Hace décadas, en la primera semana de estudios en la escuela de Economía, en la Chile al menos, se entendía que esa disciplina era una ciencia social, que permite estudiar los resultados del comportamiento de las personas, a nivel individual y de conjunto, en un contexto de escasez material de recursos. Eso se generaba en lo que se llamaba, con gran originalidad, el problema económico: muchas necesidades que eran ordenadas por preferencias, frente a recursos escasos que eran de uso alternativo. Es decir, siempre existía un costo de oportunidad.
Nadie en su sano juicio pensaba que todo era reducible al análisis de las consecuencias de la escasez, porque existían ámbitos de la vida que no tenían que ver con recursos materiales. Se planteaba que ese enfoque no era el único para comprender el funcionamiento de una comunidad, pero era parte importante. En otros cursos, se reflexionaba en torno al papel del economista como asesor de los políticos, haciendo una diferencia clara entre el análisis y la política económica.
Con un poco mayor de profundización, se podía comprender por qué, casi siempre, se tiende a preferir el consumo presente frente al consumo futuro. Una consecuencia es que, en todas partes, el ahorro personal para financiar pensiones es de carácter obligatorio. Es decir, es esperable que si se permite retirar los ahorros previsionales, las personas los retiren, no necesariamente por tener bajas de ingresos.
Hoy parece que todo lo anterior era un error de los economistas. Parte de ese planteamiento tiene que ver con el avance de la propia disciplina, que ha refinado y modificado algunas de las definiciones derivadas del comportamiento racional del “homo economicus”. Importante ha sido la interacción con otras áreas del conocimiento que han avanzado mucho, como la psicología social, las neurociencias, la estadística, la antropología cultural, entre otras. También se debe considerar que muchos economistas han sido demasiado “entusiastas” respecto del poder explicativo de las herramientas de su análisis, cayendo en un reduccionismo, o no han diferenciado apropiadamente una recomendación de una decisión política. Lo que no ha sido superado es el principio del costo de oportunidad, especialmente con los planteamientos de desarrollo sustentable.
Es creciente entre nosotros una especie de disparo al mensajero, por las restricciones que el análisis económico postula ante decisiones políticas, ante deseos, al evidenciar las consecuencias de esas decisiones. Una forma de ese rechazo se evidencia al afirmar que muchas de las necesidades no se satisfacen simplemente porque no ha existido voluntad política o porque no existían como un derecho en la Constitución. Cabe destacar que, por esa razón, aparte de la falla de los economistas, también deben asumir su cuota de responsabilidad los abogados constitucionalistas.
Un caso muy relevante sobre ello es que se ha redescubierto que sería posible aumentar los recursos, y resolver muchas más necesidades, con el sencillo expediente de aumentar la participación de los impuestos en el PIB. O, todavía más fácil, haciendo un presupuesto de gasto fiscal alejado de los “economicistas”, peor si son neoliberales, que han campeado en nuestro país. Las consecuencias de los abultados déficits fiscales son un “no tema”, haciendo caso omiso de los efectos de la inflación, crisis externa, o ambas. El caso de Argentina no es relevante, porque no se plantea o se ignora, en el sentido de ignorancia, falta de conocimientos. ¿Ya no vale la pena estudiar economía? Nuestra respuesta podría tener un cierto conflicto de intereses, pero estamos convencidos de que su desconocimiento bordea lo peligroso, tratándose de actores que deben definir políticas públicas. (El Mercurio)
Hugo Lavados
Ramón Berríos
