Frente a uno más de los anuncios sobre una posible acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, la vocera de gobierno declaró: “ya no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.
A primera vista, resulta una reacción completamente destemplada, la que –sin perjuicio de las deudas en las explicaciones y acciones que mantiene el Partido Socialista- hace una generalización injusta y para muchos inaceptable. De hecho, y aunque sea de manera temporal, terminó cohesionando a facciones internas que hasta la fecha se mantenían profundamente divididas; solidaridad que incluso se hizo extensiva en dirigentes de otros partidos de la oposición.
De igual manera, resulta reprochable que la ministra Secretaria General de Gobierno, es decir, aquella persona que por definición representa la voz oficial del Ejecutivo, aliente con sus palabras el ya arraigado prejuicio en contra de la política, contradiciendo de alguna manera el llamado efectuado por el propio Presidente de la República para cuidar y fortalecer nuestras instituciones, donde por cierto los partidos políticos son una pieza fundamental.
Esa contradicción se manifiesta además por el contraste con el continuo llamado que hacen las autoridades para promover el diálogo y el consenso. De hecho, estas declaraciones son especialmente inoportunas cuando pensamos que el Ejecutivo está iniciando su período legislativo más crítico, donde al menos debe tramitar en el Congreso cuatro reformas de gran importancia, sumando una dificultad adicional a las ya existentes por su minoría en ambas cámaras.
Y, como si fuera poco, pareciera que se intentó matar una mosca con una bazuca, lo que solo develaría cierta frustración y rabia interna; la que, siendo legítima en muchos casos, no puede ser públicamente irradiada por quienes asumimos deben guardar una mayor templanza en el tratamiento de los asuntos públicos y dar conducción al debate político. Incluso más, para muchos lo ocurrido podría ser el indicador de una real preocupación del gobierno frente a las posibilidades de éxito de la mentada acusación constitucional.
Pero aunque todo lo anterior fuera cierto, también cabe la posibilidad de que lo expresado por Cecilia Pérez estuvo fríamente calculado, y que su principal y quizás único objetivo fue solo terminar con el desangramiento político del gobierno y el oficialismo con motivo del debate en torno a la reducción de la jornada laboral y el protagonismo de Camila Vallejo. Desde esa perspectiva, y pese a los costos políticos para la vocera, la operación fue todo un éxito. (La Tercera)
Jorge Navarrete
