Un adagio diplomático sugiere que el prestigio de un país se puede medir por el respeto que inspira entre sus vecinos. Al respecto ¿cuánto respeta Bolivia a Chile?
La detención de seis funcionarios del Ejército destacados en la frontera con ese país (por su implicación en el tráfico de grandes volúmenes de droga) es un hecho diagnóstico que hace todavía más evidente que, en esa región, Chile tiene un gravísimo problema.
El contexto es, por supuesto, aquel de la probada porosidad de nuestra frontera norte, a través de la cual ya ingresaron cientos de miles de inmigrantes ilegales, y en la que -todo indica- campea el crimen organizado.
No es necesario ser propenso a las teorías conspirativas para preguntarse por qué, mientras que las reuniones y los comunicados de buenas costumbres con autoridades bolivianas se suceden, el narcotráfico, otras “especialidades” del crimen organizado, el contrabando de automóviles chilenos robados y la inmigración ilegal, están lejos de ser ser mensuradas en toda su magnitud.
Si esto “no es tan así”, entonces ¿qué significa que seis suboficiales de -nada menos- el Ejército, estén siendo procesados en calidad de “partes” de una organización criminal internacional?
Esto ocurre mientras que, en la relación bilateral con Bolivia, “lo nuevo” lo constituye la decisión la Cancillería de Gabriel Boric de aceptar el pedido boliviano para que los Pasos de Chacalluta y Colchane operen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ni siquiera en la Patagonia o en la Tierra del Fuego, en donde el contrabando y el crimen organizado son, comparativamente, amenazas “muy menores”, los pasos con Argentina funcionan “24/7”.
Diversas voces del norte, incluidos las de algunos parlamentarios han, reiteradamente, alertado de los peligros que, para el conjunto de los chilenos, per se implican las actividades ilegales que se originan en territorio boliviano. Otras voces expertas han alertado que tales actividades comienzan a consolidar a los puertos chilenos como verdaderas plataformas de exportación de droga boliviana “al resto del mundo”.
Parecería que el Gobierno se niega a reconocer que la propia Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ya identificó a nuestros pasos fronterizos, carreteras y puertos como principales arterias de salida de la droga boliviana y, a la vez, como vías para el ingreso a Bolivia de “precursores” para la producción de otras drogas “más modernas”.
¿Por qué, lejos de disminuir, este problema parece estar fuera de control?
¿Cuántos otros funcionarios del Estado ya participan de actividades ilegales que se originan o terminan en Bolivia?
¿Qué tan asentado está en nuestras instituciones el crimen transnacional organizado?
¿Quiénes se benefician de una política bilateral con Bolivia que, con el trasfondo de un “apaciguamiento diplomático” zonzo (cuyos defensores son caprichosamente autorreferenciales), están terminando por cambiar el perfil geopolítico del norte chileno?
¿De cuánto tiempo más disponemos para que nuestra condición de plataforma al servicio del crimen transnacional y el narcotráfico boliviano comience a condicionar el normal desarrollo de nuestro comercio exterior?
¿Qué hacer?
Un escenario pre-eleccionario es el momento preciso para que quienes -a partir de marzo de 2026- se proponen dirigir los destinos de Chile, se expresen sobre estas delicadísimas materias.
No es arriesgado suponer que la mayoría de los ciudadanos quieren saber qué piensan, (y qué proponen) los candidatos.
¿Están estos dispuestos a reconocer que, por su condición de principal productor mundial de droga, el narcotráfico boliviano es “una amenaza mayor” para Chile?
¿Cómo están afectando estas amenazas la seguridad y el buen vivir de nuestras comunidades nortinas, especialmente las del Altiplano?
Asimismo ¿están dispuestos a considerar que la vocación anti-chilena de Bolivia puede estar usando la inmigración ilegal masiva y el crimen organizado para debilitar -en el corto y mediano plazo- a nuestras instituciones? ¿Necesitamos que comiencen los asesinatos de periodistas, jueces, fiscales, policías y políticos para convencernos de que este es un problema grave y en full crecimiento?
Dicho esto. ¿Están los candidatos en condición de -sin afectar la implementación del Tratado de 1904- considerar un golpe de timón en relación bilateral con Bolivia y, a la vez, asegurar que el nuevo gobierno hará una revisión exhaustiva del impacto que el crimen organizado puede estar produciendo sobre nuestras propias instituciones?
Así también, ¿estarían los o las potenciales Presidentes dispuestos a considerar agregar a Chile al grupo de países que comienza a retirarse de la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonales, para desplegar -cuanto antes y en sitios específicos- un elemento disuasivo para la inmigración ilegal y el crimen organizado, y devolver “algo de normalidad” al norte del país?
Si no lo están ¿qué otras medidas concretas y verificables proponen? (Bio Bio)
Jorge G. Guzmán
