Realmente libres

Daniel Matamala responde a mi columna anterior, lo que nos permite profundizar en el análisis de los datos. En simple, la tesis del periodista es que Milton Friedman y sus seguidores son los grandes responsables de las precariedades sociales de nuestro país, porque “destruyeron las aún precarias estructuras sociales que estaba levantando Chile para entregar protección social a los ciudadanos”. En mi respuesta inicial comparto datos históricos sobre educación, salud y pensiones que demuestran la poca rigurosidad de sus conclusiones, y argumento que ha sido la mediocridad del Estado, y no la “libertad de elegir”, el responsable de nuestras precariedades sociales.

En su réplica Matamala reconoce los avances sociales de nuestro país en las últimas décadas, lo que es un avance, pero argumenta que esos logros no serían responsabilidad de las reformas impulsadas por los seguidores de Friedman, sino gracias a la Concertación: “Fue recién al terminar la dictadura, cuando el modelo neoliberal se matizó, aumentando impuestos para expandir el gasto social, que se produjo la fuerte caída en la pobreza que Kast atribuye a los Chicago Boys.”

Me alegra que el periodista cambie el argumento inicial, pues tengo profundo respeto por el periodo de la Concertación, y creo que la izquierda chilena ha cometido un error al no valorar sus logros en esa época. El éxito de los gobiernos de la Concertación se basó justamente en la seriedad y profesionalismo de los políticos que la lideraron, partiendo por Aylwin, Lagos, Foxley y Boeninger, quienes mantuvieron lo positivo de los discípulos de Friedman (aunque para ser precisos Arnold Harberger fue tanto o más influyente), y realizaron los cambios propios de una coalición moderna y democrática.

Con todo, hay una serie de argumentos del periodista que merecen una segunda mirada. Uno de ellos se refiere a las causas detrás de la reducción de la pobreza durante los 90, donde Matamala argumenta, sin citar ninguna evidencia empírica, que gracias a “expandir el gasto social se produjo la fuerte caída en la pobreza”. La verdad es que los datos dicen otra cosa. De acuerdo al estudio de Contreras, D. (2003), –Poverty and inequality in a rapid growth economy: Chile 1990-96. Journal of Development Studies– el crecimiento económico fue la principal palanca en la reducción de la pobreza: “Utilizando la descomposición de Datt-Ravallion, el crecimiento económico representa más del 85 por ciento de la reducción de la pobreza”. Estos datos son consistentes con los estudios de movilidad de la pobreza realizados con datos de panel Castro, Rodrigo, y Kast, Felipe. (2004), “Movilidad de la pobreza en Chile. Análisis de la Encuesta Panel 1996-2001″,. donde se observa que el empleo del hogar es el principal determinante de las “salidas” y “entradas” desde y hacia la pobreza.

En resumen, la evidencia nos muestra que la política social más efectiva en la destrucción de la pobreza es la creación de empleos, y por eso resulta curioso que Matamala omita en su análisis la importancia del crecimiento económico en el desarrollo social y humano de las últimas décadas. Este elemento es relevante no solo para entender lo que ocurrió en los 90, sino también para entender la urgencia de poner al crecimiento económico como una prioridad nacional, porque la situación actual es crítica, especialmente para las nuevas generaciones. El crecimiento promedio pasó de 6% en la década de los 90, a 4% en la década de los 2000, luego a en torno a 3% en la década de 2010, y actualmente el crecimiento de tendencia no supera el 2%. De acuerdo a un análisis reciente de Claudio Sapelli, para los nacidos a partir de 1989 la estimación de sus ingresos de toda la vida es que serán 14% menores a los de sus predecesores. Esto significa que las nuevas generaciones que se gradúan de la educación superior están experimentando por primera vez un retroceso en sus expectativas de movilidad social en comparación con quienes vinieron antes que ellos. Todavía es necesario investigar en mayor profundidad para entender las causas detrás de este fenómeno, pero claramente el estancamiento del crecimiento económico es el principal sospechoso.

La segunda tesis de Matamala que amerita una revisión es su obsesión por descalificar el “milagro de Chile” y a los discípulos de Friedman. En esta segunda oportunidad el periodista abandona su primer intento descalificador en educación y salud, probablemente por la contundencia de los avances en cobertura educacional y en esperanza de vida en la década de los 80, y apunta su crítica hacia otras dimensiones como la Pobreza, la Inflación, y el crecimiento del ingreso per cápita.

Comencemos con Pobreza, donde argumenta que “a partir de 1975, los “Chicago Boys” impusieron, a sangre y fuego, la mayor revolución económica y social de la historia de Chile. Una refundación por la fuerza. Los efectos sociales fueron catastróficos. Pinochet entregó a Chile con 68% de pobreza, medida según el estándar actual”.

Sobre el 68% de pobreza en 1990, nuevamente el periodista comete un error al analizar los datos. La pregunta relevante no es el nivel de pobreza en 1990, sino evaluar cómo evolucionó la pobreza durante la década de los 80. Desgraciadamente no contamos con datos fidedignos para responder en profundidad esta pregunta, porque el primer intento de medir sistemáticamente la pobreza por ingresos ocurrió recién en 1985. Lo que sí sabemos es que la crisis de los 70 y luego la del 80 golpearon fuertemente a los hogares de nuestro país, y que a partir de 1985 comenzó un ciclo positivo para los ingresos y para la reducción de la pobreza. Lo que no menciona Matamala, y debería hacerlo, es que el primer mapa de la extrema pobreza fue realizado por un discípulo de Friedman en conjunto con un académico de la UC, y la primera medición de la pobreza por ingresos fue realizada en 1985 a través de la encuesta CASEN. Ambas mediciones tenían como objetivo diseñar políticas públicas focalizadas en las familias que más sufrían en nuestro país, para lo cual se implementó la ficha CAS, y se hicieron diversos esfuerzos en los años 80 por atacar la pobreza multidimensional, siendo el trabajo liderado por Fernando Monckeberg en salud el más exitoso de todos, reduciendo fuertemente la mortalidad infantil. Cuesta imaginarlo en el Chile actual, pero en los años 60 la mitad de los niños moría antes de llegar a los 15 años de edad.

Tiene razón el periodista en que los “Chicago Boys” realizaron “la mayor revolución económica y social de la historia de Chile”, pero también es cierto que afortunadamente quienes vinieron después -esa izquierda reformista y responsable llamada Concertación- decidieron mantener y profundizar los cambios impulsados por los seguidores de Friedman, entre ellos la autonomía del Banco Central, la focalización de los recursos públicos en las familias más vulnerables, usando la ficha CAS, el control del niño sano en salud, impulsaron concesiones privadas en carreteras, privatizaron empresas públicas mal gestionadas, y continuaron con la medición de la pobreza a través de la encuesta CASEN.

Habiendo analizado el tema de la Pobreza, veamos lo que dice Matamala en relación al ingreso per cápita. El periodista dice que el “milagro de Chile” es una falacia porque “el aumento en el ingreso per cápita se produjo una vez terminado el régimen de Pinochet”. Una vez más es bueno revisar los datos. El siguiente gráfico (Documento de Trabajo 365 del Banco Central 2006, Klaus Schmidt-Hebbel), muestra la evolución del ingreso per cápita de Chile en comparación con el resto de nuestra región, el mundo y Estados Unidos. Es evidente que el punto de inflexión para el ciclo virtuoso del crecimiento del ingreso per cápita en nuestro país comienza en la segunda mitad de los 80.

El tercer argumento en contra de los “Chicago Boys” corresponde a la inflación, donde el periodista argumenta que el promedio de la inflación fue de 79.9% durante ese período. Este es probablemente el argumento más débil de Matamala, porque si hay algo que los distintos organismos internacionales valoran de las reformas económicas de los 80 es haber sido pioneros en la implementación del Banco Central autónomo. Nuestros vecinos en Argentina no tuvieron la suerte de contar con los discípulos de Friedman empujando la autonomía del Banco Central y todavía lo están sufriendo. Adicionalmente, si el periodista hubiese sido un poco más honesto con las cifras, debería al menos mostrar la serie completa de los datos de inflación, que comparto a continuación:

IPC en Chile desde 1970

El problema inflacionario llega a su punto máximo en la primera mitad de los 70, con un promedio anual de 300% y con un máximo histórico cercano a 600% en 1973. Los gobiernos financiaban el gasto público imprimiendo billetes. Esto cambió con el ajuste fiscal de la segunda mitad de los años 70, y luego a fines de los 80 la autonomía del Banco Central solucionó ese problema en forma permanente.

Otra de las imputaciones realizadas por el periodista es que los seguidores de Friedman promovían una “libertad de elegir que depende del bolsillo de cada cliente”. Por supuesto que ningún liberal buscaría impedir el libre uso de los recursos propios, pero el subsidio a la demanda apunta justo en la dirección opuesta a lo que dice Matamala -entregar recursos públicos en forma directa y gratuita a las personas- y curiosamente el periodista omite que la ley de financiamiento compartido (copago) en la educación escolar fue impulsada por Jorge Arrate como Ministro de Educación en 1993.

Luego el periodista se mueve hacia los impuestos. “En vez de empujar reformas que nos acerquen (aumentar recaudación) a la OCDE en estos aspectos, Kast ha dicho que necesitamos más súper ricos”. Nuevamente Matamala actúa en forma poco rigurosa, y cree que el crecimiento económico y recaudación fiscal son un juego de suma cero. Habría bastado con que leyera la propuesta que hicimos desde Evópoli en materia de impuestos el 2017, y que volvimos a empujar en 2021 con Ignacio Briones, para darse cuenta que proponemos un pacto tributario de largo plazo que entregue certeza jurídica, que genere más inversión, menos evasión, más super ricos, menos pobreza, equilibrio fiscal y más crecimiento económico. Todo eso es posible avanzando en un pacto tributario de largo aliento con equidad tributaria horizontal y vertical.

Matamala continua su réplica diciendo que “es curioso centrar el problema en grupos gremiales y omitir del análisis el poder económico detrás de industrias como la salud y las pensiones, que han financiado a políticos y usado su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses” y luego continúa: “no hay una sola palabra sobre la concentración del poder económico ni un modelo que regala rentas a grandes grupos en áreas como la minería o la pesca.”

Nuevamente el periodista recurre a una descalificación sin revisar las propuestas que hemos realizado desde Evópoli y Horizontal en esta materia. Desde el año 2014 venimos impulsando la agenda a favor de la libre competencia y en contra de la colusión, tanto en nuestro estudios como en el programa de gobierno del 2017 y 2021. Más aún, el 2016, como miembro de la comisión de economía de la Cámara de diputados, impulsamos y aprobamos junto al Ministro Céspedes el aumento de las multas y la pena de cárcel para quienes se coluden.

En las parte final de su réplica Matamala vuelve a interpelar sobre mi argumento central de que la desigualdad en la educación chilena “no es culpa de Friedman ni del subsidio a la demanda, sino del colegio de profesores y de los políticos”. El periodista pregunta: “¿En serio le vamos a echar la culpa de la falta de justicia en Chile al Colegio de Profesores?”

Para fundamentar su defensa al Colegio de Profesores, Matamala cita el reporte de la OCDE Education at a Glance 2019, y dice que la desigualdad en la educación se debe a que matricula en educación pública en Chile es baja, que los profesores en Chile tienen bajos sueldos, trabajan muchas horas, tienen muchos alumnos por sala, y que el gasto promedio por alumno es muy bajo. En este punto tiene razón el periodista, y su argumento solo refuerza la responsabilidad de los políticos en esta injusticia social, porque fue el Frente Amplio y la Nueva Mayoría y no Friedman, los que impusieron la gratuidad en la educación superior como primera prioridad nacional en lugar de invertir esos recursos en cada uno de los puntos que describe. Si los niños tuvieran capacidad de marchar y de protestar habríamos seguido la recomendación de la OCDE de aumentar el gasto por alumno en la educación escolar a 170 mil pesos al mes.

Sin embargo, para cumplir el desafío de una educación justa, una donde los colegios públicos sean de excelencia, el aumento de recursos es una condición necesaria pero no suficiente. Años atrás le pregunté a Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, cuál es la mayor reforma que requiere nuestro sistema público de educación y su respuesta fue contundente: empoderar a los directores de colegios. En la práctica esto significa entregarles flexibilidad en la contratación (y desvinculación) de sus equipos docentes. Nada de eso ha sido posible porque el Colegio de Profesores (que ahora piden suspender la evaluación docente por considerarla un factor de “estrés”) está más preocupado de defender corporativamente la inamovilidad de los profesores, aunque estén mal evaluados, antes que promover la calidad de educación de los niños.

La siguiente pregunta es ¿por qué el Colegio de Profesores ha tenido tanto poder? La respuesta nuevamente está en la política; la Nueva Mayoría y al Frente Amplio históricamente han preferido no tener de enemigo a este grupo de presión. Y como si esto fuera poco, además mataron los liceos de excelencia como el Instituto Nacional. En suma, vuelvo a insistir en la tesis central de este intercambio: la desigualdad en el sistema educacional de nuestro país “no es culpa Friedman ni del subsidio a la demanda, sino del Colegio de profesores y de los políticos”.

Espero que de cara al futuro, Daniel Matamala entienda que la modernización del estado es la reforma social más relevante que tenemos por delante, básicamente porque ningún derecho social se hace realidad en la vida cotidiana de las familias si el Estado no tiene la capacidad de entregarlo de forma oportuna.

Desgraciadamente eso no ocurre en la actualidad, porque el Estado es una agencia de empleo para los partidos políticos, y modernizarlo exige a los partidos renunciar a cuotas de poder, atarse las manos al mástil como Ulises. El Banco Central funciona bien justamente porque está protegido institucionalmente, y lo dirigen los mejores economistas de Chile. ¿Porqué no podemos aspirar a tener ese mismo nivel de excelencia en los servicios sociales? Estoy convencido de que más allá del debate sobre el pasado de nuestro país, en esta agenda de futuro podemos coincidir con Daniel y con todos quienes aspiramos a construir una sociedad más justa, libre e inclusiva. (La Tercera)

Felipe Kast