Luego de que el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación determinara sancionar a Revista Qué Pasa por la nota periodística sobre la Presidenta Michelle Bachelet y su vinculación con el caso Caval, el semanario dio a conocer el texto de reconsideración para que se revise la resolución contra el medio.
Según aseguró la revista, el fallo del Consejo es «injusto», por lo cual presentaron antecedentes adicionales que no pudieron mostrar en su oportunidad, por estar pendiente en aquel entonces el juicio criminal que presentó Bachelet -que ya fue retirado- en contra de los periodistas involucrados.
Dentro del texto se menciona que el «interés público de la noticia justificaba la publicación de las declaraciones contenidas en las grabaciones acompañadas en el expediente».
Por otra parte, como parte de la resolución del Consejo se indica que se llegó a la«convicción» de que «el trabajo periodístico adolece de los mismos problemas éticos de las ediciones online anteriormente analizadas, en vista de que es deber del medio de comunicación evaluar las declaraciones que obtenga de su trabajo periodístico tanto de la perspectiva de la credibilidad de las fuentes así como del necesario contraste de los juicios y valoraciones efectuados con terceras personas». Ante esto Qué Pasa precisó que el organismo regulador «pretende imponer» a la revista «un estándar que jamás se ha exigido en ninguna resolución anterior. Esto es que se verifique la veracidad de las piezas de un expediente judicial».
Además, agregan que esa exigencia es «desproporcionada» y «carente de realismo».
«De qué manera revista Qué Pasa pudo haber faltado a la ética periodística por no verificar los dichos contenidos en una interceptación telefónica autorizada por la justicia», agregan.
En el texto de reconsideración, el semanario añade que «sin ánimo de atribuir al Consejo sesgo alguno, aparentemente sostiene que la Presidenta tiene mayor protección en su honor que el resto de las personas. Lo dice al señalar: ‘Lo anterior, en función de las implicancias que tendría la presunción de inocencia de las personas aludidas’«.
La Tercera/Agencias
