Las denuncias cruzadas entre el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, y su subalterno, el persecutor Sergio Moya, han escalado hasta el punto de convertirse en una de las mayores crisis desde la creación del Ministerio Público.
Mientras Arias fue suspendido de su cargo, a Moya le quitaron sus principales investigaciones: la causa sobre la eventual corrupción de los jueces de Rancagua y la presunta malversación de fondos del Teatro de O’Higgins. Ambos casos fueron derivados a la Fiscalía Metropolitana Sur. Además, la investigación por abusos sexuales y encubrimientos cometidos por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, a cargo de Arias, fue derivada a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Las presuntas irregularidades y delitos ventilados por ambos fiscales salpicaron a toda la Fiscalía Regional de O’Higgins. Tanto así que el jueves el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidiera intervenir esa jurisdicción y ordenara una revisión exhaustiva de los procesos internos de esa repartición del Ministerio Público. Esto estará a cargo de la gerenta de la División de Contraloría Interna, Alicia Leroy.
Denuncias
El caso se destapó el pasado 19 de abril cuando Sergio Moya, en conversación con Radio Bío-Bío, acusó a Arias de cuatro delitos. Entre ellos, tráfico de influencias en la tramitación del caso Caval en favor de Herman Chadwick, sobrino del ministro del Interior, Andrés Chadwick; y posibles gestiones a favor del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, imputado por el caso del teatro rancagüino.
Esta primera denuncia impulsó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a designar al fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, para que encabece la investigación sumaria en contra de Arias, y al fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, a cargo de la arista penal.
Fue el propio Ayala quien solicitó la suspensión de Arias. Por su parte, Campos citó al suspendido persecutor para que prestara declaración, una diligencia que se extendió por dos días y duró en total cerca de 17 horas.
Sin embargo, para Arias esta diligencia se convirtió en una oportunidad para contraatacar a Moya. En el interrogatorio, el suspendido fiscal le entregó a Campos un presunto correo electrónico que daría cuenta de la cercanía entre Moya y el mayor (R) de Carabineros, Patricio Marín. El documento contiene una serie de consejos que el fiscal habría dado al uniformado en plena tramitación del caso Huracán, donde le indicaba que no era bueno que la PDI periciara los teléfonos celulares, pues llegarían a la conclusión de que los mensajes de WhatsApp no podían ser interceptados.
Este mismo mail fue enviado al fiscal de Aysén, Carlos Palma, quien está a cargo de la investigación por la presunta implantación de evidencias en esa fallida operación. Los nuevos antecedentes hicieron que el persecutor ordenara el allanamiento de la casa y oficina de Moya, hoy en calidad de imputado.
Con todo, Moya tiene dos sumarios en su contra. Uno está a cargo del fiscal adjunto jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso. El otro lo lleva el persecutor Mauricio Maturana, a raíz de la denuncia que Arias presentó contra Moya.
El último capítulo de esta trama ocurrió este viernes, cuando el abogado de Arias, José Luis Andrés, aseguró al diario La Segunda que Moya relató a Arias que desde la Fiscalía Nacional se limitaron las preguntas que se hicieron en el interrogatorio a la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco del caso Caval.
No obstante, La Tercera accedió a una serie de correos electrónicos entre Moya y la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
En los mensajes, con fecha 9 de mayo de 2016, Herrera solicitó al persecutor incluir una nueva pregunta a la lista y luego acuerdan quién entregará el documento en La Moneda. Estos correos no dan cuenta de que se haya limitado el cuestionario.
Al respecto, Andrés dijo que no podía opinar sobre evidencia que no conoce. “Es algo que deberá ser investigado y consultado a los destinatarios”, dijo.
La Tercera/Agencias
