Las mejoras al sistema de isapres que propone el Gobierno en el proyecto que ingresó ayer al Senado podrían hacer que afiliados de Fonasa vean allí una mejor opción de seguro de salud y decidan migrar.
Esa situación es algo que analizó el Ejecutivo con una serie de simulaciones. La estimación más alta es que hasta 407 mil personas de Fonasa podrían contratar el nuevo Plan Universal de Salud (PSU) que deberán ofrecer las aseguradoras privadas en el marco de la reforma.
Así lo confirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, quien afirmó que «hay una estimación en el informe financiero que podría llegar a una cantidad de entre 300 mil, 400 mil personas. Eso es parte de lo que podría ocurrir. Pero estamos trabajando para que el sistema público dé una respuesta y se minimice ese impacto».
Serían 407.486 personas, que equivalen a cerca del 3% de los 14,2 millones de afiliados que actualmente están en Fonasa, pero, según explican en el Ministerio de Salud, corresponderían a los afiliados al seguro público que tienen mayores ingresos y, por lo mismo, que aportan más recursos, porque su cotización obligatoria para salud (7%) es más alta.
Eso implicaría que, igualmente, el efecto de que Fonasa deje de recibir sus cotizaciones sea significativo. Por lo mismo, para paliar esa baja de ingresos por cotizaciones, Blumel detalló que el fisco tendría que destinar «del orden de $70 mil millones» al seguro público ($71.374 millones al año, según el informe financiero). «Pero es una cifra que esperamos que no se materialice dado el trabajo que estamos haciendo para modernizar Fonasa», añadió el secretario de Estado.
En el caso de las isapres, recibir a 407 mil personas sí sería significativo, pues se traduciría en un aumento de casi 12% respecto de su actual cartera de beneficiarios y podría llegar a 3,8 millones de afiliados.
Lo anterior si es que nadie de los que está actualmente en una aseguradora privada se cambiara de sistema, que es algo que también podría ocurrir, han planteado expertos, porque podría haber personas a las cuales el PSU que deberán ofrecer las isapres les resulte más caro que su plan actual, como los hombres jóvenes.
Ya ha habido momentos en los que el sistema privado se ha frenado y los afiliados han optado por Fonasa. Por ejemplo, luego de la crisis de Masvida, los nuevos contratos disminuyeron 28% en un año (comparando abril de 2017 y 2016).
El informe financiero del proyecto de isapres sí considera que se producirá un gasto directo para financiar el funcionamiento del nuevo consejo técnico, que será un actor clave en el esquema propuesto.
Esta entidad será la encargada de determinar las atenciones que serán incluidas en el PSU, así como hacer análisis de costos del sistema y sus alzas, y de dar forma al esquema de compensación, entre otras labores. Para ello, se estiman $700 millones.
GASTO PÚBLICO
Ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que fortalece Fonasa, el que contempla tres cambios. El primero es que Fonasa pueda derivar a pacientes en lista de espera a otros recintos de salud para que solucione su problema (ver recuadro abajo), para lo cual en 2019 se cuenta con $260 mil millones.
El segundo es que se elimine el tope máximo de cobertura en modalidad de libre elección en el sector privado, que hoy tiene un tope de 60%. Para esto se consideran $590 mil millones.
Para ambos casos se utilizarían recursos que ya están asignados en el presupuesto de Fonasa.
El tercer aspecto considera que los hombres puedan ser carga de su cónyuge, lo que hasta ahora no se podía. Esto implicará que 45 mil varones que actualmente son considerados carentes de recursos (en el tramo A de Fonasa) podrían pasar a ser carga de mujeres y quedar en los tramos B, C y D.
Como consecuencia de lo anterior, estos podrían acceder a la libre elección para atenderse en clínicas, lo que tendría un gasto fiscal de $777 millones el primer año de implementación para que Fonasa financie las coberturas, y $911 millones al quinto año. (El Mercurio)
