La pandemia está impactando a la educación. Desarrollar buena parte del año escolar desde casa, para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, trae retos tecnológicos y organizacionales y, para quienes no, tiene el potencial de exacerbar la discusión de desigualdad que dominó los titulares el año pasado. Si bien hay que atacar los retos de corto plazo –en especial cómo cumplir con el objetivo educacional dadas las restricciones de movilidad–, también debemos hacernos cargo de una discusión estructural en materia de política educacional.
La educación formal ocupa, en los primeros años formativos, no menos de cuatro horas al día y hasta el doble o más conforme se acerca la edad adulta. Eso cambió hace algo más de tres meses. Las horas de clase se convirtieron en video conferencias, las tareas dirigidas en una sala de clase pasaron a ser tiempo (y señal de internet) compartido con padres en la mesa del comedor, y los entrenamientos deportivos, en reducidos espacios de actividad física.
Esta situación ha sido un reto para establecimientos y educadores, que han debido hacer un salto tecnológico cuántico para seguir ofreciendo servicios de educación, al tiempo que aún están aprendiendo cuál es la dosis correcta de interacción en línea, trabajo autónomo y evaluaciones. Los alumnos han debido acostumbrarse a trabajar a distancia, con limitada interacción con sus pares y educadores y, en muchos casos, con mayor autonomía. Y los padres debemos balancear las demandas laborales y las obligaciones de la casa, con la tarea de ser educadores novatos.
La situación nos llama a repensar estructuralmente las políticas educativas en un mundo que seguramente continuará priorizando las actividades remotas por un tiempo más. Hasta hace poco, el debate en torno a la mejora del acceso a educación de calidad tenía como tema clave el grado de participación del Estado, buscando optimizar o incrementar el gasto en educadores e infraestructura de los establecimientos, principalmente públicos, para cerrar brechas con aquellos privados, mejor dotados. Pero hoy, entre las piedras de tope destacan factores como que, pese a que casi un 90% de los hogares según la OCDE contaba en 2018 con acceso a internet, la pandemia ha mostrado que la calidad de señal es irregular, dificultando el acceso a lecciones virtuales. O que los educadores y establecimientos deben rediseñar sobre la marcha los materiales y estrategias educacionales para adaptarse a la nueva realidad.
Tal vez lo más relevante es la pérdida del valioso tiempo compartido con los pares. El reporte anual de educación la OCDE documenta que 1/3 de las diferencias en los puntajes de pruebas estandarizadas, como la PISA, está explicado por diferencias en los establecimientos educativos a los que los estudiantes asisten. Factores como la infraestructura física, el número de alumnos por sala y la habilidad intrínseca de los compañeros explicarían por qué hay colegios que “potencian” el desempeño de los alumnos, como reportan los economistas Cahuc y Zylberberg en una revisión exhaustiva de la literatura de economía de la educación. El tema es tan relevante que motivó la reforma que terminó con la selección de alumnos en los establecimientos públicos.
Desde casa, factores como el espacio físico, la calidad del internet y el tiempo que tengan los padres para avocarse al proceso de educativo pasan a jugar un rol más importante. Evitar que estas diferencias refuercen las desigualdades en desempeño académico seguramente demandará reenfocar la política educacional hacia trabajo remoto, una tarea que no puede esperar. (DF)
Miguel Ricaurte
