Un 28% aumentaron los secuestros en la región Metropolitana. Se acercan rápidamente a los homicidios y más temprano que tarde la mitad de los casos del equipo ECOH corresponderán a secuestros. Más que alarmarnos el incremento de éstos, debiese preocuparnos el hecho de que se da en un contexto donde el indicador de homicidios disminuye.

¿Por qué la preocupación? Porque cuando hablamos de crimen organizado, la baja en muertes violentas la mayoría de las veces significa la consolidación del grupo criminal en el territorio y el avance a una etapa siguiente, donde aparecen los secuestros y las extorsiones. Delitos que ya son parte del menú criminal chileno.

Desde el gobierno se celebró esa baja en homicidios, pero no se hizo el doble click necesario para comprenderla. Sobre todo, si ya hablamos de secuestros y extorsiones en otras regiones del país, los que debiese presionar a los tomadores de decisión a abordar el problema de seguridad desde el fondo y no la forma.

En la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública se ha insistido en que además del rol articulador, éste desarrollará políticas públicas basadas en evidencia, sin embargo, para ello, necesitan comprender la amenaza y cómo se comporta, sólo así, se habría asociado la baja en los homicidios a un avance en el control territorial y se habrían diseñado acciones para enfrentar lo que viene después, es decir, los secuestros y extorsiones.

Hoy, ambos delitos están impactando directamente el desarrollo de Chile. Las extorsiones en barrios comerciales han cambiado la cara de los locales de barrio y los secuestros a los conductores de camiones le han sumado una barrera más al negocio.

La criminalidad compleja no sólo está afectando al Estado. Sin duda que éste es el que recibe el mayor daño, sobre todo cuando la corrupción se instala en sus instituciones. Pero, no es posible olvidar que se está transformando en una de las mayores barreras para el desarrollo de la inversión y el negocio.

Los actores públicos y privados sufren con la delincuencia, la diferencia, el llamado a entregar seguridad es del Estado y no de los privados. El problema, es que existen en Chile rubros donde la competencia proviene del mundo ilícito y uno de los principales impactos que se evidencia es el cierre de empresas contribuyendo al desempleo, otros, no cierran, pero se llevan todas sus inversiones fuera limitando el crecimiento que pudiera generarse si se contara con ellas.

El llamado, es a mirar los indicadores en profundidad, ver más allá del número y no celebrar antes de tiempo los buenos resultados. También hay que hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que se logren acuerdos transversales o al menos definir mínimos comunes. En este caso, los alcaldes llevan la delantera, son capaces de identificar los puntos en donde hay acuerdo para avanzar en respuestas concretas.

Finalmente, el llamado es a que todos los sectores, o la gran mayoría de ellos, se sienten a la mesa con un sólo objetivo: identificar esos espacios de diálogo y avanzar desde ahí en soluciones que permitan diseñar acciones con las herramientas disponibles, mientras se construyen las capacidades que faltan. (El Líbero)

Pilar Lizana