El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó una severa crítica al modo en que el país ha abordado la seguridad en las últimas décadas, señalando que Chile “vive de la contingencia”, lo que impide la consolidación de políticas estructurales y de largo aliento. Sus declaraciones tuvieron lugar en el cierre del Seminario Internacional “Territorio y Orden Público: Liderazgo Local ante la Inseguridad”.
Cordero lamentó que, a pesar de que las cifras delictuales se mantienen constantes, los sucesivos gobiernos han “interrumpido iniciativas” bajo la creencia de tener ideas superiores a las de la administración anterior. A su juicio, esta dinámica ha frustrado la estabilidad de planes cruciales, como la persecución penal integrada, la coordinación interinstitucional y las intervenciones territoriales sostenidas, lo que se traduce en “veinticinco años de programas que se cortan una y otra vez”.
El secretario de Estado enfatizó que la seguridad no puede seguir restringida al solo patrullaje y control policial, pues el país sigue reaccionando de forma fragmentada ante el delito. En su lugar, abogó por modelos basados en evidencia y pertinencia territorial, destacando que una política nacional no es aplicable de la misma forma en un barrio específico.
DESAFÍOS ESTRUCTURALES
El ministro también apuntó a la falta de visión integrada. Criticó que decisiones de urbanismo e infraestructura (como iluminación pública o subdivisión predial) no consideren su impacto en la seguridad. Además, subrayó la necesidad de integrar a instituciones como Aduanas e Impuestos Internos en la persecución del crimen organizado, aunque destacó positivamente la convergencia y el trabajo compartido entre Carabineros y la PDI, algo que calificó como «impensado hace años».
Otro punto crítico fue el sistema penitenciario. Cordero advirtió que el acelerado aumento de la población carcelaria es un “efecto secundario” de las políticas de seguridad que se evita debatir, y que la capacidad del Estado para construir cárceles no es infinita, lamentando la ausencia estatal en materia de reinserción.
Finalmente, el ministro destacó el rol central que deben asumir los municipios en prevención, atención a víctimas y trabajo con jóvenes en riesgo, recordando que el 75% de los delitos adolescentes ocurren en su propia comuna. “La seguridad no se sostiene si no se articula con ellos”, concluyó. (NP-Gemini-La Tercera)
