades no heterosexuales fue la que canalizó las acusaciones, y se precisó que los docentes estarán alejados de sus funciones por 30 días, hasta que concluyan las revisiones.
Entre los 14 académicos que fueron separados está el director de la Escuela de Ciencia Política, Rodrigo España. «Por recomendación del comité de ética (…) el director de la Escuela de Ciencia Política ha sido separado provisionalmente de sus funciones, a objeto a desarrollar de mejor forma dicho proceso investigativo», señaló el comunicado que envió el decano de la facultad de Gobierno, Marco Moreno, a sus estudiantes.
Según Moreno, el director de carrera fue apartado no por una denuncia de acoso en su contra, sino por cómo trató un caso que se le habría informado: «En su rol de director de escuela habría, eventualmente, conocido una situación entre estudiantes y no habría abordado esta dificultad».
«Descarto que se refiera a situaciones de acoso o de abuso de poder», añadió.
En la Facultad de Comunicaciones también hay académicos separados debido a denuncias.
«Hace poco me enteré que en la facultad hicieron una lista donde ponían a las ‘más bonitas o ricas’ y me contaron que yo estaba dentro de esa nómina. En la construcción de la lista participaron estudiantes junto a un profesor, quien siempre se me acercó mucho», afirmó Magdalena Rubio, estudiante de tercer año de Periodismo.
COMO REACCIONAR
La asamblea aseguró que en la negociación para deponer las tomas se dejó estipulado cómo debería actuar la universidad ante las denuncias interpuestas.
«Acordamos que ellos (las autoridades) tenían tres días desde que firmamos el acuerdo para generar medidas de seguridad para las víctimas. Eso significaba que (los denunciados) iban a ser separados de sus funciones administrativas o docentes», afirmó Elize Cárcamo, integrante de la asamblea.
Precisó que cuando la acusación es en contra de un estudiante, este debe dejar de asistir a clases.
El encargado de comunicaciones del plantel puntualizó que la decisión de alejar a funcionarios «es parte de nuestra normativa cuando se hace una denuncia. El comité de ética investiga y para que haya un debido proceso se le retira de sus funciones». (El Mercurio)
