CC; grupo acusa «intromisión indebida» de la Suprema, tras recibir aporte de...

CC; grupo acusa «intromisión indebida» de la Suprema, tras recibir aporte de ésta

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Todo partió en la Tercera Sala de la Corte Suprema. Se terminaba el año 2021 y en esa instancia, que está dedicada a temas constitucionales, los cinco ministros que la componen –Sergio MuñozÁngela VivancoAdelita RavanalesMario Carroza y Jean Pierre Matus- comenzaron a debatir sobre las ideas que ya a esa altura empezaban a surgir en la Convención Constitucional.

Más que un debate, comentan testigos de esa conversación, lo que surgió fue la inquietud de saber qué pensaba el máximo tribunal sobre algunas de las iniciativas que estaban presentándose en la Convención y que le darán forma a lo que será el futuro Poder Judicial. En ese tiempo ya se sabían algunas cosas básicas, como que la judicatura ya no llevará ese nombre, sino que lo más probable es que sea denominada como Sistemas de Justicia.

En ese momento, los magistrados supieron que el ritmo de la discusión constituyente ameritaba que la Suprema tuviera un rol en el asunto. La razón, dicen altas fuentes judiciales, apuntaba a que lo que estaba en juego era crucial para el futuro de los judiciales y eso necesitaba que los representantes del máximo tribunal pudieran seguirle el ritmo a la discusión de la Convención y no verse sorprendidos cuando los convencionales empezaran a adoptar acuerdos.

Fue el presidente de la sala, el ministro Muñoz, quien tomó la decisión de compartir esta inquietud ante el pleno de ministros. Días después, en la cita de todos los lunes, el supremo les planteó a sus pares la necesidad de que el máximo tribunal pudiera monitorear y seguirle el ritmo a la discusión constituyente. Si lo que estaba en juego es el futuro del Poder Judicial, los supremos no podían quedarse al margen de eso. Sobre todo, comentan las mismas fuentes, porque hay un principio que deben defender: la independencia. Todo eso siempre fue con un margen claro, la Convención es un órgano autónomo y la Suprema debe respetar eso.

En ese pleno, los ministros tomaron una decisión estratégica: formar una comisión de apoyo. Se optó por escoger a cuatro supremos para que la integraran. La misión, que fue por consenso, quedó encargada a los ministros Leopoldo LlanosArturo PradoÁngela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Los nombres no fueron al azar. Para nadie es un misterio la cercanía de Llanos con la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, por lo tanto, su presencia ayudaría para reflejar los acuerdos de esa instancia. Los otros tres, que corresponden a los cupos de abogados externos al Poder Judicial, se pensaron por la conexión que tienen fuera de la judicatura.

LOS 14 ARTÍCULOS QUE REDACTARON LOS SUPREMOS

La primera tarea de esta comisión fue recoger los acuerdos que ha tomado la Suprema en aspectos cruciales para la judicatura. El marco de trabajo de estos ministros quedó claro desde el inicio. Su rol no sería tomar nuevas posturas, sino que simplemente recoger el trabajo histórico que ha tenido el máximo tribunal en materia de estructura y funciones del Poder Judicial.

Al sistematizar esa información, los supremos acogieron la invitación que la misma Convención les hizo cuando el expresidente de la Suprema Guillermo Silva fue a exponer a la comisión de Sistemas de Justicia. Esa vez los constituyentes transmitieron que siempre estarían disponibles para recibir insumos o propuestas.

Por eso la primera tarea de la comisión fue transformar los acuerdos de la Suprema en artículos que sirvieran para una futura Carta Magna. El primer borrador fue compartido en la Tercera Sala y luego de que fuera visado, fue enviado directamente a la Convención. Así nació el documento de cinco páginas titulado “Propuesta de normas constitucionales referentes al capítulo de la función jurisdiccional”. Son 14 artículos y una norma transitoria que quedó ingresado al órgano como uno de los tantos insumos con los que han trabajado con los convencionales.

La siguiente tarea de la comisión fue hacerles seguimiento a las iniciativas de normas que empezaron a ingresar los convencionales. Conocedores de esta labor dicen que la comisión ha ido preparando cuadros comparativos con las propuestas, anotando los aspectos que van en línea con los acuerdos de la Suprema y destacando aquellos en los que la máxima judicatura aún no se ha pronunciado.

Todo este trabajo ha sido expuesto ante el pleno. Así ocurrió el lunes de la semana pasada cuando los ministros Llanos y Matus presentaron ante todos sus colegas las iniciativas ingresadas a la comisión, los puntos conflictivos y los aspectos en los cuales hay que poner atención.

LOS NEXOS CON LAIBE, COZZI Y CRUZ 

Fuentes judiciales aseguran que los integrantes de esta comisión de apoyo han activado sus redes para estar en contacto con los integrantes de la Convención. Ya hay varios puentes entre ambas instituciones.

Llanos tendría cercanía con el convencional socialista Tomás Laibe, quien, desde enero, forma parte de la mesa ampliada de la Convención en su nuevo rol de vicepresidente adjunto. Vivanco y Prado, en tanto, tienen buena llegada con el convencional de RN Ruggero Cozzi. Matus, por su parte, conoce al convencional del Colectivo Socialista Andrés Cruz, el exfiscal, quien, además, fue su alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Pese a que hay algunos puntos controversiales, los supremos consideran que, hasta ahora, gran parte de las ideas aprobadas en general por la comisión recogen los principios generales ya acordados por la Suprema, como por ejemplo, la separación de las funciones judiciales y administrativas. La gran pelea, creen, estará en los detalles de los artículos.

LA SUPREMA GOLPEA LA MESA

Hasta hoy el máximo tribunal había optado por estar en segundo plano. Sin embargo, la aprobación en general de las iniciativas que limitan la duración de los jueces cambió radicalmente el escenario. Entre los convencionales hay consenso en la intención de limitar a los supremos a un periodo que iría entre 10 y 15 años. Además, hay un grupo de constituyentes que están impulsando la polémica iniciativa 319 que va un paso más allá y limita la duración de los ministros de cortes de apelaciones y jueces inferiores a un periodo de ocho años con posibilidad de reelección.

En el pleno de ayer los supremos acordaron dar un punto de prensa que quedó encargado a la ministra Vivanco, debido a que la vocera Gloria Ana Chevesich se encuentra de vacaciones. Hoy, a las 10.30, la magistrada fue la encargada de transmitir el mensaje que buscaba, como principal objetivo, defender los principios de independencia y de inamovilidad de los jueces. Ambos, a juicio de la Suprema, corren riesgo de debilitarse con estas propuestas.

“Resulta necesario reparar que establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, como es el contar con jueces independientes y, por tanto, inamovibles hasta la edad de jubilación, en tanto mantengan buen comportamiento, de manera que no estén ni aun teóricamente sujetos a presiones de grupos de poder de cualquier orden, de quienes pudiera llegar a depender su futuro laboral o profesional”, leyó Vivanco.

En la máxima judicatura estaban conscientes de lo celosos que son los convencionales respecto de su autonomía. Dado que el ánimo de los magistrados no es entrar en contradicción con ese principio, el mensaje quiso dejar explícito el objetivo del máximo tribunal al querer dar este mensaje: “Se hace esta declaración en la esperanza de que las reflexiones anteriores sean consideradas como una colaboración en la construcción del sistema de justicia que el país demanda”.

CONSTITUYENTE: «INTROMISIÓN INDEBIDA»

Luego de que la Corte Suprema alegara que las propuestas aprobadas en general por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención «ponen en peligro» la inamovilidad e independencia de los jueces de Apelaciones e Instancia, un grupo de constituyentes salió a criticar duramente esa postura.

La constituyente Manuela Royo (MSC) dijo que «hoy recibimos un comunicado que no solamente fue entregado a convencionales de la Comisión de Justicia, sino a todos los jueces y juezas de Chile, lo que consideramos que es una intromisión indebida por parte de la Corte Suprema y es preocupante respecto a la autonomía e independencia de la Convención Constitucional«.

Asimismo, aclaró que uno de los puntos que cuestiona la Suprema es que si se cambia la duración del mandato de los jueces, gastarán mucho tiempo realizando ternas, pero parte de la propuesta establece precisamente un nuevo sistema de nombramientos.

«Es uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención desde su instalación (…) esto no se trata de una opinión de uno o dos jueces, sino la opinión institucional de la Corte Suprema. Con esto lo que se plantea es la circunstancia de que ninguna persona que integra ese organismo va a poder emitir una opinión distinta de la que oficialmente la CS ha planteado», cuestionó Mauricio Daza (INN).

«Con total independencia sobre la opinión que cada uno tenga respecto de la iniciativa acerca de la duración de los magistrados en su función, esta declaración de la Corte Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales», declaró Fernando Atria (FA).

Además, el convencional Hugo Gutiérrez (PC) sostuvo que el máximo tribunal está tratando de «intimidarnos, coartarnos nuestra libertad para presentar iniciativas convencionales, que podemos estimar que están bien o están mal, eso será parte de un debate que daremos al interior de la Convención».

ENTRETELONES

La comisión de Sistemas de Justicia aprobó este lunes en general la creación de un Consejo Supremo de Justicia, integrado por 21 miembros, que se encargará del gobierno y la administración de todo el sistema judicial en el país, incluyendo el nombramiento de supremos -cuyas propuestas tienen actualmente su origen en el máximo tribunal-, el Fiscal Nacional, el Defensor Público y los notarios, entre otros.

La propuesta, que deberá ser votada ahora en particular en la comisión y más tarde en el pleno, se encargará de gestionar los recursos y tiene facultades disciplinarias y sancionatorias, lo que supone quitar poder al máximo tribunal y rediseñar el sistema judicial en Chile.

El apoyo del FA-PC al polémico artículo 136. Además, la comisión aprobó la norma 136, impulsada por el convencional Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente) y que contó con el respaldo de sus pares del Frente Amplio (Daniel Stingo y Cristián Viera) y el PC (Hugo Gutiérrez), de Apruebo Dignidad, la coalición del Presidente electo, Gabriel Boric.

  • En el articulado de la normativa se realizan cambios en torno a la inamovilidad de los jueces, como lo dispone actualmente la Constitución.
  • “Quienes integren los Tribunales de Apelaciones ejercerán su cargo por ocho años, no pudiendo ser reelegidos para la misma jurisdicción”, indica el texto.
  • En otro de sus párrafos sostiene: “Quienes ejercen jurisdicción en los Tribunales de Justicia señalados en los incisos anteriores permanecerán en sus cargos por ocho años o hasta el cumplimiento de los 75 años de edad, pudiendo ser reelegidos. La ley regulará el régimen de vacancias, subrogaciones y suplencias aplicable a los jueces de los Tribunales de Instancia”.
  • La votación generó un fuerte debate interno en la comisión. El convencional Ruggero Cozzi (RN) pidió que se realizara una votación separada de las normas, para poder rechazar en general la idea, la que finalmente fue aprobada.
  • “La independencia e imparcialidad de los jueces es fundamental. Acá el problema es que, al limitar a 8 años la duración en sus cargo, los jueces empezarían a tomar decisiones pensando en su futuro laboral antes que en el mérito de sus sentencias. Esta idea de Hugo Gutiérrez y Mauricio Daza había que rechazarla de plano, pero desgraciadamente sigue primando un buenismo e infantilismo que impide hacer las cosas con responsabilidad al interior de la Convención”, dijo Cozzi.

La declaración de la Suprema. El pleno de la Suprema emitió este martes un pronunciamiento sobre lo dispuesto en la Convención, el que fue leído por la ministra Ángela Vivanco. El texto, que apunta principalmente al polémico artículo 136, parte así: “Se acordó expresar lo siguiente respecto de la independencia judicial de las juezas y los jueces, que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos”.

  • “Debido a todo lo que se ha razonado precedentemente, previo a la realización de una reforma que afecte la inamovilidad de los jueces de instancia y cortes de apelaciones, resulta necesario reparar que establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño no solo contradice las recomendaciones internacionales, sino que pone en riesgo un elemento fundamental de toda sociedad democrática, como es el contar con jueces independientes, y por tanto inamovibles hasta la edad de jubilación, en tanto mantengan un buen comportamiento, de manera que no estén ni aún teóricamente sujeto a presiones de grupos de poder de cualquier orden, de quienes pudiera llegar a depender su futuro laboral o profesional”.

La otra señal de los jueces. En su declaración, los supremos entregan antecedentes sobre la forma en que ha operado las designaciones en el máximo tribunal a partir de 1998. Antes, sin embargo, sostienen que su opinión es “sin perjuicio de la determinación de la Convención Constitucional respecto de la edad máxima y años de permanencia de las ministros y los ministros de la Corte Suprema en sus cargos, en torno a lo cual no se emite ningún juicio”. (La Tercera-Emol-Ex Ante)

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