Escribo con vista al mar y desde una terraza bañada por el sol tibio de Tongoy. Es un contexto para descansar, pero también para repasar y proyectar. Y para hacerlo con perspectiva. Por eso, en vez de buscar temas exóticos para mí, quiero aprovechar esta calma para reflexionar sobre un tema que me ocupa intensamente durante el resto del año: el Tribunal Constitucional.
Todo parece indicar que, tras varios años de debate político particularmente intenso sobre la función del TC y de la polémica que han despertado algunos de sus fallos sobre temas importantes y controversiales (p.e. aborto, ley de consumidores, sindicatos, etc.), se está abriendo un espacio para evaluar reformas que corrijan algunos defectos de diseño, en la dirección de reforzar la legitimidad de esta institución.
Líderes importantes de las mayorías del Senado y de la Cámara de Diputados han manifestado su voluntad de discutir la reforma del TC a partir de marzo. Un grupo transversal de abogados(as) y académicos(as) se ha constituido para tratar de identificar puntos de acuerdo que apoyen técnicamente el debate en el Parlamento. Y si bien en estos temas el gobierno del Presidente Piñera se mueve en cámara lenta (es el precio, supongo, de tener en su interior a tantos partidarios del statu quo), uno debiera esperar que los ministros Larraín y Blumel cumplan con presentar una propuesta del Ejecutivo.
Están dadas las condiciones para tener un debate parlamentario de buen nivel. Ya se cumplen 14 años desde que se aprobaron las últimas reformas al TC, tiempo suficiente para tener diagnósticos sobre cómo están funcionando realmente las cosas y para identificar las áreas problemáticas. Existen, por supuesto, quienes, desde la política y la doctrina jurídica, van mucho más allá de la reforma y proponen, derechamente, la supresión de cualquier ente que tenga competencia para invalidar o frustrar la aplicación de normas legales. Los partidarios de la existencia de este tipo de entidades no debemos rehuir ese debate. El ejercicio polémico permitirá mostrar, con argumentos, la utilidad que prestan al estado de derecho. Las críticas servirán para empujar los cambios necesarios. La reforma, por su parte, al relevar el papel que deben cumplir los órganos de representación democrática, robustecerá la legitimidad social del sistema de control.
No quisiera, en todo caso, que alguien pensara que mi idílico mirador tongoyino me vuelve ciego a las dificultades y complejidades. Tengo claro, en primer lugar, que tratándose el TC de un órgano con poder, no será sencillo articular los distintos intereses partidistas con las exigencias del bien común. Sé, por otra parte, que no existe ningún Tribunal Constitucional ni Corte Suprema del mundo que esté exenta de críticas. La solidez de una democracia se juega, no en su capacidad de encontrar fórmulas “perfectas”, sino en su aptitud para deliberar sobre los problemas institucionales. Y para mejorar. (La Tercera)
Patricio Zapata
