El Servicio de Impuestos Internos se ha dedicado en los últimos días a defender su trabajo como ente recaudador, pero también como una entidad que en teoría actuaría ante la justicia criminal, en caso de ser necesario, si hay perjuicios cuantiosos para el Estado por irregularidades tributarias.
Esto, a raíz de que determinaron orientar sus acciones hacia las sanciones pecuniarias, o sea multa, ante empresas o contribuyentes que hubiesen incurrido en este tipo de acciones. El problema, es que en ese contexto una serie de firmas quedaron fuera, pese a haber incurrido en delitos tributarios vinculados con el financiamiento irregular de la política.
Pero como el SII no estaría presentando querellas en esos casos, el Ministerio Público no puede investigar, de acuerdo establece el ordenamiento jurídico en Chile.
Primero se intentó establecer que el SII tiene criterios, para definir cuándo querellarse o no. Esto fue discutido en Informe Especial, y la ofensiva del ente recaudador continuó ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Según publica La Tercera, Fernando Barraza, jefe del SII, entregó una serie de antecedentes que revelan que sólo el caso Penta, empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, vinculada más bien al espectro de la derecha política en Chile, ha significado un perjuicio al estado en 841 millones 970 mil 389 pesos más, o sea, por encima, de lo que significó el caso SQM.
El número de querellas presentadas en el caso SQM alcanza las 18, versus las 16 del caso Penta. En ese tenor de cosas, los querellados en Penta ascendieron a 69, en tanto que los de SQM ascendieron a 62.
Los documentos para cometer ilícitos tributarios suman 1.495 en SQM, a través de 253 emisiones, y en Penta se reconocieron 2 mil 205 tributarios sobre la base de 149 emisiones. (La Tercera-El Dínamo)
