Llegó el momento de cambiar el Word por el Excel. Eso es lo que a estas alturas se comenta entre los partidos políticos que están en la mesa negociadora por un nuevo acuerdo que le dé continuidad al proceso constituyente y que este jueves sumó un nuevo encuentro en la sede capitalina del Congreso.
La frase apunta a uno de los temas fundamentales respecto de los cuales Chile Vamos y el oficialismo aún no han hecho una propuesta formal: el sistema electoral para escoger a los futuros representantes del nuevo órgano redactor.
Ese, reconocen en las colectividades, es el verdadero nudo que falta por despejar. El miércoles, cuando Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático cerraron el documento que sistematiza su propuesta para la negociación, los partidos de gobierno optaron por dejar en blanco ese punto y no pronunciarse.
En privado, en el oficialismo se comentaba que no quisieron dejar amarrado el tema para dar una señal a la derecha de que el ánimo es llegar a acuerdos y no solo tratar de imponer su posición. Sin embargo, los dirigentes de partidos oficialistas reconocieron que la razón, en realidad, es porque aún no existe claridad sobre cuál es el mejor sistema que les permita maximizar la cantidad de escaños a ganar.
Lo mismo ocurre en la derecha. La oposición tampoco ha definido su postura sobre el tema, ya que los asesores electorales de los partidos del bloque recién están haciendo sus simulaciones y cálculos.
Este nudo tiene varios elementos que lo acompañan. Definir el sistema electoral implica, necesariamente, establecer cuántos integrantes tendrá el futuro órgano redactor. Mientras que en partidos como RN se imaginan una instancia similar al Senado, es decir, con 50 integrantes, en Socialismo Democrático han dicho que quieren una futura Convención con 100 personas electas.
Hacer una instancia que replique el Senado, dicen en la derecha, implicaría formar un órgano que garantice la buena deliberación de normas que, a juicio de Chile Vamos, ocurre en la Cámara Alta. Sin embargo, cerrar con 50 representantes dejaría fuera a fuerzas políticas más chicas, varias de ellas de izquierda, que no alcanzarían a obtener escaños. Mientras más alto es el número de representantes, más posibilidad hay de que estos puedan tener representación en el órgano.
Lo que sí es más o menos un consenso, es que tiene que ser una Convención con menos de 155 representantes. Por lo tanto, en el oficialismo dicen que lo más probable es que el número final fluctúe entre 50 y 155.
Este viernes las colectividades se reunirán de nuevo. Esta vez será bilateral, es decir, cinco representantes de las fuerzas oficialistas más la DC: Guillermo Teillier por el PC, Diego Ibáñez por el FA, dos de Socialismo Democrático y el senador Francisco Huenchumilla por la DC. Por la derecha irá el diputado Guillermo Ramírez (UDI), Schalper por RN, Luz Poblete por Evópoli, un representante del Partido de la Gente y otro por el Partido Republicano.
El principal objetivo será entrar en el trabajo más fino de ir definiendo el listado de principios que formarán parte del acuerdo. Para eso se espera ir revisando uno por uno para que cada partido pueda ir expresando si es un punto de consenso o no.
Pese a que hay ansiedad por ir avanzando más rápido, el asunto aún está abierto. “Todavía estamos lejos de un acuerdo, pero estamos mejor que ayer, más cerca”, afirmó ayer Elizalde. El lunes 3 de octubre habrá otra cita.
El arribo de los partidos a la sede del Congreso en Santiago durante la mañana del jueves tuvo un inesperado protagonista. Francisco Muñoz -conocido como Pancho Malo- junto a sus adherentes -que se organizan en un grupo autodenominado Team Patriota– se manifestaron con megáfono a las afueras del Congreso en Santiago. Su principal reclamo fue que, a juicio de ellos, el país no necesita una nueva Constitución. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, salió a encararlos.
Minutos después, Muñoz logró entrar al Congreso haciéndose pasar por periodista de Team Patriota. “¿Usted es periodista”?, le preguntó una funcionaria del Congreso. “No. Medio de comunicación Team Patriota, redes sociales”, respondió. Acto seguido fue escoltado para que abandonara el Senado.
En medio de eso, los dirigentes intercambiaban sus posturas. De la mano con la definición de la cantidad de integrantes, viene el sistema electoral. Los integrantes de la pasada Convención fueron electos con el mismo sistema que se usa para elegir diputados. Ahora hay una idea sobre la mesa que seduce a varios partidos, como el PS, PC, el Frente Amplio y algunos sectores de la UDI. Se trata de la posibilidad de que la elección sea con listas cerradas, bloqueadas y nacionales. Esa sería una innovación en el electoralismo chileno, pero que les permitiría a los partidos políticos retomar el control del proceso.
Esta fórmula se contrapone a la que se empleó en el proceso pasado, que les terminó entregando el poder a los independientes luego de que el Congreso permitiera que las personas sin militancia pudieran competir en listas electorales.
Si las listas son cerradas, finalmente las personas votan por los partidos. Esa opción, dicen en las colectividades, solo es funcional si logran tener muy buenas cabezas de lista. En la medida en que no consigan eso, es una fórmula que no conviene.
El defecto de ese modelo es que va en desmedro de la representación en las regiones, ya que tendería a favorecer a los candidatos de la Región Metropolitana. Por eso mismo corre con fuerza la posibilidad de replicar el método de los senadores, es decir, una elección utilizando las circunscripciones regionales.
Respecto de los independientes, todos están de acuerdo en que no deben volver a competir en listas y que deberán hacerlo dentro de los pactos de los partidos políticos. La pelea se verá en el detalle, específicamente, si se les permitirá o no formar subpactos.
Por otra parte, los asistentes admiten que hay consenso en que el voto en el plebiscito de salida sea obligatorio. Donde aún hay diferencias, sin embargo, es en la elección de integrantes del nuevo órgano constituyente. Sectores como la DC y la derecha apuestan a que también sea obligatorio, pero el FA tiene algunos reparos. Dentro de la misma coalición también hay algunos que respaldan este mecanismo, como el presidente de Comunes, Marco Velarde.
Durante la reunión de hoy, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, propuso que estas materias se le delegaran a la comisión de expertos. Sin embargo, testigos del encuentro dicen que la idea no tuvo buena recepción por parte del resto de los partidos. Otros agregaron que el punto no se desarrolló con mayor profundidad en la conversación.
Incluso, en las intervenciones de los partidos se habría hecho una evaluación del texto propuesto por la Convención. En esto hubo voces oficialistas que reconocieron que el borrador era un mal texto, algo que fue valorado por la derecha. Tanto así que hay asuntos de contenidos que desaparecieron del debate. Por ejemplo, ya no se habla de plurinacionalidad y las autonomías regionales se cambiaron por el concepto de descentralización.
El encuentro nuevamente se centró en el debate por los bordes o principios institucionales que deben limitar esta nueva etapa constituyente. Como ambas fuerzas políticas ya aceptaron tenerlos, es un hecho que la redacción no partirá desde una hoja en blanco. Cuando el secretario general de RN, Diego Schalper, llegó al encuentro, adelantó que se tomó con sorpresa que el oficialismo no hubiera incorporado en sus “principios institucionales” la definición del Estado social y democrático de derecho.
Ese punto ha sido una de las principales banderas del oficialismo, en línea con su pretensión de contar con una Constitución que tenga un amplio catálogo de derechos sociales. “Nosotros vamos a plantear que sea un Estado social de derecho y de libertades”, dijo Schalper.
Su frase marcó lo que sería la conversación posterior, es decir, un tira y afloja constante por querer ampliar cada vez más los bordes y principios. De hecho, Chile Vamos, además, propuso incorporar en el listado la mantención del estado de excepción de emergencia, la mención explícita de Carabineros y la modernización del Estado. Schalper fue quien más enfatizó en esto.
La pretensión de la derecha choca directamente con la definición oficialista de no aceptar nada programático que coarte la deliberación del nuevo órgano y solo estar disponibles a estipular aspectos institucionales, es decir, mínimos comunes que vayan en la línea con los bordes del Acuerdo por la Paz. De lo contrario, comentan con énfasis en el Frente Amplio, el asunto se transformará en una mera reforma constitucional o, en su defecto, un proceso de redacción de normas constitucionales “por secretaría”.
El encargado de exponer la propuesta oficialista fue el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social). En el sector comentan que la razón por la cual no incluyeron el Estado social y democrático de derecho es por un asunto de coherencia. Si no aceptan temas programáticos, no pueden proponer algo de ese tipo. “Esa definición debe ser materia de la deliberación democrática del órgano”, dicen en el Frente Amplio.
Sobre los bordes, en ambos lados reconocen que es algo que todos aceptarán. El detalle será qué tantos principios se aceptan y cuáles quedan fuera. Por lo mismo, los partidos dicen que el gran tema será echar a andar las conversaciones por el sistema electoral. Luego de eso vendría cómo redactar el reglamento. Ya hay consenso en que las reglas de funcionamiento deben quedar listas antes, para así no perder tiempo. Cuando llegue el turno de ese asunto otra vez se instalará la pelea, como si fuera un déjà vu dicen en ambos sectores, por el quórum para aprobar las normas constitucionales. (La Tercera)
