¿Le parece una grave exageración? ¿Sí? A mí también.
Pues bien, eso es lo que han afirmado en carta del domingo pasado a este diario los rectores de las universidades del Estado.
Tengo la sensación de haberles oído a ellos mismos -especialmente a Vivaldi, de la Universidad de Chile, y a Zolezzi, de la Usach- justamente lo contrario durante mucho tiempo: que sus universidades generan buena parte de la investigación nacional, que forman a decenas de miles de jóvenes en las profesiones y en la ciudadanía, que colaboran con la cultura nacional mediante sus actividades de extensión -especialmente en las artes-; en fin, que custodian el pluralismo y las tradiciones republicanas. Todo cierto.
Pero resulta que al conocerse al detalle el propósito discriminador y estatista que tienen los borradores que el ministerio ha enviado a las universidades para que opinen sobre las bases con las que redactará su proyecto de ley, los rectores de las corporaciones estatales, que se han caracterizado por victimizar a las restantes instituciones, ahora prefieren una estrategia verdaderamente inesperada: victimizarse. Si no hay una ley que las proteja, que las alimente y las privilegie contra toda igualdad, las universidades del Estado rodarán al fondo de un precipicio, abismo del que nunca tuvimos noticia. Y ya están al borde, nos dicen. Insisto: los rectores nos alertan sobre la «inminente desaparición del sector estatal», aunque acaban de nacer dos nuevas universidades fiscales y habrá institutos profesionales en todas las regiones.
Para evitar una discusión de fondo sobre los borradores, los rectores quieren que aquella quede circunscrita a dos cosas: la reconstrucción de instituciones públicas de calidad (o sea, hoy sus universidades no serían de excelencia) y los mecanismos que garanticen la gratuidad. Toda otra crítica -en concreto, la referida a los peligros de estatización del sistema que están contenidos en los borradores- es calificada como un ataque fruto del temor de los que supuestamente no quieren que nada cambie; los rectores califican esas críticas al proyecto como una defensa del mercado, asimilándolo con el concepto de autonomía: una pillería semántica.
Si los rectores no hubiesen hecho más declaración que la referida, habría derecho a escandalizarse y exclamar: ¡Vaya universitarios dialogantes que son estos señores! ¡Vaya capacidad de matizar que tienen estos intelectuales!
Pero al mismo tiempo que firmaban una carta tan descalificatoria para todos los que critican los dichosos borradores, algunos de esos rectores no pudieron callarse e hicieron lo mismo.
Dos joyitas.
El rector de la Universidad de Valparaíso se queja de graves indefiniciones, ambigüedades y dilaciones en la arquitectura del proyecto, de inconsistencias en la reforma que por momentos, afirma, parece que va a desfigurar «de modo irreversible el sentido de lo público». En qué quedamos: ¿se puede o no criticar?
Por su parte, el rector de la Universidad de Talca se lamenta por los eventuales subsidios a la demanda, por la forma de concebir un futuro comité de universidades estatales, por el eventual patronato de la Universidad de Chile sobre las demás corporaciones; en fin, pide revisiones a los borradores y se lamenta de que todavía, sin las variables sobre el financiamiento, es muy difícil saber lo que es la reforma. ¡Cómo se atreve a criticar!
Lo que está pasando es evidente: los rectores están disponibles para que el Gobierno trate de sacar las castañas.