Mejorar las pensiones en Chile es fundamental para la cohesión social. Apoyarlas con recursos públicos es imprescindible, pues son pocos los que logran con su propio ahorro previsional financiar una pensión adecuada. Por lo mismo, es necesario un amplio consenso nacional para definir y sostener en el tiempo el compromiso de gasto público requerido para financiar el pilar solidario y el de la clase media y conciliar expectativas ciudadanas, responsabilidad individual y responsabilidad fiscal.
Para alcanzar ese delicado e imprescindible equilibrio se requiere de al menos dos cosas. Primero, una franca disposición al diálogo constructivo por parte de todos los sectores relevantes. Y, segundo, acceso a toda la información financiera que permita responsablemente estimar y analizar los efectos fiscales de largo plazo, y así alimentar un debate informado.
Hace poco, la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregó sus cálculos acerca del gasto público esperado de la reforma de pensiones, sin todavía presentar información acerca de su efecto en las finanzas públicas de los próximos años. Mientras tanto, la agencia de calificación de riesgos Moody’s se sumó a la opinión oficial señalando que el proyecto previsional del Gobierno no alterará sus objetivos de consolidación fiscal, dado que en los próximos años el mejoramiento de las pensiones podría financiarse con fondos públicos, sin comprometer la reducción del déficit estructural planificada. Lo anterior son buenas noticias.
No obstante, considerando que el pronóstico de Moody’s alcanza hasta el año 2022, y que el impacto fiscal relevante de la reforma de pensiones parte en 2023,el Observatorio del Gasto Fiscal construyó escenarios hasta el año 2026, con el objetivo de calcular las holguras fiscales que dejará la reforma de pensiones, según distintos escenarios de crecimiento del gasto público.
El Ministerio de Hacienda ha cuestionado nuestros datos y nuestras proyecciones, algunas de las cuales contemplan una mayor estrechez fiscal que la planteada por el proyecto gubernamental.
No obstante, vale recordar que para financiar la reforma de pensiones de forma coherente con la meta fiscal, no solo debe sostenerse un crecimiento anual de 3,6% del PIB, sino, ante todo, deberá frenarse el crecimiento del gasto público que el país ha sostenido en al menos los últimos 28 años. Las proyecciones de la Dipres consideran un crecimiento del gasto de un 2,9% anual, mientras que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, este fue de 4,6% como promedio anual (4,0%, sin considerar el año 2010), y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, de 5,5% anual.
Por cierto, estamos abiertos a un debate metodológico que permita afinar proyecciones. De hecho, precisamente este es uno de nuestros objetivos al instar por una mayor transparencia fiscal. También hubiésemos preferido realizar pronósticos más precisos y profundizar el análisis de las estimaciones macroeconómicas de la Dipres, pero ello no resulta fácil cuando las cifras del Informe de Finanzas Públicas y del Informe Financiero del Proyecto de Ley de la Reforma de Pensiones carecen de detalles y además omiten presentar escenarios alternativos de evolución del gasto en el mediano o largo plazo.
Con todo, nos parecen innegables las siguientes conclusiones:
a) Es altamente probable que los próximos gobiernos enfrenten mínimas holguras para abordar necesidades sociales adicionales, a menos que se generen ingresos fiscales adicionales o eficiencias y reasignaciones relevantes respecto del gasto público actual.
b) En ese contexto de mayor presión fiscal es especialmente necesario avanzar hacia una reforma presupuestaria que ponga énfasis en la eficiencia del gasto público, la medición de sus resultados y el reforzamiento de la transparencia fiscal, mucho más allá de las reformas planteadas hasta el momento. El objetivo debiese ser facilitar que todos -Congreso y ciudadanos- aprecien, comprendan y supervisen mejor la relación entre el gasto público y la cantidad y calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
Más que perseverar en la polémica en torno a las proyecciones de gasto de una ley, preferimos ponernos a disposición del Ministerio de Hacienda para aportar desde la sociedad civil ideas concretas acerca de cómo materializar dicha reforma presupuestaria, que será la base de la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Nada ayudará más al escenario fiscal futuro que la certeza de que gastamos bien los dineros de todos.
Jeannette von Wolfersdorff
Directora ejecutiva
Observatorio del Gasto Fiscal
