Varias personas indecisas o favorables a rechazar la propuesta de nueva Constitución inquieren sobre la voluntad y la viabilidad del planteamiento de aprobar para luego mejorar el texto en cuestión.
A estas alturas del debate constitucional se ha vuelto un lugar común que el proceso constituyente no termina con el plebiscito del 4 de septiembre. Ricardo Lagos fue quien dio en el clavo. Michelle Bachelet afirmó luego que la propuesta de la Convención era un buen punto de partida. Por su parte, el Presidente Boric ha reiterado su voluntad de perfeccionar el texto. El PPD ha hecho público los temas que a su juicio deberían ser cambiados; el PS se encuentra preparando una posición al respecto y el FA también elabora un documento sobre el tema. El PC ha sostenido que está abierto a discutir el asunto después del plebiscito.
En síntesis, quienes voten por el Apruebo saben desde ya que no ratifican una propuesta -como se usa decir ahora- “escrita en piedra”, sino un marco sustancial adecuado para lograr una nueva Constitución. El juicio ciudadano favorable sería sobre el eje central, la columna vertebral y el espíritu que anima a la propuesta constitucional. Ello contribuye a despejar dudas sobre el sentido de la aprobación de la propuesta constitucional.
Se ha dicho que, no siendo “perfecta”, inclina la orientación del orden jurídico y social hacia valores de dignidad, solidaridad, inclusión y armonía con la naturaleza. El consenso, entonces, se da en torno a ese conjunto de principios y normas que se puede sintetizar en una actualización de la noción ya clásica de “Estado social de derecho”, junto con una organización del Estado en consonancia con nuestra tradición y cultura políticas, que busca una mejor redistribución del poder a nivel territorial y un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reforzando el papel de la Magistratura y el área de los órganos autónomos, con un mayor énfasis en el buen gobierno con cortapisas a la corrupción y abriendo cauces a la participación ciudadana.
Por eso es un buen punto de partida.
La implementación de la nueva Constitución –si es aprobada– será gradual y por partes. De inmediato entrarán a regir los capítulos relativos a los principios, las normas transitorias, las referidas al cambio de la Constitución y los quórum legislativos, además de algunas materias puntuales. En cambio, las normas relativas al funcionamiento del Estado quedarán en suspenso a la espera que se dicten las leyes habilitantes respectivas, con la excepción que la nueva organización del Congreso y la elección de las autoridades regionales comenzarán el 2026.
Además, como lo establece la disposición transitoria 2, las leyes vigentes seguirán en vigor mientras no sean modificadas, derogadas o declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Constitucional, o sea, no hay lugar para una derogación tácita de las mismas.
Ello determina que al menos durante este Gobierno el país estaría regido por dos Constituciones: la nueva en cuanto a los principios, derechos y valores, y la actual en lo referente al rodaje del Estado y a la normativa sobre la vida social en general. En ese período el Poder Judicial tendrá un importante papel que jugar al resolver los conflictos que se puedan producir por la falta de coherencia entre la nueva Constitución y las leyes vigentes.
Para poder implementar cabalmente la nueva Constitución será necesario dictar las leyes que permitan entrar en funcionamiento a las nuevas instituciones o que cambien la competencia de las actualmente existentes. Según un primer estudio de la Biblioteca del Congreso, ello supondría modificar al menos unos 60 cuerpos normativos. Es una tarea ingente.
Esos cambios se tienen que llevar a cabo en el Congreso con acuerdo del Presidente de la República. Por más que la propuesta constitucional establezca un verdadero calendario para las reformas, esos plazos no tienen fuerza imperativa para el Congreso. Su no cumplimiento no acarrearía ninguna sanción.
No es un misterio que la composición política del actual Congreso es muy diferente a la de la Convención. El Gobierno no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y las fuerzas que lo respaldan no siempre lo hacen en forma coherente y sólida. Para implementar la nueva Constitución no sólo es necesario, sino que será insalvable, introducirle mejoras. De lo contrario quedaría una constitución trunca, muy lejos de influir ampliamente en la vida de las personas.
Frente a este desafío -como ha ocurrido tantas veces– es probable que surjan dos posturas en el oficialismo: quienes quieran mantenerse en el inmovilismo denunciando a los sectores que impedirían o dificultarían la entrada en vigor de la Constitución y quienes por el contrario busquen abrir un espacio de negociación y diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas para lograr los cambios comprometidos. Esta última tendencia tiene el aval del Presidente y el respaldo explícito de importantes fuerzas oficialistas. Por su parte, la oposición luego de haber anunciado algunos de los cambios que quisieran plasmar en una nueva Constitución, no podrían restarse al debate de esas reformas. Para facilitar la tarea, el Gobierno podría solicitar la contribución de académicos y expertos en Derecho Público, que desde hace tiempo han ido explorando áreas de consenso y de disenso. Además, sería conveniente que en la configuración de un nuevo gabinete se encargara a un ministro o ministra en especial la tarea de alcanzar los consensos necesarios para avanzar en la implementación constitucional, separando dicha tarea de las funciones normales del gobierno.
Resulta, entonces, imperioso reformar manteniendo el eje central de la propuesta constitucional. Ello debe quedarle claro a la ciudadanía antes de emitir su voto. La garantía última es que los acuerdos de reforma constitucional que se puedan alcanzar sean sometidos a un plebiscito. No se trata de un cerrojo. Al contrario, es un resguardo de legitimidad. (El Líbero)
José Antonio Viera-Gallo
