La sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que prohíbe que se informe a Dicom sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
La iniciativa, que fue presentada por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana, tiene por objeto impedir que esta morosidad pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona.
Asimismo, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos, como los de consumo o hipotecarios, entre otros, frustrándose con ello, la posibilidad de alcanzar un bienestar social necesario.
De acuerdo a los legisladores, estos planteamientos están fundados en que en que el actual sistema de financiamiento educativo obliga a las personas a asumir personalmente deudas para acceder a un derecho que la Constitución encomienda al Estado a garantizar.
“Nos asiste la plena convicción de que la educación es un derecho y no una industria o un bien de consumo”, afirmó la senadora Yasna Provoste.
La congresista detalló que hay más de 180 mil personas que se encuentran en Dicom por este tipo de deudas.
El texto legal propone, entre otras consideraciones, que los responsables de los registros o bancos de datos no podrán comunicar bajo ninguna circunstancia todos aquellos antecedentes que digan relación con las deudas contraídas por una persona con instituciones de educación superior. (El Dínamo)
