La Fundación Ciudadano Inteligente solicitó ayer al fiscal nacional Sabas Chahuán que sean interrogadas a diversas personas que estarían vinculadas a la facilitación de facturas o boletas de servicios supuestamente prestados a la Sociedad Química y Minería de Chile (SQM) entre 2009 y 2014.
Según el documento, enviado ayer cerca de las 15.30 al Ministerio Público por los abogados querellantes Mauricio Daza, Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, estarían involucrados en la emisión de estos documentos tributarios actuales funcionarios de gobierno y personas vinculadas a un think tank ligado a la Democracia Cristiana (DC).
Se trata del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), del que Carolina Leitao Alvarez-Salamanca, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC, es la directora ejecutiva. En el escrito, requirieron que se identifique y cite a declarar a los representantes del centro y que se les pregunte sobre existencia de boletas o facturas de servicios supuestamente prestado a SQM entre 2009 a 2014, los montos involucrados, los detalles de los servicios prestados y el destino de los dineros recibidos.
Desde el Cegades indicaron a La Tercera que “nuestra Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro creada el año 1991, ha realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, ha publicado variados libros sobre estos temas y ha realizado múltiples asesorías. Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (..) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones”.
Agregaron que “por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado”.
También pidieron a la fiscalía que se le tome declaración a actuales funcionarios a contrata hasta diciembre de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Esto, por la supuesta existencia de boletas y facturas vinculadas a ellos. Se trata de Christian Eduardo Fuentes Castillo, María Pilar Torres Machuca y Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo.
Los abogados requirieron a Chahuán que interrogue a Sofía Daniela Jaña Cabezas, actual secretaria ejecutiva de la Juventud UDI y al subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier, “tanto como persona natural o vinculado a la empresa Pecado Kapital”, dice el documento.(La Tercera)
