El Senado aprobó este martes por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones la propuesta del Presidente Sebastián Piñera para extender hasta el 30 de junio de 2021 el estado de excepción constitucional de Catástrofe que rige en el país hace casi un año (desde el 18 de marzo de 2020) por la pandemia del coronavirus.
La medida ya había sido visada el martes por la Cámara de Diputados, por 102 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Si bien el Presidente ya había prorrogado antes la medida, por ley, al cumplirse el año, necesitaba por primera vez la aprobación de ambas cámaras.
El debate en sala estuvo marcado por críticas de sectores de la oposición a la ausencia en el hemiciclo del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y de su par de Salud, Enrique Paris. Éste último sí había asistido a la sesión de la Cámara, donde había defendido las medidas sanitarias impulsado por el gobierno.
En la Cámara, el martes, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa -quien también asistió al Senado- se había mostrado a favor de rendir cuentas ante el Parlamento en caso de aprobarse el proyecto. Esto, en medio de cuestionamientos de la oposición por medidas como el toque de queda.
“Nos parece sumamente atingente, y en el ánimo de la transparencia del gobierno en el manejo de la pandemia y el estado de excepción, que si se tiene a bien, el Ejecutivo pueda venir cada 45 días a comentar e informar todo lo que se está haciendo fruto del estado de excepción. Nos parece muy conveniente como gobierno poder entregar información”, señaló ese día el ministro.
Este miércoles en el Senado, el titular de la Segpres abogó también en esa línea: “lo que estamos pidiendo es seguir contando con ciertas herramientas que nos permiten poder ir controlando la pandemia, eventualmente se nos hace hace necesario poder decretar cuarentenas y el toque de queda. ¿Significa esto que siempre va a ser así por supuesto que no?”, dijo.
Ossa abordó también otra polémica que había surgido en la víspera con la oposición, específicamente en torno a La Araucanía y la aprehensión de ese sector de que se vinculara el toque de queda con la situación que atraviesa la zona.
“Quiero descartar categóricamente que por esta vía se pretenda controlar el orden público o menos hacer ingeniería social como ayer oímos. Se ha dicho también que este Estado de Excepción traería bajo la manga asuntos relacionados sobre lo que se vive en La Araucanía, yo quiero descartarlo”, planteó el secretario de Estado.
Diversas fueron las posturas que pusieron sobre la mesa los parlamentarios. Mientras Chile Vamos estuvo alineado en aprobar, en la oposición no hubo un solo criterio. En ese sector, algunos decidieron abstenerse argumentando su postura en la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno y las medidas que se han adoptado bajo el estado de excepción. En ese grupo estuvieron los senadores Jaime Quintana (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y el también presidente del PS, Álvaro Elizalde.
“Pese a que yo había señalado mi disposición a votar favorablemente, ante la ofensa gratuita que representa la inasistencia de los ministros a esta sesión y la falta de voluntad del gobierno de rendir cuenta de las medidas que se han adoptado y su justificación, me veo en la necesidad de manifestar mi malestar a través de la abstención, porque un gobierno que no rinde cuentas en democracia, está abusando del cheque en blanco que representa la prolongación de este Estado de Catástrofe”, dijo Elizalde.
El jefe de bancada del PS, José Miguel Insulza, señaló: “Pudo haber sido un muy buen día, si hubieran venido los ministros, hubieran estado acá (…) Había buena disposición, solamente que pensábamos que era momento de explicarle al país porqué no puede salir a la calle, por qué no puede abrir su negocio. Todas esas cosas eran buenas de conversar. Pero el gobierno una vez más se permitió abstenerse”
El senador Jorge Pizarro (DC) indicó: “creo que hay que tener un compromiso del gobierno de rendición de cuenta sobre cómo se van implementando las medidas ante este rebrote de la emergencia sanitaria, mensualmente ante este Senado”.
“Lo que no puede hacer este Congreso es renunciar a su rol permanente de fiscalización, control diálogo y propuesta hacia el país, porque es lo único que le puede garantizar a nuestra gente poder salir más temprano que antes de esta tragedia”, agregó.
El socialista Carlos Montes, por su parte, sostuvo que “aunque resulte poco popular y aunque el gobierno no ha realizado una real rendición de cuentas que permita tomar una decisión informada, lo concreto es que el Colegio Médico y los especialistas han sugerido que debe mantenerse el estado de catástrofe (…) corresponde mantener una posición fiscalizadora que obligue al gobierno a ir entregando y cumplir la ley de entregar información para analizar cuantitativamente lo que está ocurriendo”.
La senadora DC Yasna Provoste, quien asumiría como presidenta del Senado, planteó a su tiempo que “aquí lo principal es lo sanitario, y estos estados de excepción no deben mal usarse para limitar las libertades personales. Se requieren autoridades prudentes y que entiendan que lo principal es brindar seguridad, dar apoyos económicos y sociales a los afectados por las medidas contra la pandemia (…) Estamos en otro escenario en donde la situación de salud es aún más compleja, queremos insistir que antes de pronunciarnos sobre esta continuidad, es necesario que el gobierno rinda cuentas, cuestión que hasta la fecha no ha realizado. La ciudadanía ha debido sobrellevar un estado constitucional de catástrofe que, sin haber podido frenar la propagación de la pandemia, su principal objetivo, ha suspendido derechos civiles y políticos”, cerró.
Desde el oficialismo, el UDI David Sandoval, en tanto, señaló que “nadie quiere establecer ningún tipo de restricción al desplazamiento y a la labor de nuestra gente. Nadie. Pero no puede ser que los actos irresponsables de unos pocos pongan en riesgo a la población toda”.
Y agregó: “¿Qué habría pasado si esta situación de pandemia hubiese estado a cargo del equipo que estuvo aquel entonces en el nefasto 27/F? ¿Habría habido la misma respuesta de eficiencia que se ha tenido hoy día? Yo creo que no, sinceramente”. Palabras que generaron molestia en algunos senadores de oposición.
Su compañero de bancada, Juan Antonio Coloma, sostuvo, en tanto, que “todos los indicadores dicen que la clave (para controlar la pandemia) es restringir la movilidad, restringir la posibilidad de contacto porque la masividad es precisamente lo que favorece el crecimiento de la pandemia. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Prorrogando una situación de catástrofe que a nadie le gustaría, a mí nada me puede incomodar más que las restricciones, pero si hay una restricción que tiene sentido es justamente aquella que dificulta la movilidad para efectos de impedir el contagio”.
A diferencia de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, cuando participó de la sesión el ministro de Salud, Enrique Paris, junto al titular de la Segpres, Juan José Ossa, hoy en el Senado solo está presente este último para defender la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de prorrogar hasta el 30 de junio el Estado de Catástrofe a propósito de la pandemia.
Esto causó molestia en el senador José Miguel Insulza, jefe de comité del Partido Socialista, quién cuestionó que no acudiera el jefe del Minsal ni tampoco el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
«En vista de lo que se está planteando aquí, escuchar al ministro (Ossa) con mucho gusto, pero primero escuchar al ministro de Salud, que nosotros esperamos que haga una presentación acerca de cuál es la situación sanitaria del país y al señor ministro del Interior que es el encargado del orden público», sostuvo.
Y agregó que «para nosotros es muy importante esto, nosotros tenemos una actitud positiva respecto de este tema, queremos dialogar, pero necesitamos que el Gobierno nos informe bien y que haga una evaluación».
Ante esto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), explicó que «nosotros enviamos al ministro del Interior y al ministro de Salud la tabla del día de hoy con el propósito de que pudieran participar de este debate, sin embargo, está solo el ministro de la Presidencia».
Luego, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), cuestionó que el Gobierno «siga tratando a este Parlamento como un simple buzón». «Lamento que el Ejecutivo se haya resistido a realizar una evaluación detenida e integral de la gestión de la pandemia.
El Ejecutivo cada día más distanciado de la realidad y de sus discursos pro unidad remite al Congreso un oficio de tres páginas y un par de anexos con una larga lista de leyes y decretos y más de 200 medidas, ninguna de ellas adoptada en virus del Estado de Excepción que no sean labores de fiscalización e impone que nos pronunciemos», agregó.
Al tomar la palabra el ministro Ossa, resaltó que ayer su par de Salud expuso ante la Cámara de Diputados -donde fue aprobada la extensión- las explicaciones sanitarias que fundamentan la solicitud.
«Lo que estamos pidiendo es seguir contando con ciertas herramientas que nos permiten poder ir controlando la pandemia, eventualmente se nos hace hace necesario poder decretar cuarentenas y el toque de queda. ¿Significa esto que siempre va a ser así por supuesto que no?», dijo el titular de la Segpres.
«Además quiero descartar categóricamente que por esta vía se pretenda controlar el orden público o menos hacer ingeniería social como ayer oímos. Se ha dicho también que este Estado de Excepción traería bajo la manga asuntos relacionados sobre lo que se vive en La Araucanía, yo quiero descartarlo», puntualizó.
La Sala está citada hasta las 20:00 horas y en esta misma sesión se tramitará el informe de la comisión mixta para resolver si la próxima elección de abril se podrá realizar o no en dos días y permitir la candidatura a la reelección del alcalde de Renca, Claudio Castro (ind-exDC) luego de que el Tricel rechazara su postulación.
INTERVENCIÓN DE LETELIER
El senador Juan Pablo Letelier (PS) pidió a la mesa del Senado un pronunciamiento como corporación respecto a las indicaciones a la reforma de pensiones que el Ejecutivo envió el lunes sin previo informe del Consejo Consultivo Previsional.
El tema ya había generado debate previamente al interior de la comisión de Trabajo del Senado, la cual Letelier preside y donde se encuentra siendo discutida la reforma impulsada por el Gobierno.
Explicó que, según entiende, el Gobierno, antes de enviar una ley que modifica el sistema de pensiones, debe esperar un informe del Consejo Consultivo Previsional sobre el «impacto de la reforma sobre el mercado de trabajo, la sustentabilidad y lo incentivos a cotizar», dijo.
En ese sentido, Letelier indicó que el artículo 68 que regula a dicha entidad, «a mí entender, por eso es importante el pronunciamiento de la mesa, que el Ejecutivo no puede mandar la indicación o una iniciativa de reforma en materia de pensiones sin el informe del Consejo Consultivo Previsional», estableciendo una excepción en caso de que el consejo tarde más de 20 días en emitir su informe.
Dicho eso, recalcó que «no es legal el que se envíen indicaciones para una reforma de pensiones sin el informe del Consejo Consultivo Previsional«, añadiendo que «hubo otras distinguidas senadoras -como Jacqueline Van Rysselberghe- de la comisión que tenían una opinión distinta, y creo que para el buen funcionamiento, dado que la comisión estamos autorizados para ver el proyecto en general y en particular a la vez, no se dio cuenta en la Sala de las indicaciones, se ingresaron directamente a la comisión, y creo que es bien importante que esto lo podamos resolver».
«Hace como dos años esta misma polémica se generó en la Cámara de Diputados, no es primera vez que ocurre, y creo que es importante que tengamos una posición única, por eso lo traigo a atención de la Sala de forma de que la mesa pueda definir un criterio único de cómo debemos relacionarnos con el Ejecutivo en esta materia», resaltó.
LA DEFENSA DE ZALDÍVAR
Previamente, durante el debate en la comisión, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al tema y dijo que «efectivamente es bien importante despejar ese punto, porque como Ejecutivo nosotros estamos absolutamente claros respecto de la importancia de los organismos técnicos, es por eso que el viernes fue citado el Consejo Consultivo, que sesionó el día lunes, por lo tanto ellos estuvieron en conocimiento de esta indicación que se ha presentado y ellos están elaborando su informe».
«La discrepancia está en que si es necesario que se ingrese a tramitación con el informe o no. Ahí creo que es bien importante que pudiésemos dejar ese tema muy claro», añadió, subrayando que «quiero acá despejar cualquier duda: el Ejecutivo antes de ingresar la indicación, el viernes cita al Consejo Consultivo, se resuelve por la disponibilidad de tiempo de ellos, que comience a sesionar el día lunes a las 17.30 horas. La reunión ya se verificó, por lo tanto, ese requisito ya se cumplió«.
Pero, continuó, «claramente aquí puede haber una opinión distinta, pero en ningún caso el Ejecutivo dejó de cumplir con su obligación de haber previamente citado al Consejo Consultivo«.
A ello, Letelier respondió que «ministra, respeto su opinión, pero no la comparto. La ley no dice que tienen que solamente informarles, lo que dice es que el Consejo Consultivo deberá emitir un informe, y eso es lo que no ha ocurrido«.
Incluso calificó de «muy inoportuno y hasta torpe» que el Ejecutivo le haya puesto discusión inmediata al proyecto de reforma de pensiones «cuando no ha respetado la ley al enviar un conjunto de indicaciones, dado que la ley explícitamente requiere que el Consejo Consultivo Previsional sea consultado y emita un informe»
«Nuestro plazo solo corre a partir de la recepción del informe del Consejo Consultivo, a menos que hayan pasado 20 días sin que hayamos recibido ese informe. Quiero dejar la constancia porque creo que es muy importante que respetemos algo tan fundamental como es la ley escrita», concluyó. (Emol)
