La crítica de que la crisis de Subus se debe a problemas de gestión caló hondo en la segunda mayor operadora del Transantiago. El gerente general de la firma, Andrés Ocampo, en su primera entrevista desde que se desató la crisis con el gobierno, rebate una a una las afirmaciones del ministro de transportes Andrés Gómez-Lobo y explica cómo se llegó a esta situación. La empresa está solicitando un reajuste de la tarifa técnica de hasta 25% y además está negociando con Hacienda y Cancillería una solución o, de lo contrario, ir hasta el Ciadi.
-Están el último lugar del ranking de calidad de servicio, lo que genera descuentos, y las autoridades dicen que es por mala gestión. ¿Comparte esa opinión?
-Se están comparando servicios que no son iguales. Tenemos una operación donde 85% de los cabezales, es decir donde se inicia el recorrido comercial, están fuera de los terminales y esos cabezales están en la vía pública. Si tengo que poner un bus adicional, no llego por la congestión y no tengo donde poner buses de acopio, no hay cómo regular la frecuencia. Eso significa mayores costos y menos ingresos.
-Pero se le aplican descuentos por un servicio deficiente…
-Deloitte determinó que a la compañía le faltan $ 25 mil millones anuales para alcanzar un equilibrio. Si le restamos los 5 mil millones de descuentos, nos faltaría unos 19 mil millones… claramente el problema no son los descuentos.
-El ministro responsabiliza a las empresas, porque conocían las fallas cuando firmaron los nuevos contratos en 2012…
-El plan de infraestructura de 2011-2015 aún no está listo. Yo no tengo Gran Avenida, Independencia ni Recoleta, y de Santa Rosa me faltan casi 3 km (con corredores), que es un cuello de botella. Había un plan sobre la mesa y decir que Subus es el que más infraestructura tiene, confunde, porque efectivamente tenemos, pero no están completos, y así, no sirven de nada. Las caídas en velocidades han sido gigantescas: un 10% en cuatro años y es porque hay cosas que no se hicieron.
-El gobierno se ha mostrado contrario a subir 25% la tarifa como lo pide, ¿cómo lo ven?
-En el 2014 se acentuó nuestro desequilibrio y pedimos una revisión excepcional de tarifa. No les estamos pidiendo ningún salvataje, sólo ajustémonos al contrato y que se equilibre económicamente la operación, como se hizo en el pasado con otras compañías, por hasta 33%. Propusimos contratar a Deloitte y hemos sido los únicos que hemos abierto la casa para que haya total transparencia. Han pasado 9 meses y el problema de caja se volvió muy complejo, la única solución fue llegar a la reorganización judicial.
-¿Por qué el gobierno no ha querido inyectar más recursos?
-No lo sé. Los socios inyectaron US$ 42 millones en créditos cuando renegociamos con los bancos en 2014 para ir mitigando el desequilibrio y poder operar y además esta compañía puso US$ 33 millones en capital de trabajo. Hemos puesto cinco veces más lo que pedían las bases de licitación.
-¿Qué pasa si el gobierno no accede al reajuste?
-El contrato y la operación se ha desequilibrado por cosas exógenas a la compañía, el problema no es operacional, sino de plata y el acuerdo con los acreedores depende de la señal que se les entregue.
-Ustedes amenazaron con ir Ciadi, ¿cree que afectará la imagen del país ante los inversionistas?
-Mas allá del tema del Ciadi, lo que pase con los acreedores es algo que afectará la imagen país. Hay bancos públicos de fomento a las exportaciones de otros países y ahí veo que van a haber problemas.
-¿Cómo ve la licitación que se está preparando para 2017?
-¿Quién va a venir de afuera a participar en la nueva licitación?, y si viene, ¿a qué precios? Es tal el riesgo del sistema y ahora problemas con los bancos, ¿quién va financiar?. La banca local nunca ha creído en esto y menos con lo que ha pasado.
-¿Hay una intensión por sacar a los operadores colombianos?
-Esa pregunta me la hago todos los días. Sólo han quebrado tres empresas locales por condiciones que se vienen arrastrando históricamente.
PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO
Para Andrés Ocampo algunos de los factores que influyen directamente en el desequilibrio son problemas de orden público.
La congestión golpea sus ingresos, a través de una menor demanda por migración de pasajeros a otros sistemas de transporte y en la velocidad de los buses, lo que se ve acrecentado por la falta de infraestructura. «La congestión es un problema de ciudad y el que tiene que resolver eso es la autoridad», asegura.
Otro punto es la evasión, que es del 28%. Asegura han hecho todos los esfuerzos, como usar torniquetes y 300 personas en la fiscalización, mientras la autoridad tiene 80 personas para todo el sistema. «Yo no puedo pasar multas, solo aplicó medidas disuasivas, es un problema de orden público», dijo. Un tercer factor es el vandalismo. Asegura Ocampo que gastan en mantención $ 2.800 millones al año y el «70% es por vandalismo». (DF)
