Después de 22 años de implementación, creemos que el SEIA requiere ser revisado para incorporar lecciones aprendidas de la experiencia y tender hacia un sistema más eficiente, y que se haga cargo de las ambigüedades regulatorias que terminan provocando judicializaciones e inseguridad jurídica. Estimamos que el proyecto enviado por el actual gobierno pareciera haber encontrado el inicio de un camino viable a seguir, tras las indicaciones que ha anunciado la ministra Carolina Schmidt.
Al analizar los cambios enviados, el retiro del mecanismo obligatorio de Participación Ciudadana Anticipada (PACA) ha generado un amplio debate. Uno de los argumentos es que, en la práctica, el proyecto va a sufrir modificaciones de diseño en sus diferentes etapas de desarrollo, lo que debilita la solidez de la PACA. Asimismo, la exigencia no distinguía entre grandes, medianos y pequeños proyectos. Además, la OIT había planteado observaciones en términos del conflicto respecto del convenio 169. Hoy, muchos proyectos grandes realizan participación ciudadana anticipada, que aunque no vinculante, sí contribuye a dar a conocer las iniciativas y a considerar los intereses de las comunidades.
En cuanto al fin de las “macrozonas”, se trata de una materia que generaba diferencias políticas relevantes, especialmente con los parlamentarios de regiones. En consecuencia, la viabilidad de la reforma se complejizaba.
Respecto del fin del Comité de Ministros, es fundamental revisar el rol y el marco en el que operarán las comisiones regionales. En este punto, velar por el perfil técnico de sus integrantes es clave para su buen funcionamiento. La experiencia nos muestra que muchas veces los organismos regionales han sido incapaces de asumir sus responsabilidades y han escogido el camino fácil de delegar hacia arriba.
Por otro lado, hay que reforzar la necesidad de agilizar la tramitación y robustecer la validez de los permisos ambientales. Este punto es esencial para avanzar en la seguridad jurídica y generar así mejores condiciones de inversión. Los esfuerzos que se han hecho para avanzar en esta reforma al SEIA habrán sido inútiles si no hay proyectos que someter a evaluación, al persistir las numerosas trabas en la tramitación.
En línea con lo anterior, es preocupante que la reforma impulsada puede terminar siendo estéril si persiste la lógica que hemos visto en algún tribunal ambiental. Aun cuando se trata de una institucionalidad nueva y en “rodaje” ha tenido actuaciones que no se ajustan estrictamente al marco jurídico y más bien parecieran responder a convicciones personales.
En este sentido, si consideramos que entre los cambios introducidos se elimina el recurso de reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, pasando a una reclamación directa ante el tribunal ambiental respectivo, vemos que la actuación criteriosa y apegada a derecho es fundamental, pero se trata de una materia pendiente con algunos antecedentes que aumentan nuestra cuota de escepticismo.
Valoramos el esfuerzo por avanzar en esta iniciativa que permita una tramitación más expedita de los proyectos y otorgue mayor certeza jurídica a los inversionistas.
La tramitación legislativa y la reglamentación serán fundamentales para definir si la reforma cumplirá su objetivo, o, por el contrario, terminará complejizando aún más el desarrollo de nuevos proyectos.
La Tercera
