Un revulsivo vive por estas últimas semanas el caso Democracia Viva, en el que se indaga los convenios suscritos en 2022 entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones.
A mediados de enero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinó ampliar su querella criminal contra la diputada Catalina Pérez por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco.
En ese sentido, según consignó La Tercera, la acción judicial apunta a que la ex RD «cooperó para con su pareja (Daniel Andrade), para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez (exseremi de Vivienda)y la Sra. Paz Fuica Contreras que, en primer lugar, incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de $426.000.000 mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos».
La querella también apunta a que la congresista intervino «para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas previamente descritas y que, además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo».
La querella del organismo también señala que «las acciones desplegadas, omisiones y faltas a la verdad y la probidad desplegadas por la querellada Catalina Pérez se situaron en distintos momentos de los hechos denunciados».
«Al inicio, en la inclusión de Democracia Viva para ser considerada como receptora de los fondos del PAP, en su aseguramiento de los recursos mediante la suscripción de los convenios por su pareja y, asimismo, en todo el tiempo que transcurrió desde la suscripción de los convenios, esto es, durante la fase de ejecución, hasta antes de su término anticipado», agregó.
Según la acción judicial, Pérez «no solo acompañó a su pareja a retirar el documento, sino que conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues, cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron solo generalidades de las fundaciones».
De acuerdo con lo informado por Ex-ante, en la querella también se señala que «todas las directrices que instruyó, así como la coordinación con los imputados Contreras y Andrade, confirman su colaboración en todas las etapas relacionadas con los convenios motivada por el constante deseo de posicionar y establecer a su pareja».
Por lo mismo, la congresista «jamás se habría asegurado la inclusión de la fundación como receptora de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios (…), pues no constaba con ningún mérito para ser considerada dentro del programa, ni con requisitos mínimos para operar, ni tampoco contaba con dicha preparación ni experiencia su representante Daniel Andrade».
El próximo 10 de febrero la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidirá el desafuero de la diputada Catalina Pérez.(Emol)
