La pandemia nos tiene concentrados en la urgencia y estamos en la pelea chica de si las cajas fueron improvisadas o de si es mejor repartir plata que alimentos; mientras, parecemos lejos de alcanzar al peak de personas hospitalizadas por el Covid-19.
Cuesta mirar más allá del hambre (realidad e instrumento político para alguna oposición ansiosa), pero lo cierto es que la actual crisis demanda más recursos y presenta una oportunidad para mirar cómo gastamos lo que nos acostumbramos a incrementar año a año gracias al crecimiento de la economía. Pero eso quedó atrás. Al Estado le caerán los ingresos en US$12.500 millones este año, según la Dirección de Presupuestos, mientras asumirá gastos, por ahora, un 42% superiores a sus ingresos.
Aun antes de esta crisis existía un acuerdo transversal en que hay que replantear el gasto público. La actual necesidad solo lo hace más urgente, como lo expusieron centros de estudios de diferente signo en un seminario convocado por Libertad y Desarrollo la semana pasada. Hoy hay una liviandad increíble entre las autoridades políticas, como alcaldes o parlamentarios, para reclamar para sus iniciativas fondos públicos, como si estos fueran de nadie y no hubiera competencia por ellos para satisfacer distintas necesidades. Lo cierto es que nos hemos ido acostumbrando a aumentar y aumentar el gasto público, que ha crecido 3,5 veces en los últimos 20 años. No están claros los resultados de esta política, puesto que se evalúa una mínima parte de los programas financiados con gasto público. Apenas unos 20 a 30 de ellos al año, los que no alcanzan ni al 4% del total del gasto.
Y, ¿qué encontramos de la evaluación 2011-2019 hecha por la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social? Que el 60% es calificado de «insuficiente», involucrando recursos por US$3 mil MM. En contraste, apenas el 5% obtiene una calificación “buena”. Si cree que eso significa que los programas con nota roja se eliminan, se equivoca, ya que estos pueden reprobar indefinidamente. Así, por ejemplo, sigue perpetuándose uno de rehabilitación y reinserción de Gendarmería iniciado en 1996 y otro denominado Fondo de Desarrollo Indígena de la Conadi, que comenzó en 1993, a pesar que éste ha reprobado en tres oportunidades la evaluación.
Son inmunes a la mala calificación porque no existe un mecanismo concreto que permita determinar si las falencias observadas fueron superadas. Por eso, la lógica que opera hoy es que cuando se requiere asignar mayores recursos para solucionar problemas en cualquier área, se sube el presupuesto, nunca se revisa cómo se está gastando la plata en ese punto. En la discusión del Presupuesto de la nación, lo que opera es “el que tiene mantiene”, de manera que cualquier nuevo requerimiento exige agregar recursos. Pero en un año en que se espera una fuerte contracción de la economía eso no será fácil, más aún cuando el 70% del presupuesto está amarrado por leyes, como la de la gratuidad de la educación superior que compromete una inmensidad de plata.
El tema es que no hay más para seguir tirando y multiplicando iniciativas sin ninguna coordinación, lo cual significa malgastar los recursos. Hay 85 programas, a modo de ejemplo, para reducir la pobreza, los que dependen de 6 ministerios, 12 servicios y una fundación de la Presidencia. ¿Se imagina lo que es llevar la responsabilidad por ese gasto?
A la luz de la ola de cesantía que ya está en nuestras costas, resulta un disparate que nuestros funcionarios públicos tengan inamovilidad con remuneraciones promedio casi un tercio más altas que las del sector privado. O que sigamos multiplicando la burocracia, creando ministerios que suman además, cada uno, 16 seremías y 16 direcciones regionales. Si hasta la idea de descentralizar creando delegados presidenciales se hizo mal porque no reemplazarán a los actuales intendentes regionales. Como siempre, vamos sumando…
Cuando las demandas ya no son por “dignidad” o “igualdad”, sino que por “hambre”, es inadmisible continuar chorreándole millones de dólares a empresas estatales que no se justifican. No es un tema circunscrito solo al tamaño del Estado o a la eficiencia del gasto. Es el imperativo ético de no seguir dilapidando la plata que pertenece a todos los chilenos y que debieran recibir, primero que nadie, aquellos que esta crisis sanitaria está empobreciendo. (El Líbero)
Pilar Molina
