La Comisión de Normas Transitorias inició la votación de las propuestas que buscan generar la transición entre constituciones, en caso de que gane el Apruebo en septiembre.
En ese marco se aprobó el quórum de 2/3 para las reformas a la Carta Magna en el período legislativo actual y hasta 2026. La indicación logró 24 votos a favor y 5 en contra de los convencionales de RN, Evópoli y el Colectivo del Apruebo, y con ese resultado pasará al pleno, donde tendrá que ser ratificada precisamente por 2/3.
Otra de las propuestas aprobadas (24-2-1) establece que la Constitución entrará en vigencia dentro de los 10 días siguientes a su promulgación, y así quedará derogada la Carta Magna de 1980.
No obstante, todas las normativas dictadas antes que sean necesarias para la continuidad de la actividad del Estado, sus servicios y aseguramiento de los derechos fundamentales, mantendrán su vigencia mientras no sean expresamente derogadas, modificadas o sustituidas, o mientras no sean declaradas inconstitucional por la Corte Constitucional.
En tanto, los órganos del Estado tendrán que adecuar su normativa según lo establecido en la Carta Magna dentro de un plazo no superior a 5 años desde su entrada en vigencia.
NORMAS SOBRE LEGISLACIÓN ELECTORAL
También, por la misma votación, se visó que el Presidente deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral en un año desde entrada en vigencia la Constitución, y mientras no se promulgue la legislación, el Servel tendrá que implementar las reglas electorales sobre paridad y escaños reservados utilizadas en la elección de los convencionales constituyentes, para la elección del Congreso de Diputados y Diputadas.
Además, que los nombramientos relativos a los órganos creados por la Constitución que se realicen antes de la instalación del nuevo Poder Legislativo serán realizados por el Congreso Nacional en sesión conjunta.
En esa misma indicación se incluyó que las reglas de inhabilidades, incompatibilidades y límites a la reelección van a entrar el vigencia en el primer proceso eleccionario celebrado desde su aprobación. No obstante, las autoridades electas por votación popular que estén en ejercicio se van a regir por las reglas previas.
Finalmente, que el Presidente Gabriel Boric no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente, según lo aprobado.
En estas votaciones, los convencionales de la UDI no participaron pues argumentaron que el procedimiento en la comisión había sido «irregular» debido a la votación de una cantidad de normas transitorias que serían, a juicio de ellos, inadmisibles.
PERSPECTIVAS EN EL PLENO
Esta jornada, la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional comenzará a votar los artículos propuestos por los convencionales que, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de 4 de septiembre, definirán el paso de la actual a la nueva Constitución.
Una de las medidas más discutidas al interior de la Convención -y que generó mayor cuestionamiento en el Congreso, entre otras razones, porque transmiten que se puede perjudicar la opción del Apruebo- es una que busca establecer que la futura Carta Magna solo podrá ser modificada por el actual Congreso si es que reúne 2/3 de los votos de los legisladores en ejercicio.
En concreto, esta indicación, que fue propuesta en conjunto por todos los colectivos de izquierda de la Convención, plantea que “las normas de Reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”.
Pese a que fue firmada de forma transversal -a excepción de la derecha, que no participó de las reuniones previas a la presentación de las enmiendas-, tanto desde el Colectivo Socialista como de Independientes No Neutrales advierten que estas ideas no generan consenso al interior de sus respectivos grupos.
Entre ambos colectivos, suman un total de 29 convencionales. Sumados a los 37 de la derecha y los siete del Colectivo del Apruebo, exceden el tercio necesario para bloquear que una norma sea aprobada en el pleno. Por lo mismo, hoy las tratativas están enfocadas en estos sectores, que nuevamente actúan como la ‘bisagra’ para definir qué queda y qué no dentro del borrador de nueva Constitución.
Así, de acuerdo a información entregada por el Colectivo Socialista, seis convencionales (de 16) están en contra de instalar este quórum para las reformas constitucionales: Maximiliano Hurtado, Julio Álvarez, César Valenzuela, Patricio Fernández, Tomás Laibe y Andrés Cruz.
Cruz explicó que “nos parece que no es una buena indicación, creemos que se puede perfeccionar. Un grupo importante de convencionales no estamos con la perspectiva de formular una disposición pétrea que impida todo tipo de ajustes de la carta fundamental”.
En este sentido, Álvarez añadió que “no soy partidario de dos tercios. Lo veo muy alto y creo que todo es perfectible. Veo más razonable tres quintos o cuatro séptimos. No me parece una Constitución pétrea, pues nadie es infalible”.
En tanto, otros tres están a favor: Ramona Reyes, Carlos Calvo y Adriana Cancino. La primera de ellas indicó que “es importante que exista una modalidad en que la ciudadanía pueda cambiar y mejorar las cosas que no le parezca (…). Sin embargo, considero que el quórum simple es delicado, pensando en que no vamos a tener todavía el Congreso de Diputados ni la Cámara de las Regiones. Sí habría que dejar algún quórum especial, el de los dos tercios, para las modificaciones sustanciales con respecto a esta nueva Constitución”.
Por su parte, Cancino argumentó que “en una democracia, si queremos avanzar con claridad, debemos tener mayorías indiscutibles. Dos tercios es un quórum que requiere amplio consenso de todos los sectores de la sociedad”.
Por otro lado, se desconoce la postura de los convencionales Pedro Muñoz, Mario Vargas, Claudio Gómez, Matías Orellana y Trinidad Castillo. En el caso de Malucha Pinto, en tanto, aún no toma una postura, pues sostuvo que no lo ha conversado con el colectivo, pero aseguró que no es partidaria de “dejar abierta” a cambios la Constitución, sobre todo en lo referido a derechos sociales. Además, si bien no fijó una posición, Ricardo Montero sostuvo -en entrevista con Radio Duna- que los dos tercios dejan “una Constitución bastante pétrea por cuatro años”.
Según transmiten los No Neutrales, en tanto, quienes están en contra de la norma son Guillermo Namor, Lorena Céspedes, Tammy Pustilnick y Javier Fuchslocher.
Pustilnick sostuvo que “es de esperar que, en su primera etapa, la nueva Constitución necesitará algunos ajustes y no resulta razonable esperar hasta el próximo Congreso para que esto tenga lugar dado que muchas de esas reformas serán necesarias para hacer operativa la propia Constitución”.
En la misma línea, Namor afirmó que “llama la atención la inconsistencia, ya que ahora se busca establecer un quórum de dos tercios no para escribir, sino para reformar la nueva Constitución, es decir, aumentando el quórum de reforma de la misma Constitución de Guzmán”.
En tanto, Patricia Politzer, Helmuth Martínez, Benito Baranda, Juan José Martin y Carolina Sepúlveda están a favor, según cuentan desde el colectivo. “Quizás puede ser tres quintos, pero me parece adecuado un quórum alto para este período de transición en que ni siquiera se habrá instalado el nuevo sistema político”, dijo Politzer.
En el caso de Mauricio Daza, argumentó que no es partidario de que el actual Congreso pueda reformar la nueva Constitución, independiente del quórum. “Las normas sobre reforma constitucional están pensadas como un sistema para aplicarse a un orden institucional sustantivamente distinto al vigente”, manifestó Daza.
Hasta el momento, se desconoce la postura de los convencionales Gaspar Domínguez, Jorge Abarca y Paulina Valenzuela.
Desde quienes defienden la propuesta -principalmente el Frente Amplio y Chile Digno– apuntan a que, de no quedar establecido este quórum, se estaría creando un texto constitucional “flexible” que podría ser sometido a modificaciones como cualquier otra norma ordinaria. La derecha, por su parte, apuesta a levantar el tema comunicacionalmente para cuestionar al Colectivo Socialista e intentar ponerlo en jaque con sus propios parlamentarios. (La Tercera)
