Fueron dos días de deliberación en el tercer piso del lado poniente del Palacio de Tribunales. En ese sector está ubicada la Segunda Sala de la Corte Suprema, tribunal que escuchó atentamente el martes los alegatos de los abogados defensores de los ocho detenidos en el marco de la llamada Operación Huracán. Ellos están en prisión preventiva a raíz de que se les imputa una supuesta asociación ilícita terrorista para realizar una serie de atentados en La Araucanía. Todo esto bajo el rótulo de la Ley Antiterrorista.
Mientras los fiscales defendieron su postura de imputarles una presunta coordinación para hacer los ataques en base a intercep- taciones de mensajes de WhatsApp y manifestaron que fue un juzgado de garantía el que tomó la decisión de dejarlos en prisión preventiva, los representantes de los imputados indicaron que no existían pruebas en su contra y que esa resolución no se hacía cargo de los argumentos de la defensa y le daba validez sólo a lo que señalaba el Ministerio Público. Este caso fue revisado por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama.
Finalmente, los magistrados tras ese análisis llegaron a un acuerdo ayer y tomaron de forma unánime una drástica decisión: acoger el recurso de amparo y ordenar la liberación de los comuneros.
La resolución será dada a conocer hoy y notificada a los penales de Concepción y Temuco, donde están presos los imputados. Luego de esto, Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva quedarán en libertad.
¿Cuál fue el argumento de los jueces para revertir la decisión que tomó la jueza de garantía de Temuco, Luz Arancibia? De acuerdo a la resolución de los supremos, en el fallo de la magistrada que ordenó la prisión preventiva de los comuneros no se estableció uno de los requisitos principales para decretar la medida cautelar más gravosa del sistema penal: hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la resolución de los magistrados no significa que ellos queden libres de la investigación del Ministerio Público, sino que el problema estuvo en la argumentación de la magistrada para determinar la prisión preventiva. Es por esto, que el Ministerio Público podrá solicitar esta cautelar con nuevos antecedentes si lo estima necesario.
INVESTIGACIÓN
El caso estalló el 23 de septiembre, luego de que luego de que la Dirección de Inteligencia de Carabineros entregó un dossier a la Fiscalía Regional de La Araucanía con una serie de interceptaciones de mensajes emitidos desde los supuestos teléfonos celulares de los detenidos. En ellas se daba cuenta de coordinaciones para perpetrar atentados incendiarios a camiones e incluso un presunto tráfico de armas. Además, se señaló que el objetivo de esta agrupación era incendiar 100 camiones.
De acuerdo a la información de la policía, los comuneros pertenecían a tres grupos violentistas en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auca Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).
De esta manera se ligó a la CAM a Héctor Llaitul, David Cid, Ernesto Llaitul Pezoa y a Claudio Leiva; sindicaron a Fidel Tranamil y Martín Curiche como líderes de la WAM, y a Jaime Huenchullán Cayul y a Rodrigo Huenchullán Cayul como miembros de la RMM.
Durante el 24 de septiembre fueron formalizados y se les imputó tres atentados, entre ellos el ocurrido el 19 de agosto en Padre Las Casas, en que fueron quemados 17 camiones.
Sobre estas acusaciones, los abogados de los comuneros restaron legitimidad a las pruebas y manifestaron que inclusos sus defendidos no usaban sistema de mensajería como WhatsApp o Telegram.
MINISTRO CAMPOS: LA JUSTICIA RESUELVE
«Me atengo a lo que resuelven los tribunales». Palabras con que el ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a la eventual libertad de los ocho comuneros mapuches que están en prisión preventiva por «Operación Huracán», en el marco de la investigación por los atentados incendiarios en la zona sur del país.
En entrevista en radio Cooperativa, el secretario de Estado señaló que «en esta materia tengo una sola posición. Cualquiera sea el hecho. Yo me atengo a lo que resuelven los tribunales. Los que determinan qué es delito, que no es cómo se califica, y las medidas cautelares en relación con los procesados son los tribunales. Si la Corte Suprema lo resolvió así, así será».
ALEUY LLEGA A LA MONEDA
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, llegó sorpresivamente a La Moneda interrumpiendo su periodo de vacaciones, que estaba contemplado hasta la primera semana de noviembre.
La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, dijo que Aleuy “se ha reintegrado a sus funciones” a partir del día de hoy.
Asimismo, Narváez señaló que “está ya trabajando en el Palacio de La Moneda y así ha sido informado por el Ministerio del Interior“, agregando que dicho retorno “no tiene que ver con ninguna otra acción dependiente de otras instituciones del Estado, tiene que ver con la evaluación propia que ha hecho el subsecretario de acortar su periodo de vacaciones y reincorporarse hoy a sus funciones“.
Lo anterior debido a que Aleuy se encontraba haciendo uso de su feriado legal desde el pasado 4 de octubre, periodo que se extendería hasta el 18 de octubre.
La autoridad había accedido a su feriado legal luego de un conflicto político con la Presidenta Michelle Bachelet tras la “quitada de piso” al recalificar la aplicación de la Ley Antiterrorista en la querella en este caso, debido a que los comuneros se encontraban en huelga de hambre y en un delicado estado de salud.
ABBOTT VE PELIGRO DE FUGA
El fiscal nacional Jorge Abbott, advirtió que existe la posibilidad que los cimuneros liberados escapen de la justicia. «Efectivamente si quedan en libertad hay un peligro de fuga, que fue una de las justificaciones al solicitar la prisión preventiva y esperamos que ello no ocurra», sostuvo el máximo jefe persecutor tras participar de un seminario en el sector oriente de la capital, minutos antes de la confirmación por parte del vocero del máximo tribunal, Milton Juica.
En este sentido, Abbott enfatizó que la resolución judicial en ningún momento cuestiona el trabajo de la Fiscalía, sino que se trata de un problema técnico, que consta en que el tribunal no explicitó los fundamentos para acceder a la prisión preventiva.
«Por la información que tenemos a través de los medios de comunicación, la resolución no cuestiona el trabajo de la policía ni del Ministerio Público y nos habilitaría para pedir nuevamente una audiencia para discutir cautelares, donde se pueda lograr la misma medida cautelar pero con una resolución debidamente fundada», explicó.
Consultado por si solicitarán nuevamente la prisión preventiva, Abbott sostuvo que se trata de una decisión del fiscal regional Cristián Paredes «y el nuevo tribunal tendrá que fundamentar su resolución si es que accede a esa petición». En ese sentido, el máximo jefe persecutor descartó que se trate de un fracaso en la investigación.
«No hay fracaso, aquí hay un problema meramente formal de una resolución judicial, lo que ocurre con alguna habitualidad y en consecuencia nosotros seguiremos adelante con nuestra investigación y reiteraremos si corresponde, si lo resuelve así el fiscal regional, la petición de la prisión preventiva«, insistió.
Respecto de posible nuevos hechos de violencia en La Araucanía, Abbott dijo esperar que «no haya nuevos hechos violentos, pero no veo por qué esta resolución podría cambiar las cosas, cuando se trata de un tema puramente de carácter formal. (…) Es un problema técnico y que no tiene que ver con la calidad de la información entregada por el Ministerio Público».
Por último, rechazó realizar una crítica a la resolución de la magistrado del Tribunal de Garantía de Temuco, Luz Arancibia, señalando que «hay que estar en una audiencia y dictando una resolución muy compleja, con muchos intervinientes, con muchos abogados y efectivamente puede haber algún tipo de defectos, que pueden ser atribuibles a la naturaleza misma de la audiencia, por lo que no puedo hacer ningún juicio crítico respecto de la resolución».
COMUNEROS LIBERADOS
La tarde de hoy la Corte Suprema decretó la libertad inmediata de los ocho comuneros mapuches detenidos el pasado 23 de octubre tras ser imputados por la llamada Operación Huracán.
De acuerdo a la resolución de la corte, la decisión tomada por la jueza de garantía de Temuco Luz Arancibia, tenía falta de fundamentos para justificar la medida cautelar.
Héctor Llaitul y junto a otros siete mapuches fueron detenidos tras ser acusados de estar vinculados a diferentes delitos de violencia rural, entre ellos a la quema de 18 camiones al sur de Temuco el 19 de agosto y el ataque incendiario de otros 29 camiones en la comuna de San José de Mariquina en la región de Los Ríos.
Al respecto, el machi Fidel Tranamil, uno de los detenidos, indicó a su salida del recinto penitenciario que “no tenían miedo”.
“Estamos contentos, se cae todo lo que estaba pasando y que quede claro que las comunidades van a seguir en el proceso de recuperación de tierras”, señaló. “Tenemos claro que somos inocentes, todos somos inocentes”. (La Tercera/Emol-Cooperativa-El Dínamo-La Nación)
