El gobierno cerró el 2015 con un incidente de antología; con el ministro Burgos siendo marginado de una visita de la Presidenta Bachelet a La Araucanía y con su decisión de renuncia puesta sobre la mesa; con la Presidenta forzada por las circunstancias a reconocer errores ajenos y señalando que ello ‘tendría consecuencias’; y, finalmente, con el titular de Interior coronando el capítulo a través de un amenazante ‘esto no puede volver a repetirse’, luego del cual los dardos de los protagonistas comenzaron rápidamente a dirigirse hacia ese núcleo fantasmal de asesores denominado ‘Segundo Piso’. En los hechos, este fue el lógico desenlace, un recurso táctico escogido para que Jorge Burgos y la DC pudieran canalizar las responsabilidades hasta el borde mismo de la autoridad presidencial, pero también lograran dejar a la Mandataria en una las condiciones que más le acomoda: como eterna ‘afectada’ por errores de terceros.
El problema, esta vez, fue que la necesidad política de resguardar a la Presidenta de los efectos de este episodio no podía absolverla sin lesionar las condiciones a través de las cuales ella ejerce sus prerrogativas. Afirmar -como se hizo- que su jefa de gabinete y sus asesores directos diseñaron por su cuenta la visita a La Araucanía, no puede excluir que al final fue Bachelet quien decidió dejar a su ministro del Interior fuera de la comitiva. Podrá haber recibido desde su entorno opiniones y sugerencias, pero nadie salvo ella pudo haber acogido o desestimado razones para proceder de una determinada manera. Fue, en síntesis, la Presidenta de la República quien consideró que una visita suya a una zona que vive graves problemas de violencia y seguridad pública no requería de la presencia del titular del Interior.
En rigor, lo mismo ocurrió con la posterior decisión de no informar al ministro Burgos de la realización de esta actividad. Fue la propia Mandataria quien optó por no informar personalmente a su jefe de gabinete y la que no tuvo intención o interés en preguntar a sus asesores si aquel estaba en antecedentes de lo decidido. La otra alternativa es que Bachelet haya dado la instrucción de informar debidamente y a tiempo a Jorge Burgos, y que esa instrucción no fuera cumplida, pero dicho escenario debe desestimarse por la sencilla razón de que, en ese caso, sería impensable que los asesores sigan aún en sus puestos. Por tanto, aquí también no cabe otra posibilidad: la decisión de no informar sino tardíamente al ministro Burgos sólo pudo tomarla -por acción u omisión- Michelle Bachelet.
Así, como por un extraño designio, el año 2015 terminó con un incidente donde lo que estuvo de nuevo en juego fue el imperativo de blindar a la Presidenta de los efectos de sus propias acciones u omisiones, un intento ya demasiadas veces reiterado y que, por lo mismo, posee cada vez menos legitimidad para prosperar. Ahora se va a intentar crucificar al ‘Segundo Piso’, culpar a la jefa de gabinete de decisiones que ella simplemente no puede tomar. En efecto, la Presidenta es libre para delegar las atribuciones que estime pertinente, pero lo que no puede hacer, ni aún a plena y propia voluntad, es delegar la responsabilidad política de las decisiones que se toman en su nombre.
