A propósito de la transición energética que se busca implementar en el país para elevar la participación de tecnologías limpias, el Gobierno, en conjunto con diversos actores de la industria, discute un nuevo reglamento de potencia, documento que plasma las condiciones de pago por disponibilidad de aquellas centrales que conforman el sistema eléctrico.
Bajo ese marco, cabe destacar que existen dos mercados bajo la supervisión del Coordinador Eléctrico Nacional: el de energía y de potencia. Así, el primero tiene que ver con las transferencias económicas asociadas a satisfacer la demanda energética de todos los clientes -en otras palabras, las inyecciones que realizan todos los tipos de tecnologías de generación disponibles, como la hidráulica, térmica, solar, eólica, geotérmica, entre otras, durante las 24 horas del día-.
El mercado de potencia, en tanto, corresponde a las remuneraciones que reciben las empresas por aportar capacidad al sistemas en las horas del día en que el sistema eléctrico requiere abastecer las mayor demanda -periodos punta-.
¿Cómo se obtiene? Mediante un balance anual que realiza el Coordinador para identificar y financiar a las centrales que suministran energía.
Según explicó a Emol el académico del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verdejo, el mercado de potencia puede ser representado como una torta, que se divide entre todos los generadores del sistema y que varía en función de la cantidad de actores. De este modo, el reglamento que analiza el Ministerio de Energía, a juicio de Verdejo, «resulta ser crucial puesto que actualmente el sistema eléctrico está operando con serias restricciones de capacidad de líneas de transmisión, falta de sistemas de almacenamiento y, recientemente, se ha abierto un flanco asociado a posibles problemas de suministro de gas natural«.
Por lo tanto, acotó que «en las horas de mayor demanda del sistema, las centrales que reciben remuneración por potencia son clave, dado que entran en operación cuando el resto de las tecnologías no están disponibles».
MESA DE TRABAJO
Esta nueva propuesta de reglamento, que comenzó a tramitarse hace dos años aproximadamente, recibió más de 900 observaciones antes de ingresar a Contraloría el 17 de febrero de este año para su tramitación -entre los principales cuestionamientos se apuntaba a que la iniciativa no aprovechaba la oportunidad para facilitar la entrada de tecnologías como el almacenamiento, clave para enfrentar las dificultades que existen en líneas de transmisión-.
Pero junto con el arribo del ministro Diego Pardow a la cartera de Energía, el 21 de septiembre pasado el Ejecutivo decidió retirar el texto de la oficina general de partes con «el objetivo de evaluar ajustes a la forma y temporalidad de su implementación«, según señalaron desde el Ministerio a este medio.
Fue así como a partir de noviembre se instaló una mesa de trabajo con la industria, que -de acuerdo al Gobierno- busca «mitigar los potenciales impactos de la propuesta reglamentaria en los distintos agentes del sector, sin perder de vista el objetivo de política pública del reglamento: incentivar una matriz con suministro flexible y gestionable que apoye el proceso de descarbonización«.
A este respecto, desde Energía aseguran que se encuentran revisando los antecedentes presentados por la industria, para tener una reunión final a mediados de enero de 2023 para luego reingresar la propuesta a Contraloría.
Con todo, hasta el momento el texto no ha tenido una buena acogida entre los incumbentes, pues existe consenso en la industria de que este mecanismo no es el adecuado para brindar certeza al sector, además de fomentar inversiones que aporten estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico en un escenario de estrechez energética.
Cabe recordar que en agosto de 2021, el Gobierno anterior firmó un decreto preventivo de racionamiento eléctrico que permanece vigente hasta el 31 de marzo de 2023, y que contempla una serie de medidas que buscan evitar el racionamiento, dada la severa sequía que azota al país desde la última década.
LAS CRÍTICAS
Para Andrés Romero, director de Valgesta Energía y ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), «la pregunta que nos tenemos que hacer es si esas nuevas reglas del juego van a dar las señales de precio para que se instalen las energías que requiere el proceso de transición energética«.
«Cuando uno analiza esto, lo que uno ve es que las tecnologías que debieran desarrollarse, como de almacenamiento, como una reinversión en nuestras plantas de gas natural para que sean más flexibles, no son precisamente las señales que este nuevo reglamento quiere entregar«, añadió.
En otras palabras, señaló que se está «desarmando un modelo que ha funcionado y se reemplaza por uno que en realidad no sabemos hacia dónde apunta, si va a funcionar o no, y que puede generar un riesgo importante para la transición energética».
Por su parte, Rodrigo Sáez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM), recalcó que «todos queremos avanzar en una transición energética acelerada, hacia un sistema eléctrico 24 horas con energías renovables y sin emisiones de CO2. Sin embargo, la única forma de lograrlo, es potenciar la inversión en tecnologías como el almacenamiento, agilizar la transmisión y el uso de tecnologías complementarias«.
«En específico, este reglamento va en contra de la transición energética y más aún, la pone en riesgo. Esto, por varios motivos: primero, castiga a las tecnologías que han sostenido al sistema eléctrico en episodios de estrechez. Segundo, no incentiva la flexibilidad, incluso otorgando un mayor reconocimiento a centrales a gas sin impulsar una mayor flexibilidad operativa y técnica de las mismas. Y, en tercer lugar, no da las señales adecuadas para impulsar la inversión en almacenamiento que tanto requiere el sistema«, acusó.
Verdejo también se refirió a tema, e indicó que «la actual propuesta de reglamento de potencia no aborda estructuralmente los desafíos del sector eléctrico. Fue realizado sobre la base de un diagnóstico que no se condice con la realidad actual y futuro del sistema».
«El diagnóstico es que el reglamento debe ser revisado en su totalidad para ser adaptado al contexto actual del sistema eléctrico. En este sentido, sería razonable pausar la conversación y revisar la propuesta en su totalidad. No por madrugar amanecerá más temprano. Es importante dar señales claras de seguridad y certeza para asegurar las suficientes inversiones que permitan avanzar decididamente en la transición energética», aseveró el académico de la Usach.
En ese marco, sostuvo que la iniciativa debiese abordar prioridades en materia energética como la falta de líneas de transmisión y de sistemas de almacenamiento masivo para que las energías renovables no convencionales puedan desplazar a los combustibles fósiles durante la mayor cantidad de horas del día.
«De no avanzar en los elementos recién descritos, estaremos renunciando a avanzar en la transición energética y obligados a volver a encender las centrales a carbón ya retiradas de operación y, al mismo tiempo, quemar diésel por mayor tiempo de lo que desearíamos», cerró Verdejo. (Emol)
