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Suprema baja perfil a disputa con T. Constitucional: “No es una guerra mundial”

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Con molestia reaccionó el Tribunal Constitucional (TC) ante el fallo de la Corte Suprema que determinó que el máximo tribunal del país podrá revisar los dictámenes del TC a través de recursos de protección, provocando una fuerte respuesta de los ministros constitucionales.

Liderados por María Luisa Brahm, el pleno del TC leyó una declaración pública en donde aseguraron que “el Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema y menos nuestras decisiones”.

“Nos sorprenden los argumentos de la mayoría de dicha Sala que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales, en particular: habilitando el recurso de protección contra sentencias del Tribunal Constitucional; otorgando competencias al juez ordinario para revisar qué parte del contenido de nuestras sentencias es vinculante y, en consecuencia, sugiriendo que actuamos fuera de la Constitución”, indicaron.

Ante esta respuesta, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, le bajó el perfil al conflicto asegurando que la Tercera Sala del tribunal solo cumplió con su trabajo.

Esto no es una guerra mundial”, aseguró en entrevista con Radio Bío Bío, descartando que se haya incurrido en una presión indebida al TC.

Asimismo, en conversación con La Tercera, Cisternas aseguró: “no se ha abierto ninguna puerta para que en lo sucesivo los fallos del TC sean objetados por la vía del recurso de protección“.

“Pienso que si se emite un comunicado es una opinión, pero las decisiones de los tribunales son a través de sus sentencias. Y si alguna persona le pide al TC su pronunciamiento sobre inaplicabilidad, en esa sentencia consta cuál es la doctrina que sienta en TC, la que, por cierto, puede variar como todas las doctrinas de los tribunales. Y por su parte, si se le requiere a una corte un pronunciamiento, esta podrá emitirlo. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el ordenamiento contempla estas dos posibilidades y no se ha cerrado a ninguna de las dos”, aseguró el vocero de la Corte Suprema.

PRESIDENTE DE LA SUPREMA

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, por su parte, afirmó que “el problema consiste en una resolución de una de las salas de esta corte y eso es todo lo que hay. No significa que la Corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una decisión que afecte al Tribunal Constitucional. Es un asunto particular que ha sido resuelto de la manera que ustedes conocen”.

“La forma que surge la decisión es la usual, es una causa más, con una trascendencia muy particular, desde luego, pero es un asunto jurisdiccional es una de las tantas más que se resuelve en este tribunal”, añadió Brito.

Consultado sobre si este fallo podría afectar la jurisprudencia, Brito afirmó que “la jurisprudencia de los tribunales es un proceso más largo que una sola decisión. Es un proceso que va haciéndose con el concurso de los abogados, de las opiniones jurídicas, y alcanza su desarrollo pleno. Esto es una resolución y yo no podría anunciar que será sostenida ni mucho menos que será la única que se va a producir”.

También se le preguntó si puede ser un precedente para decisiones futuras, a lo que replicó que “eso ya es especulación. Puede ser un precedente, puede ser utilizado o no, eso es posible. Lo que hay en este momento es una resolución. La reacción del TC, de sectores de la academia, significa que hay un debate sobre la cuestión de que se trata. Y se resuelve del modo que operan los tribunales, a través de resoluciones, cuando se hacen reiteradas, tienden a afincarse”.

Finalmente afirmó que “yo creo que la solución está en que se produzca un entendimiento, una comprensión del tema. Aquí no estamos enfrentados a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país. Eso lo veo de manera clara. Hay que estar a la espera de que salgan nuevos casos”.

Las declaraciones del presidente del máximo tribunal se producen luego de una movida semana para la institución que lidera. El pasado lunes la Tercera Sala de la Suprema rechazó un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch). Esto, después que el TC declarara inaplicables normas de tutela laboral en funcionarios públicos.

En otras palabras, la Suprema dio un paso para que las resoluciones del Tribunal Constitucional puedan ser revisadas a través de recursos de protección.

La respuesta al fallo no se hizo esperar. Ayer en la tarde, la presidenta del TC, María Luisa Brahm citó a un punto de prensa donde leyó una declaración pública. Entre otras cosas, el pleno de ministros aseguró que la Tercera Sala busca “rediseñar el esquema de competencias constitucionales”.

Además se añadió que “nos sorprenden lo argumentos de la mayoría de dicha sala”, que “no procede recurso alguno en contra de las resoluciones” del TC, y que “el TC no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema y menos nuestras decisiones”.

MINISTROS DE RR.EE Y DE JUSTICIA

Esta jornada, el canciller Teodoro Ribera intervino en el conflicto que mantiene enfrentados a la Corte Suprema y al Tribunal ConstitucionalEl abogado manifestó una preferencia en favor del TC.

Durante una entrevista con CNN Chile, Ribera sostuvo: “Creo que la decisión de la Corte Suprema genera una situación nueva de gran incerteza jurídica, y genera una modificación del sistema quizás no prevista en el texto constitucional”.

“Me preocupa que por un recurso de protección se pueda revisar el fallo del TC, porque en definitiva el TC no sería el supremo guardián de la Constitución, como lo es constitucionalmente”, agregó.

Ribera, quien fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Piñera, tuvo un vínculo con el organismo, pues fue abogado integrante del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009.

Hoy a mediodía, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, había declarado que ambos organismos debían resolver el conflicto. Eso sí, advirtiendo que de no resolverse intervendrían de “manera normativa”: “Como gobierno hacemos un llamado a ambas instituciones a que, de común acuerdo, busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente”.

“En todo caso, nos reservamos también el derecho, en su momento, de intervenir de una manera normativa. Es decir, propiciando reformas constitucionales, cambios a la ley orgánica o propiciando leyes que puedan, de alguna forma, contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho directamente ambas instituciones”, añadió el titular de Justicia y Derechos Humanos. (El Dínamo-Bio Bio-La Tercera)

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