El segundo vicepresidente de la Sofofa, Gonzalo Said, valoró el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó las facultades normativas y sancionatorias del proyecto de ley que fortalecía al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
“La declaración de inconstitucionalidad del TC confirma los problemas estructurales que planteamos respecto del proyecto en cuanto a la inviabilidad de un servicio público que sea juez y parte, así como la indeterminación y amplitud de las facultades normativas atribuidas”, dijo el dirigente gremial.
Añadió que “concordamos con el fallo del TC en la falta de independencia que tendría el Sernac respecto del gobierno central, quien tendrá siempre un legítimo interés en orientar una política de protección al consumidor, pudiendo soslayar por tanto las consideraciones técnicas que todo órgano sancionador debe privilegiar, especialmente si mantiene la titularidad de acciones colectivas”.
Said sostuvo que se deben reducir y acotar los espacios de discrecionalidad de los servicios de la administración pública.
Por ello, enfatizó “insistimos en la necesidad de implementar un procedimiento que asegure que, más allá de su legítima orientación política, las leyes sean sometidas previamente a un análisis técnico, legal y económico que evite su aprobación con falencias estructurales como las que representó el tribunal en este caso”.
Para esto sostuvo que es fundamental la existencia de una agencia de calidad de políticas públicas autónoma.
En el marco del control preventivo de constitucionalidad, y tal como adelantó La Tercera hace poco más de un mes, el TC declaró en su sentencia “inconstitucionales las nuevas potestades jurisdiccionales que el Proyecto de Ley contemplaba entregar al Sernac”, explicando que la decisión tiene “su fundamento en que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne”.
En este sentido, destaca que el Servicio “actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa, lo que contraviene, la exigencia de una investigación y un procedimiento racionales y justos”.
En cuanto a la eliminación de facultades normativas, el TC destacó que la iniciativa le daba al Sernac “un alcance ilimitado, en circunstancias que amenaza la garantía de que solo la ley puede fijar las reglas entre consumidores y proveedores”.
LA CPC
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, reiteró su satisfacción al fallo del Tribunal Constitucional que rechazó las facultades sancionatorias y normativas que proponía el gobierno para el Servicio Nacional del Consumdior (Sernac).
«Me parece que el fallo corrige los problemas que tenía y que se hicieron presente a través de la larga tramitación que ha tenido el proyecto. Tenía una cantidad importante de elementos que eran inconstitucionales«, afirmó.
Si bien reconoció que se encuentra estudiando el fallo, valoró que se mantengan e incluso «incrementen» todas las facultades del Sernac.
«Así que vamos a tener un Servicio Nacional del Consumidor con más facultades en la materia administrativa como corresponde y de representa a los consumidores así que me parece que es posible que tengamos un proyecto que ha quedado mejor, pero necesito mirarlo con más cuidado», añadió.
GOBIERNO: «RESULTÓ ALGO PEOR DE LO QUE HABÍA»
«Con este fallo, en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita», señaló el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien lamentó la decisión del tribunal.
Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara las facultades sancionatorias y normativas del proyecto de ley que pretende fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor, por considerarlas inconstitucionales. «Ha resultado en algo incluso peor que antes», afirmó.
«No tendrá casi ninguna utilidad que el Sernac reciba denuncias porque el fallo las radica en los juzgados de policía local», indicó Rodríguez Grossi.
También explicó que con esto el servicio «no podrá sancionar, porque además de no poder conocer causas, las sanciones quedan radicadas únicamente en tribunales» y agregó que será igual a como es actualmente, en que «los jueces de policía local serán los únicos receptores de denuncias de esta clase, a sabiendas de la escasez de recursos con que se manejan esos tribunales».
Además, se refirió a que el organismo no podrá dictar normas para prevenir los derechos de los consumidores y para orientar a los proveedores para que no se vulneren sus derechos.
«No sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene hoy, que es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores», explicó el secretario de Estado.
El ministro de Economía ya había señalado en Radio Cooperativa que «todos quienes están haciendo campaña para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el proyecto de ley del Sernac, efectivamente se están poniendo del lado de aquellos comerciantes y empresarios que abusan».
Esta mañana el director del Sernac, Ernesto Muñoz, también se refirió al tema y señaló que «este proyecto de ley y este paso por el Tribunal Constitucional no puede significar una rebaja del nivel de protección de los consumidores, por lo tanto ese mínimo hay que defenderlo y en este caso lo que yo estoy visualizando es que eso se pone en riesgo con el fallo del tribunal».
SENADORES RECHAZAN FALLO
Los senadores Felipe Harboe (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (IND) calificaron de «retrógrado y equivocado», el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó las nuevas facultades sancionatorias del Sernac, asegurando que «se inmiscuyeron» en el trabajo legislativo.
«Estamos en presencia de un fallo jurídicamente retrogrado y equivocado, administrativamente muy riesgoso, constitucionalmente contradictorio con 20 años de jurisprudencia, institucionalmente exacerbado en sus funciones y socialmente lamentable», señalaron.
En este sentido indicaron que el TC «ha excedido sus funciones», agregando que «estamos en una crisis institucional de proporciones» y señalando que «resulta evidente el sesgo ideológico, que explica tal cúmulo de errores».
«Por primera vez en 20 años, el TC entra a analizar a través del control preventivo, normas que no tienen el carácter de orgánico constitucional. Esto, junto con afectar gravemente lo dispuesto en el texto constitucional, violenta de manera directa el principio de separación de funciones al inmiscuirse de manera directa en una potestad del legislador (…) se pronuncia sobre normas que no le corresponde», sostuvieron.
Asimismo, indicaron que «en el fondo, se trata de un fallo jurídicamente muy débil y contradictorio (…) Esto evidencia una nueva doctrina en derecho administrativo sancionador, que a partir de ahora podría servir de base para discutir la constitucionalidad de las potestades sancionadoras de los diferentes estamentos públicos con el consiguiente daño a la institucionalidad y la innecesaria judicialización de decisiones administrativas».
«Este fallo es institucionalmente muy delicado, porque lejos de dar certezas, fundándose en las sentencias del mismo organismo acumuladas por más de 20 años, retrocede respecto de lo que ha venido avanzando la doctrina en el derecho administrativo sancionador, sembrando incertidumbre a los procedimientos sancionadores en curso», remarcaron. (Emol La Tercera DF)
