Son señales aparentemente inconexas entre sí. Tienen, sin embargo, un hilo conductor y son la evidencia de que las obviedades de la democracia —en este caso, la libertad de expresión— siempre pueden volver a estar en riesgo.
En enero, mientras ardían los bosques de tres regiones, el Ministerio del Interior entregaba a la Fiscalía Nacional las cuentas en redes sociales que difundían lo que parecía información falsa respecto del supuesto origen de los incendios.
Si los incendios no estaban siendo originados por grupos insurgentes, bastaba con que el Gobierno lo desmintiera e informara el origen real. Optó, en cambio, por dar una señal que no sólo pretendía detener el flujo de opiniones y memes: el propósito era infundir miedo (no sé si de manera espontánea o instruidos por la autoridad, pero durante varios días circularon en Twitter extraños personajes revisando cuentas, vigilando y acusando públicamente a quien reprodujera mensajes de ese tipo).
Más o menos en abril, cuando Alejandro Guillier, el candidato hasta entonces mejor aspectado del oficialismo, empezaba a desinflarse, la Nueva Mayoría y La Moneda iniciaron un sutil ataque a las encuestas. Si éstas traían malas noticias, entonces estaban mal formuladas, respondían a intereses oscuros o tenían como propósito “manipular” (un verbo que usa reiteradamente la izquierda cuando las cosas van mal).
El intento por desacreditar las encuestas, las mismas que levantaron en 2002 a Michelle Bachelet y en 2016 a Guillier como prominentes figuras —y luego como presidenciables— se ha intensificado en las últimas semanas. Hay en este ataque algo de totalitarismo (encierren al cartero, que no llegue a destino con malas noticias) y mucho de ignorancia: Carolina Goic esta semana intentaba demostrar la falsedad de las encuestas, comparando los resultados de sondeos para primera vuelta, con respuestas espontáneas, con los resultados de las primarias presidenciales.
En mayo vino otra señal, tal vez la más amenazante de los últimos años en esta materia: las bases programáticas de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier incluían la siguiente perla:
“Creación de un ‘defensor de las audiencias’ como entidad autónoma del Estado, que permita evaluar el funcionamiento de los medios, capacitar a las audiencias sobre sus derechos frente a los abusos de las grandes cadenas mediales y representar su defensa frente a determinados casos”.
¿Se imagina cómo sería un organismo que vigilara a los medios y “capacitara a las audiencias”? ¿Qué es exactamente “capacitar a las audiencias?
¿Y se imagina qué razones pudo tener Guillier para firmar un programa que denuncia la existencia de “abusos de las grandes cadenas mediales”, después de haber trabajado durante décadas en grandes medios, en posiciones sumamente destacadas?
Raro también para un periodista experimentado, que en una entrevista en Revista Qué Pasa, hace menos de dos años, aseguraba que “(…) en Chile hay un amplio espectro de medios que garantiza pluralidad (…)” y, agregaba que era equivocado alegar cerco informativo de los medios, “porque, además, los medios tradicionales han perdido influencia frente a las redes sociales”.
Esta semana de nuevo la libertad de expresión ha vuelto a ser noticia, tras el intento —con complicidad del Gobierno— de impedir que circulara por las calles de Santiago el llamado Bus de la libertad. En el debate pocos han logrado distinguir entre el mensaje del bus, su oposición a la “ideología de género”, y el bien público amenazado, que es la libertad de expresión. Porque una cosa es que usted esté o no de acuerdo con el mensaje que difunde el mentado bus, y otra, muchísimo más importante y esencial en una sociedad libre, es que su rechazo a esa opinión le conceda el derecho de silenciarla.
Digámoslo sin darnos demasiadas vueltas: hay un mundo, preferentemente la izquierda (no exclusivamente), que ve en la libertad de expresión una amenaza, que percibe a los seres humanos como vulnerables a la manipulación, sin capacidad de discernir y, por tanto, de tomar sus propias decisiones y posiciones. Es un mundo que durante décadas ha debido convivir en una sociedad abierta con millones de chilenos televidentes, auditores, lectores, que se mueven alternadamente entre un medio y otro para conocer la realidad del país, que seleccionan a su antojo qué noticias observar, qué parte de esas noticias retener y qué parte de ellas retransmitir.
Son los especialistas en construir verdades oficiales, para resguardar al soberano amenazado por el desbande al que ha conducido tanta libertad, y que le adjudica a las encuestas, a los medios y a las redes sociales la responsabilidad por una derrota política, o por el altísimo rechazo a las reformas, o por las aspiraciones que un sector importante del país tiene ganas de cumplir —constantes y sonantes— y, ciertamente, cada vez más distantes de la utopía que les prometieron durante décadas y que nunca llegó. (El Líbero)
Isabel Plá
